La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto en evidencia un presunto daño a la Tesorería por 272.4 millones de pesos, detectado en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante el periodo en que fue encabezado por Norma Piña Hernández. Estas graves irregularidades del CJF bajo Norma Piña, reveladas en el análisis de la Cuenta Pública 2024, marcan un cierre polémico para el extinto organismo.
Boquete financiero en la judicatura federal
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en su penúltimo año de funciones y cuando era presidido por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incumplió la ley en materia de contrataciones públicas. Una revisión forense exhaustiva determinó que el organismo judicial incurrió en un probable daño a la Tesorería por un total de 272.4 millones de pesos.
La ASF, en el informe incluido en la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, concluyó que el organismo realizó pagos millonarios a diversos proveedores. Estos desembolsos se ejecutaron sin la documentación necesaria que pudiera acreditar de forma fehaciente la prestación de los servicios correspondientes.
A raíz de estas y otras anomalías detectadas, la Auditoría Superior de la Federación inició un total de 11 procedimientos específicos para investigar, determinar responsabilidades y sancionar a los funcionarios implicados.
Pagos sin justificación y violación de leyes
El monto pendiente por aclarar determinado por la ASF asciende exactamente a 272 millones 437 mil 450 pesos. La fiscalización reveló que el extinto CJF realizó pagos a proveedores por servicios que no fueron justificados debidamente:
- 21.4 millones de pesos: Correspondientes a servicios de seguridad y vigilancia de sus inmuebles, sin la acreditación documental pertinente.
- 49.4 millones de pesos: Destinados a trabajos de mantenimiento y limpieza, de los cuales no se justificó la realización.
- 201 millones de pesos: Por servicios de alta especialización, incluyendo tecnología, impresión, digitalización y soporte especializado, sin contar con la documentación comprobatoria requerida por la ley.
Además de los montos señalados, el órgano que tenía a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal (PJF) mostró deficiencias en el control financiero al no hacer efectiva una póliza de fianza que ascendía a 431 mil pesos. Este monto se derivó de la suspensión del servicio de comedor en sus instalaciones de Toluca, provocado por el proveedor durante dos meses.
Incumplimiento de la normatividad
La ASF precisó que el CJF comprobó violaciones a distintas normas federales, destacando el incumplimiento de los requisitos de comprobación del ejercicio presupuestal. Entre las leyes transgredidas se encuentran:
- La Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- El reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La conclusión de la ASF señala que, si bien el CJF había emprendido acciones para intentar fortalecer su sistema de control interno, estas no fueron suficientes para garantizar el cumplimiento cabal de sus objetivos ni la observancia de la ley, lo que vulnera directamente los principios fundamentales de transparencia, control y rendición de cuentas.
Contexto de la auditoría tras la reforma judicial
Es relevante destacar que esta auditoría forense fue realizada tras la desaparición oficial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo que se extinguió como consecuencia directa de la reciente reforma judicial. Como parte de esta restructura institucional, las funciones administrativas, de vigilancia y la infraestructura del CJF fueron transferidas al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, transfiriendo con ello los expedientes y responsabilidades encontradas.
Otros puntos en la agenda política nacional
En la esfera de la política nacional, otros temas también ocuparon la atención. La ASF detectó posibles irregularidades que suman 5 mil 100 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, además de que Emilio Barriga, quien se desempeñaba como Auditor especial, renunció al cargo con el objetivo de competir por la titularidad de la ASF.
Por otra parte, la mandataria Claudia Sheinbaum presentó su libro *Diario de una transición histórica*, cuya portada incluye una fotografía de ella junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum se refirió también a sus adversarios, señalando que existe «mucha hipocresía en los adversarios del conservadurismo», haciendo alusión a la fotografía en la que se observa a Gustavo Madero, exsenador panista, recibiendo su pensión del bienestar. Finalmente, se registró en Culiacán la detención de 18 integrantes de células delictivas del Cártel de Sinaloa tras un enfrentamiento, asegurándose precursores químicos para elaborar droga por un valor estimado de 281 millones de pesos.
El hallazgo de un boquete financiero de tal magnitud en una institución clave para la vigilancia del Poder Judicial plantea serios cuestionamientos sobre la eficacia de los controles internos en las estructuras de alto nivel. ¿Será posible que el Tribunal de Disciplina Judicial logre revertir la inercia de opacidad que caracterizó al CJF en sus últimos años de operación?
