El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, formalizó una exigencia legislativa para destituir al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras cuestionar la falta de congruencia de Morena frente al retorno del mandatario estatal y el deterioro de la seguridad pública.
La fractura interna en Morena ante el retorno de Rocha Moya
La cúpula de Acción Nacional capitaliza el descontento político generado por la reincorporación de Rubén Rocha Moya al ejercicio del poder en Sinaloa.
El líder panista, Jorge Romero, expresó su extrañeza ante la supuesta molestia que el regreso del gobernador ha suscitado entre actores clave del oficialismo, incluyendo a la dirigencia nacional y otros mandatarios morenistas. Romero calificó de retórica vacía los discursos institucionales que priorizan los intereses del país, señalando que la falta de medidas punitivas contra Rocha Moya invalida cualquier postura crítica emitida desde el partido gobernante.
Ruta legislativa para la desaparición de poderes en Sinaloa
El PAN condiciona la indignación declarada por Morena a la aprobación de un proceso formal de remoción administrativa en el Congreso.
La propuesta institucional del PAN se sustenta en dos pilares jurídicos:
- Juicio político: Solicitud formal presentada contra el titular del ejecutivo estatal por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
- Desaparición de poderes: Iniciativa para declarar la ingobernabilidad en Sinaloa, fundamentada en la crisis de seguridad persistente y el quiebre del orden institucional.
Esta solicitud, presentada inicialmente el 11 de mayo, se mantiene como el eje de la confrontación política frente a los señalamientos internacionales que pesan sobre la administración estatal.
El peso de las acusaciones internacionales en el juicio político
La ofensiva de Acción Nacional se ampara en los vínculos documentados entre la estructura gubernamental sinaloense y el crimen organizado.
El sustento técnico de la petición panista deriva de las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos. Estos señalamientos involucran no solo a Rubén Rocha Moya, sino a una red compuesta por nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración, quienes presuntamente mantendrían lazos operativos con redes de narcotráfico. Según Romero, el silencio o la inacción de Morena ante esta evidencia constituye una complicidad que obliga al Legislativo a intervenir mediante la desaparición de poderes.
