Jornada 40 horas: Sindicatos buscan acuerdo para reforma gradual en 2025

Sindicatos mexicanos buscan un frente común para la reforma de la jornada laboral a 40 horas en 2025. Análisis del impacto social y económico.
Jornada 40 horas: Sindicatos buscan acuerdo para reforma gradual en 2025

La presión para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en México se intensifica. Las principales centrales obreras del país buscan un frente común para impulsar una reforma que priorice el bienestar familiar sin afectar la productividad. ¿Será posible encontrar un equilibrio entre las demandas laborales y las necesidades de las empresas?

Sindicatos impulsan jornada laboral de 40 horas

Representantes de la UNT, CTM, CROC, CROM y CTC, agrupados en la Asociación General de las y los Trabajadores (AGT), han coincidido en la necesidad de una reforma laboral que establezca la jornada de 40 horas semanales. Enfatizan que la prioridad debe ser el bienestar familiar y la reorganización del tiempo laboral.

  •  Bienestar familiar: El argumento central es que los trabajadores necesitan más tiempo para dedicar a sus familias.
  •  Reorganización del tiempo laboral: Se busca una distribución más eficiente de las horas de trabajo.

Sin embargo, los sindicatos también reconocen la importancia de cuidar los ritmos de implementación para no afectar a sectores productivos con distintas capacidades operativas.

Francisco Hernández Juárez, dirigente del STRM, señaló que el movimiento obrero está en fase de consenso interno. “Las 40 horas se van a legislar. Lo que corresponde ahora es ponernos de acuerdo entre nosotros para llegar con una sola propuesta y con condiciones claras”, afirmó.

Propuesta unificada y gradual

Las centrales obreras trabajarán en una postura unificada antes de que inicie la discusión legislativa formal en el Congreso durante noviembre. Insisten en que la reforma debe aplicarse de manera gradual, sin reducción salarial y garantizando el respeto pleno de prestaciones.

Aspectos prioritarios de la reforma

  •  Sin reducción salarial: Los trabajadores deben mantener su salario íntegro a pesar de la reducción de la jornada.
  •  Respeto a prestaciones: Se deben garantizar todas las prestaciones laborales existentes.
  •  Aplicación gradual: Se propone una transición de máximo dos años, tomando en cuenta la capacidad operativa de cada sector.
  •  Blindaje constitucional: Se busca evitar que la reducción quede sujeta a reglamentos posteriores o flexibilización discrecional.
  •  Mecanismos diferenciados: Inclusión de mecanismos para los 18 millones de trabajadores sin contrato colectivo.
  •  Revisión fiscal: Revisión del régimen fiscal de horas extra y prestaciones, a fin de que no se vuelva incosteable para las empresas ni desincentive la formalidad.
  •  Comités de productividad: Obligatoriedad de comités de productividad en los contratos colectivos, ligados a la compensación y desempeño.

Impacto social y económico

Desde la CROC se insistió en el carácter social de la medida: “Los trabajadores necesitan tiempo para su familia; hoy pasan hasta cuatro horas en transporte diario, 52 días al año que podrían destinar a sus hijos”, destacó Isaías González.

La CROM, por su parte, advirtió que sin ajustes fiscales la reforma no podrá aplicarse de manera homogénea. En nombre de la CTC, se planteó que la reducción no puede verse aislada del marco productivo y de capacitación.

La representación del Monte de Piedad subrayó que la reforma tiene también finalidad social: “La convivencia familiar es la mejor herramienta formativa; ninguna política pública sustituye la presencia de los padres”.

Las organizaciones confirmaron que antes de noviembre trabajarán un documento unificado para presentarlo al Congreso. “Si no vamos unificados, no habrá buenos resultados”, remarcaron, al precisar que la negociación legislativa será el espacio donde se definirá la viabilidad jurídica y operativa del nuevo modelo.

La implementación de la jornada de 40 horas representa un desafío complejo que requiere un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados. ¿Podrán sindicatos, empresas y gobierno llegar a un acuerdo que beneficie a todos los mexicanos?

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