El Fiscal Raciel López habría estado muy ocupado este jueves, frente a la amplia investigación de Estados Unidos sobre una red mundial de trata que implica a Cancún.
La mañana del jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en la sanción contra una red criminal, que implica directamente a Cancún, identificada como Bhardwaj, acusada de traficar migrantes y mujeres desde distintos países hacia territorio estadounidense.
Según informó CNN, la designación se hizo pública desde Washington, D.C., con base en una investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que catalogó a Bhardwaj como una organización criminal transnacional.
El Tesoro estadounidense detalló que la red ha movilizado a miles de migrantes indocumentados procedentes de Europa, Medio Oriente, Asia y Sudamérica, combinando rutas aéreas y marítimas hasta llegar a México, donde los alojaba en hoteles y hostales antes de trasladarlos a la frontera norte, principalmente a través del corredor Cancún–Tapachula–Mexicali.
El mismo reporte indica que Estados Unidos sancionó al presunto líder del grupo, Vinrant Bhardwaj, junto con tres socios y 16 empresas ubicadas en México, India y Emiratos Árabes Unidos, vinculadas a sectores como bienes raíces, construcción y hospedaje, presuntamente utilizadas para lavar dinero y facilitar operaciones de trata.
CNN subrayó que intentó contactar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo para conocer su postura y confirmar si había participado en las investigaciones, pero no obtuvo respuesta.
La contestación llegó casi catorce horas después, ya en la noche del mismo jueves, cuando la FGE emitió su Comunicado 376/2025-FDN a las 23:51 horas, en el que afirmó que “desde hace varios meses” el caso se investiga “de manera conjunta entre autoridades del Gobierno de México, del Gobierno de los Estados Unidos y del Gobierno del Estado de Quintana Roo”.
El comunicado, de apenas dos párrafos, no detalla ninguna acción concreta ni resultados, pero sí subraya que “las distintas instituciones de ambos países y del ámbito estatal mantienen una estrecha coordinación en las indagatorias”.
Esa frase —tan repetida como poco rotunda— forma parte del repertorio habitual de la FGE, que en los últimos meses ha presumido “golpes contra la trata” casi cada semana: cateos en bares, prostíbulos o casas de citas donde dice rescatar a cuantas mujeres, en su mayoría extranjeras, sin que los casos deriven en redes desmanteladas ni sentencias relevantes.
Y lo peor: las propias víctimas han denunciado abusos durante los operativos.
Si bien las comparaciones son odiosas, Raciel López Salazar tampoco ha marcado una diferencia notable con su antecesor, Óscar Montes de Oca. Aunque el exdiputado federal del PVEM ha añadido algo más a la ecuación: el uso político de la Fiscalía para hostigar adversarios.
Otro choque de realidad en el desempeño del chiapaneco —que, a su vez, colocó gente de su confianza en las corporaciones municipales de Tulum, Playa del Carmen y Cancún— es que la percepción de inseguridad en el principal polo turístico, donde se concentra más de la mitad de la población del estado, sigue entre las más altas del país.
Según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, 78.9 % de los cancunenses considera inseguro vivir en su ciudad.
Hasta ahora, lo que más ha llamado la atención de la gestión del fiscal López es que el Congreso de Quintana Roo, dominado por las fuerzas de la 4T, determinó el 28 de septiembre de 2023 confirmarlo para un periodo de nueve años (2023–2032).
En teoría, su mandato concluiría hasta 2032, salvo que renuncie, sea removido por causa grave o se reforme la ley orgánica de la Fiscalía.
En tanto, frente a un evento delictivo de dimensión mundial que involucra a Cancún, la FGE solo atinó a reaccionar tarde y de manera ambigua.
Y, sobre todo, no queda nada claro en qué consiste su supuesta “colaboración”.
