La oligarquía hotelera volvió a imponerse en Quintana Roo, pero esta vez a la izquierda.
Con gobiernos del PRI y del PRIAN, las cadenas hoteleras estaban como en casa y tenían siempre la última palabra. Se esperaba que con la llegada de la izquierda las cosas se transformaran, sobre todo por los contrastantes resultados de 50 años de un persistente, casi necio, modelo turístico, que seguía manteniendo la desigualdad y el rezago social.
Para el presupuesto de 2026, se insistió en que los hoteleros se aplicaran un poco más en contribuir para Quintana Roo. Se propuso que los centros de hospedaje cobraran el Visitax y se dejara de estar cazando turistas -en lugares como el aeropuerto– para que paguen este derecho.
La expectativa era recaudar al menos 2.5 mil millones de pesos adicionales con la “ayuda de hoteleros”.
Se pretendió que los hoteleros fungieran como retenedores, se habló de justicia fiscal y de que “nadie está por encima del interés público”… y a la hora buena, la izquierda cambió de opinión.
El resultado fue claro: se cayó el esquema, se redujo el presupuesto y el mensaje quedó intacto.
En Quintana Roo, el poder económico turístico sigue marcando la cancha. No discute con el gobierno: tiene la última palabra, sin importar si el color en Palacio es rojo, azul o guinda.
El cuatroteísmo caribeño se corrió un poco más a la derecha, otra vez. Cada vez menos izquierda y más continuidad.
Operación política
Pero también aplica la pregunta: ¿Dónde está la operación política?
La negativa de los hoteleros de cobrar el Visitax se suma a otros asuntos que han pasado por el Congreso y que no se pueden implementar. Ahí sigue la Ley Chaleco en el limbo y está en espera la reforma a movilidad, que se empezaría a aplicar el 1 de diciembre de 2025.
Hay complicaciones de forma y de fondo.
Es decir, se requiere más política.
