En un movimiento sin precedentes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), bajo la dirección de Martí Batres, ha anunciado su intención de desafiar una reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta controvertida decisión, que declara irrevisables los juicios fraudulentos, ha sido calificada como una «licencia de impunidad» y un peligro para las arcas públicas.
Contexto de la polémica decisión judicial
La vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación se despidió con una jurisprudencia que, según Martí Batres, exhibe claramente sus prioridades. El 8 de agosto del presente año, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación la Tesis P./J.14/2025. Esta tesis establece una medida de gran controversia: la no revisión de los juicios fraudulentos.
La «licencia de impunidad» según Martí Batres
El titular del Issste, Martí Batres, no dudó en señalar la gravedad de esta determinación. En su declaración pública, Batres afirmó que la jurisprudencia contiene una «licencia de impunidad». Agregó que la medida es:
- Éticamente inadmisible.
- Jurídicamente inconvencional.
- Contraria a un estado constitucional de derecho.
Además, el funcionario alertó sobre la implicación directa de esta decisión, al considerarla «un medio para proteger medidas de saqueo a instituciones públicas como la nuestra», refiriéndose explícitamente al Issste.
El ISSSTE emprende una defensa jurídica
Frente a lo que considera una amenaza directa a las finanzas públicas y un precedente judicial peligroso, el Issste ha tomado una postura firme. Martí Batres ha confirmado que desde la institución que preside, solicitarán formalmente la interrupción de dicha jurisprudencia. Esta acción subraya el compromiso del Issste con la protección del patrimonio público y la rendición de cuentas, en un momento donde la transparencia y la legalidad son demandas constantes en el país.
Este pulso entre el poder judicial y una institución clave como el Issste subraya la tensión existente en la esfera pública y plantea una pregunta crucial: ¿hasta qué punto se permitirá que decisiones judiciales, cuestionadas por su ética y legalidad, puedan comprometer la integridad de las instituciones y la confianza ciudadana?
