Redacción/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El Gran Consejo Supremo Maya, con el que Grupo Xcaret intentó un arreglo económico para explotar símbolos asociados a la cultura maya es una estructura creada desde el poder estatal y no como una representación auténtica de la organización tradicional de los pueblos mayas macehuales, señaló la investigadora Hilda Landrove Torres.
En el artículo “Los conflictos del Gran Consejo Maya: Dinámicas de la relación entre los mayas macehuales y el Estado de Quintana Roo”, publicado en 2021, la investigadora Hilda Landrove Torres sostiene que esta figura constituye una “institucionalidad apócrifa”, al precisar que el actual Gran Consejo fue institucionalizado en 1998 por el Estado quintanarroense, pero tiene como antecedente directo al antiguo Consejo Supremo Maya, creado en 1975 “de manera espuria” por un representante gubernamental, sin consulta a las comunidades y como mecanismo para concentrar una interlocución políticamente administrable frente al mundo indígena.
La autora explica que esa estructura no nace de la organización histórica de los mayas macehuales o cruzo’ob, sino de una lógica estatal que buscó reproducir una supraorganización inexistente dentro de los centros ceremoniales, bajo una legislación que formalmente reconocía derechos indígenas pero que, en la práctica, mantenía un esquema de control institucional.
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De acuerdo con el estudio, los cinco centros ceremoniales —Tixcacal Guardia, Chancá Veracruz, Chumpón, Tulum y Cruz Parlante— conservan autonomía entre sí y no reconocen una autoridad superior con capacidad de decisión sobre todos. Bajo esa lógica, ningún general puede dar órdenes a otro, por lo que la existencia de un órgano rector como el Gran Consejo carece de sustento dentro de la estructura tradicional macehual.
Landrove señala además que esta institucionalización abrió espacio a prácticas de paternalismo y clientelismo político, donde el Estado administra quién representa lo maya y bajo qué términos. Incluso advierte que el uso del apellido “maya” en organismos como Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, el Congreso Maya o el propio Gran Consejo responde más a una apropiación política de esa identidad que a un protagonismo real de las comunidades.
El texto también documenta que el Gran Consejo ha sido fuente constante de conflicto interno. Uno de los casos centrales fue la destitución de José Isabel Sulub Cimá como presidente del órgano en 2019, en medio de acusaciones de intervención política, disputas por compensaciones económicas y señalamientos de injerencia institucional en decisiones internas de los dignatarios mayas.
15 millones
Durante la discusión del caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salió a relucir que Grupo Xcaret firmó con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo un convenio por 15 millones de pesos, con vigencia de cinco años, como contraprestación por el uso y aprovechamiento de elementos del patrimonio cultural maya en publicidad, espectáculos y productos vinculados a su operación turística.
Ese dato fue expuesto en el Pleno por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien sostuvo que dicho contrato era uno de los argumentos jurídicos de la empresa para defender la apariencia de legalidad de ese uso; sin embargo, el acuerdo quedó bajo cuestionamiento porque el órgano firmante carece de reconocimiento pleno como representación legítima de todas las comunidades mayas, además de que el contenido del convenio no ha sido transparentado públicamente ni a los propios centros ceremoniales.
