Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Habitantes del ejido Morocoy iniciaron formalmente un juicio agrario en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mediante el cual solicitan que se les entregue un porcentaje de los ingresos generados por la venta de boletos de acceso a las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kohunlich, ambas ubicadas dentro del área de influencia de sus tierras ejidales.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Chetumal, donde los representantes ejidales argumentaron que, desde hace décadas, parte de las superficies que conforman las zonas arqueológicas se encuentran dentro del territorio de propiedad social del ejido.
El delegado del ejido, Carlos Poot Mis, señaló que, pese a ello, nunca se les ha compensado económicamente por el aprovechamiento turístico, a pesar de que la afluencia de visitantes ha aumentado considerablemente en los últimos años.
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De acuerdo con los ejidatarios, desde 2022 han sostenido acercamientos con autoridades federales para negociar convenios de colaboración o esquemas de reparto de beneficios, sin que se haya logrado un acuerdo. Afirman que, aunque reconocen la facultad del INAH para conservar y administrar los sitios arqueológicos, también consideran que sus derechos agrarios han sido ignorados, pues las zonas se desarrollan dentro de terrenos que históricamente han pertenecido al núcleo ejidal.
Durante la primera audiencia, los apoderados legales del ejido solicitaron al tribunal que se analice la delimitación precisa de los polígonos arqueológicos y se reconozca el derecho del ejido a participar en los beneficios económicos que genera la actividad turística. Proponen que un porcentaje de las entradas se destine a proyectos comunitarios, infraestructura básica y programas de conservación ambiental en la región.
Por su parte, el INAH deberá responder a los señalamientos en las próximas semanas. Fuentes cercanas al proceso señalaron que el instituto podría solicitar estudios técnicos de colindancias o aportar documentación histórica que respalde la tenencia federal del suelo donde se ubican los monumentos prehispánicos.
Mientras tanto, los habitantes de Morocoy subrayan que su intención no es afectar el funcionamiento de los sitios arqueológicos ni obstaculizar el turismo, sino garantizar que la actividad económica que se desarrolla en su territorio beneficie también a la comunidad. Adelantaron que, de no llegar a acuerdos, podrían solicitar medidas adicionales para asegurar el cumplimiento de sus derechos agrarios.
Un dato importante es que el juicio podría prolongarse varios meses debido a la complejidad del caso, que involucra temas de tenencia de la tierra, patrimonio cultural y aprovechamiento turístico.
