Redacción
PUERTO MORELOS.- Autoridades del Gobierno de México, del Gobierno de Quintana Roo y del Ayuntamiento de Puerto Morelos acordaron instalar una mesa permanente de trabajo para atender el desorden y la irregularidad de las actividades comerciales que operan en zonas ejidales a lo largo de la Ruta de los Cenotes.
Durante una reunión encabezada por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, se planteó la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para el ordenamiento y la regularización de establecimientos turísticos, comercios y desarrollos que actualmente operan sin los permisos ambientales o de uso de suelo correspondientes.
El encuentro, se dijo, busca impulsar soluciones viables, legales y sostenibles que garanticen la seguridad de quienes visitan y trabajan en la zona, así como la certeza jurídica y la estabilidad laboral de las personas que dependen de la actividad turística, además del cuidado ambiental y la protección del patrimonio natural del municipio.
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La creación de esta mesa de trabajo interinstitucional busca responder precisamente a esos problemas: ordenar la zona, frenar el avance irregular y dar certeza legal tanto a los pobladores como a los empresarios que operan de forma legal.
Cristina Torres subrayó que el objetivo de esta coordinación es ordenar el crecimiento y regular la actividad económica bajo la visión del gobierno humanista y con corazón feminista que encabeza la gobernadora Mara Lezama, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.
Crecimiento desordenado
La Ruta de los Cenotes, uno de los corredores ecoturísticos más importantes de Quintana Roo, enfrenta desde hace años un crecimiento descontrolado de desarrollos irregulares, asentamientos sin permisos y conflictos por la tenencia de la tierra.
De acuerdo con reportes recientes, se han identificado más de 100 proyectos inmobiliarios y turísticos sin autorización en terrenos ejidales de Leona Vicario y Puerto Morelos, lo que ha derivado en clausuras por parte de la Profepa y la Sedetus. Muchos de estos sitios carecen de infraestructura básica, medidas de seguridad y permisos ambientales, afectando directamente los sistemas de agua subterránea y los ecosistemas de selva y cenotes.
A la par, las invasiones y ventas ilegales de terrenos han generado conflictos entre ejidatarios y presuntos posesionarios, además de presiones sobre servicios públicos y riesgos para visitantes.
