La iniciativa contra la extorsión firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 8 de julio llegó al Congreso de la Unión. La propuesta busca reformar la Constitución para combatir este delito de alto impacto que, según datos oficiales, registra un incremento significativo en México.
La propuesta llega al congreso
El poder ejecutivo envió ayer a la comisión permanente del congreso de la unión una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer el combate a la extorsión y hacer de ésta un delito de alto impacto. La propuesta presidencial plantea modificar el artículo 73 de la constitución. El objetivo es facultar al congreso de la unión para que elabore una ley general en un plazo de 180 días. Esta ley buscará homologar el tipo penal y las sanciones aplicables por la comisión de este delito, dada la diversidad normativa existente en el país.
El problema: Inconsistencia legal y alto impacto
El documento reconoce que la extorsión es un ilícito de alto impacto. Su prevención y combate ha sido insuficiente en todos los órdenes de gobierno. Enfrentarlo implica concebirlo no como una conducta menor. Afecta la seguridad de los individuos y de la colectividad.
Disparidad en penas y multas
Te puede interesar:Sheinbaum demanda a EU mayor control de tráfico de armas … Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y 12 años como máxima. Sin embargo, existe gran diversidad:
- En Oaxaca va de uno a tres años.
- En Chihuahua oscila entre cinco y 30.
El rango de multas también varía significativamente por estado:
- Entre 36 mil y 86 mil pesos en: Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
- De 77 mil hasta 130 mil pesos en: Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas.
- En la Ciudad de México oscilan de 226 mil a 340 mil pesos.
- En Coahuila, va de 345 mil a 691 mil pesos.
Un delito usado por la delincuencia organizada
En la exposición de motivos se menciona que este delito ha sido recurrentemente utilizado como un modo de operar de la delincuencia organizada. Buscan tener ingresos económicos considerables. Esto provoca que su repercusión no sea resentida únicamente por sus víctimas directas, sino también por la ciudadanía en general. Se expande a diversos ámbitos y sectores de la sociedad cuando se extorsiona a empresas, negocios y establecimientos. Fijan condiciones de mercado a través de amenazas a comerciantes y empresarios involucrados en las cadenas económicas. Agrega que el crimen organizado incluso ha amenazado a funcionarios públicos. Intentan coaccionar a las instituciones que representan. Emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas. Se aprovechan de los servicios públicos a cargo del estado.
Cifras alarmantes sobre incidencia
La iniciativa señala que la incidencia del delito es de tal gravedad que en 2018 se registró una tasa diaria de 18.89 amenazas. Mientras, en enero de 2025 se tuvo un promedio de 29.77. Esto representa un incremento de 57.62 por ciento en seis años. Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron 61.8 por ciento de las víctimas en 2024 y enero de 2025. Sólo el primero acumuló 33.1 por ciento en enero de 2025.
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¿Qué sigue para la iniciativa?
En los artículos transitorios, se otorga al congreso un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional para emitir la ley secundaria en esta materia. Dicha normatividad debe fortalecer de manera homogeneizada las concurrencias de atribuciones entre la federación y las entidades federativas. También busca proporcionar a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno un marco que permita contar con mayor capacidad de respuesta. Esto en cuanto a la regulación de este delito, así como los daños y las afectaciones a las víctimas.
La tarea para el congreso en los próximos 180 días es monumental: lograr la homologación legal que ha sido esquiva y dotar al estado de herramientas uniformes contra una amenaza que ha crecido 57.62 por ciento en seis años. La efectividad de esta reforma, clave para el círculo rojo y la ciudadanía, dependerá de la profundidad y contundencia de la ley secundaria que se derive.
