La Secretaría de Contraloría de Hidalgo inhabilitó a Delia Jessica Blancas Hidalgo, ex Secretaria de Finanzas durante el sexenio de Omar Fayad Meneses, junto a otros tres exfuncionarios, por el perjuicio de aproximadamente 863 millones de pesos a la hacienda pública estatal. Este daño patrimonial se debe a la omisión de retirar fondos depositados en Banco Accendo, institución que entró en proceso de liquidación judicial, inmovilizando los recursos pese a las alertas tempranas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la situación financiera de la entidad.
La inhabilitación de los cuatro ex servidores públicos se deriva de su participación directa en la contratación de servicios financieros con el banco, resultando en la imposibilidad de disponer de los fondos que permanecen sujetos al procedimiento legal de liquidación. Las resoluciones administrativas de la Contraloría señalan un claro «incumplimiento de funciones» al desatender las medidas correctivas y advertencias regulatorias.
El perjuicio financiero: $863 millones sujetos a liquidación
El monto total del perjuicio causado a la hacienda pública hidalguense asciende a 863 millones de pesos. Este capital se destinó a un fondo de inversión de Banco Accendo, que vio revocada su autorización para operar en 2021 debido a incumplimiento de capital, falta de liquidez e irregularidades contables.
Es clave señalar la procedencia específica de estos recursos, ya que afecta directamente programas sociales esenciales para el estado:
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): 807 millones 128 mil 783 pesos provenían del FAIS. Este es un recurso federal etiquetado para financiar obras y acciones básicas en zonas de alta marginación, incluyendo proyectos de agua, drenaje, electrificación, salud, educación y vivienda. Estos fondos estaban destinados a obras que no se construyeron.
- Secretaría de Salud: 57 millones de pesos adicionales correspondían al presupuesto de este sector, que también fueron depositados en Accendo.
La investigación determinó que la omisión de los exfuncionarios en retirar oportunamente el capital, a pesar de las alertas de la CNBV, fue lo que concretó el daño patrimonial al estado. La Contraloría ha puntualizado que el proceso de liquidación continúa en curso ante las autoridades competentes, por lo que el destino final y la posible recuperación de los recursos se definirán conforme a la legislación financiera aplicable.
La cadena de mando sancionada y las resoluciones administrativas
Las resoluciones administrativas de inhabilitación no solo afectaron a la ex titular de la Secretaría de Finanzas, sino también a colaboradores directos de esa dependencia y a un exfuncionario de la Secretaría de Salud.
La sanción, que entró en vigencia el 2 de diciembre de 2025, se registró en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados.
Exfuncionarios inhabilitados por «incumplimiento de funciones»
La Secretaría de Contraloría no estipuló la temporalidad de las inhabilitaciones, solo el inicio de la vigencia, que data del 2 de diciembre de 2025. Sin embargo, la sanción administrativa no exime a los involucrados de responsabilidades civiles o penales adicionales que pudieran surgir una vez que concluya el complejo proceso de liquidación de Banco Accendo.
Contexto político y el estatus actual de los recursos
El caso ha permanecido activo desde el cambio de administración en Hidalgo.
El 6 de julio de 2022, durante la instalación del equipo de transición, el entonces gobernador Omar Fayad argumentó la legalidad de la operación, mencionando que la dependencia trabajaba con bancos «que aprueba la Secretaría de Hacienda». Fayad, quien hoy se desempeña como embajador de México en Noruega, reconoció en ese momento que se habían iniciado las acciones legales pertinentes, aunque sin certeza sobre la pronta recuperación del dinero.
A tres años y seis meses de la quiebra bancaria, los 863 millones de pesos siguen sin estar disponibles para el erario hidalguense. El gobernador actual, Julio Menchaca Salazar, anticipó el pasado 16 de enero que habría noticias respecto a la exsecretaria Jessica Blancas, en medio de cuestionamientos sobre posibles esquemas de corrupción en la administración anterior, señalando que la entidad había presentado las demandas e iniciado los procedimientos para intentar la recuperación.
La situación actual implica que se debe esperar la conclusión del proceso de liquidación judicial para determinar si los activos asegurados del banco serán suficientes para cubrir el adeudo pendiente con el Gobierno del Estado, un riesgo que la Contraloría subraya recae en la negligencia previa de los exfuncionarios.
