Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) inicio este viernes con la construcción del acueducto que dotara de agua potable al menos a cuatro comunidades de la zona limítrofe de Quintana Roo con Campeche.
El jefe de obras de la CAPA en la zona sur, Luis Cabrera Trinidad precisó que se perforara un pozo de 300 metros de profundidad para obtener agua de calidad y segura para el consumo humano.
“La obra ya fue licitada y se ha empezado con la construcción del acueductoby la perforación de un pozo con una profundidad de más de 300 metros que para la CAPA marca un nuevo registro pues nunca se habia hecho un pozo a tal profundidad”.
La construcción del acueducto beneficiara inicialmente a las comunidades rurales de Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Caña Brava que carecen del servicio de agua potable desde su fundación es decir desde hace poco más de 40 años.
Los habitantes las poblaciones en la zona limítrofe tienen que recurrir a las escasas aguadas del lugar para poder abastecerse del líquido y en el mejor de los casos se les envía ocasionalmente un camión pipa.
Un dato relevante es que en noviembre del 2020 el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en la ciudad de Chetumal, otorgó una sentencia en favor de los habitantes de esas tres comunidades y con ello accedan a este derecho humano del agua, a pesar que la comunidad tiene 40 años de haber sido fundada.
El representante legal de estas comunidades, Andrés Blanco Cruz, explicó que la resolución de la SCJN, representa un triunfo no solo para los pobladores de las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto y Felipe Ángeles, sino de otras siete poblaciones más que se verán beneficiadas con el proyecto para dotar de agua potable a estas localidades amparadas.
El abogado dijo que la sentencia de la SCJN es también un triunfo de Quintana Roo, al aportarse mayores pruebas en la lucha de la defensa del territorio, lo cual no se había logrado en los 24 años que tiene el conflicto limítrofe ni mucho menos en la defensa del territorio por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo.
