
Por Leslie Gordillo
PUERTO MORELOS.- La identificación de desarrollos inmobiliarios es una de las principales tareas que tiene la Fiscalía Especializada en Combate a delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano, labor que se ha fortalecido en la Ruta de los Cenotes.
Dichas inspecciones se dan como parte de las acciones en conjunto con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) quienes han clausurado asentamientos irregulares a lo largo de la Ruta de los Cenotes.
Estas acciones han permitido la identificación de los desarrollos inmobiliarios que se están desarrollando en Puerto Morelos, en donde la inspección se concentra en que cuenten con permisos y licencias correspondientes que den una certeza jurídica.
De acuerdo a la información presentada, la fiscalía a cargo de Normando Bustos está a la espera de que se entregue la información correspondiente para tomar acciones, que en su momento sería el aseguramiento del inmueble.
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“Dichas inspecciones tienen la finalidad de establecer el tipo penal aplicable por Responsabilidad Penal Corporativa previsto para casos de actividades ilegales y dolosas que producen daño al ambiente por personas morales”, explicaron.
Aunado a la responsabilidad corporativa, dichas empresas podrían también ser responsables por violar las clausuras impuestas de continuar con sus actividades o en su caso encaminar la investigación de directivos y administradores por posible comisión de delitos contra el ambiente y desarrollo urbano, así como ordenar la suspensión de todas las obras y actividades de la empresa en la zona afectada de conformidad con la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, así como Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.
“Con estas acciones se busca garantizar que estos desarrollos puedan llegar a defraudar a quienes, con el afán de adquirir una propiedad, y por su desconocimiento adquieran un predio en el que nunca podrán construir una vivienda, esto ante la falta de permisos, como los de fraccionamiento o condominio, lo que pone en riesgo la infraestructura y servicios esenciales para futuras construcciones. A quienes adquieran un terreno sin estos permisos, podrían enfrentarse a la imposibilidad de obtener licencias de construcción, acceso a agua potable, drenaje, pavimentación y alumbrado público”, recomendaron.