El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha perdido su batalla legal para obtener la liberación anticipada, a pesar de estar a pocos meses de cumplir su condena. Una jueza federal determinó que el exmandatario no cumplió con los requisitos de ley, obligándolo a permanecer recluido los cinco meses restantes. La decisión judicial reaviva el debate sobre el destino de Duarte y los procesos pendientes.
El dictamen de la jueza Ángela Zamorano Herrera
La jueza federal Ángela Zamorano Herrera rechazó la solicitud de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, de obtener la libertad anticipada, un beneficio que le habría permitido salir de prisión cinco meses antes de concluir su pena de nueve años. Tras una audiencia que se extendió por una hora y quince minutos en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, la jueza emitió su decisión el viernes 21 de noviembre de 2025.
Duarte de Ochoa fue sentenciado a una pena de nueve años (equivalentes a 3 mil 285 días) por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Dado que su aprehensión ocurrió en noviembre de 2017, la negativa implica que deberá permanecer en prisión al menos hasta abril de 2026, cumpliendo los 142 días que le restan de condena.
Incumplimiento de requisitos de la ley de ejecución penal
La resolución de la jueza Zamorano se basó en el incumplimiento de dos de los seis requisitos que establece el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La jueza de control resolvió que la solicitud de libertad anticipada resultó infundada, pues Duarte de Ochoa incumplió con dos puntos cruciales:
- No acreditar un programa de actividades completo.
- Contar con un proceso penal pendiente que amerita prisión preventiva.
La sombra del delito de desaparición forzada
El obstáculo principal que impidió la liberación anticipada del exgobernador fue el proceso penal abierto en su contra por el delito de desaparición forzada.
Este caso se relaciona específicamente con la presunta comisión del delito en contra del policía estatal David Lara Cruz, hecho registrado en enero de 2016.
La jueza indicó que no importa la modalidad por la que Duarte está vinculado a proceso de desaparición forzada, que fue por obstaculizar una investigación, pues este delito amerita prisión preventiva oficiosa, lo que automáticamente impide darle el beneficio de libertad anticipada.
Aunque la defensa de Duarte consiguió una resolución que cancela dicho proceso (sobreseimiento), la jueza explicó que este no se encuentra firme:
> “No colma este requisito, pues el sobreseimiento no se encuentra firme debido a que la Fiscalía de Veracruz hizo una apelación”, apuntó.
La jueza argumentó que la existencia de este proceso penal pendiente es uno de los requisitos más importantes de la ley.
Sin pruebas de readaptación social
El segundo punto de incumplimiento se centró en la ausencia de documentación probatoria sobre su readaptación social, un requisito explícito en la ley para la excarcelación.
Duarte no acreditó haber cumplido con el plan de actividades del Reclusorio Norte, el cual consiste en acciones culturales, recreativas, educativas y deportivas.
La jueza resolvió que:
> “La defensa no aportó medio de prueba que acredite que todas y cada una de las actividades deportivas, culturales y educativas se cumplieron, no se contó con medio de prueba alguna”.
Y concluyó que: “Al no reunirse a cabalidad los requisitos es que resulta infundada la solicitud de libertad anticipada”.
La defensa de Duarte insiste y anuncia apelación
Al finalizar la audiencia en la Ciudad de México, el abogado Pablo Campuzano, defensa del exgobernador, reafirmó su postura. Insistió en que el caso por desaparición forzada ya había sido cancelado previamente porque uno de los testigos fue torturado.
En entrevista, el defensor anunció inmediatamente que apelará la resolución emitida por la jueza Ángela Zamorano Herrera.
Campuzano comentó que, aunque la decisión no era la esperada por él ni por su cliente, la acatan y respetan. El abogado señaló que su cliente, Javier Duarte, al término de la diligencia, «No hizo ningún comentario, naturalmente no es la resolución que esperábamos, ni él ni nosotros como defensa, pero insisto, es algo que acatamos y respetamos». Campuzano adelantó que, de no obtener la libertad anticipada, replantearán la estrategia jurídica.
Contexto de la condena
Javier Duarte de Ochoa, quien fuera gobernador de Veracruz, permanece recluido por delitos relacionados con corrupción, cumpliendo la pena por la que fue condenado en 2018. Su permanencia en el Reclusorio Norte hasta 2026 marca un nuevo capítulo en el destino legal del polémico exgobernador.
La insistencia de la Fiscalía de Veracruz en mantener viva la causa penal por desaparición forzada, a pesar de los argumentos de la defensa sobre la cancelación del proceso, revela las complejas batallas jurídicas que rodean al exgobernador. ¿Es esta una estrategia de las autoridades para garantizar que Duarte cumpla hasta el último día de su pena, o existen suficientes elementos para sostener que los requisitos de readaptación y ausencia de procesos pendientes fueron incumplidos de manera legítima? El recurso de apelación de Campuzano abrirá una nueva fase de análisis sobre la aplicación de la Ley de Ejecución Penal en casos de alto impacto político.
