En un paso decisivo hacia la justicia social y la erradicación de prácticas crediticias abusivas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha congelado más de cinco millones de créditos impagables. Este programa, iniciado hace diez meses, busca corregir esquemas que generaban grandes sacrificios a los derechohabientes, quienes veían crecer sus deudas a pesar de los pagos puntuales.
El programa nacional de reestructuración de créditos: Un compromiso con los trabajadores
Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, confirmó la cifra durante la inauguración de un nuevo Centro de Servicio Infonavit (CESI) en La Paz, Estado de México, el pasado 11 de agosto de 2025. Este programa nacional de reestructuración de créditos responde a instrucciones directas de la presidenta, la doctora Claudia Sheimbaum, y se ha implementado en todo el territorio nacional.
Alcance y resultados: Cifras que transforman vidas
El director general del Infonavit enfatizó que la resolución no se limita al congelamiento, sino que incluye una disminución de tasas de interés, reducción de mensualidades y quitas en los saldos. Alrededor de un millón y medio de derechohabientes ya han sido beneficiados por estas medidas, que buscan revertir el diseño inadecuado de créditos del pasado.
Impacto en los derechohabientes: Fin a la injusticia crediticia
Durante décadas, este sector de la población estuvo en abandono gubernamental. Los esquemas de crédito anteriores resultaban en una gran injusticia: «a pesar de que se cubrieran puntualmente sus mensualidades, los montos de sus deudas seguían y seguían subiendo». Este programa busca restaurar la confianza y la equidad en el acceso a la vivienda.
Estrategias complementarias y compromiso social por la vivienda digna
Además de la reestructuración crediticia, el Infonavit trabaja en coordinación con otras dependencias federales para atender integralmente el derecho a la vivienda, enarbolando una política humanista que consolida al instituto como un aliado del pueblo trabajador.
Liberación de hipotecas: El fin del coyotaje
Uno de los avances más significativos es la atención al tema de la liberación de hipotecas. Antes, el coyotaje predominaba, obligando a los ciudadanos a pagar hasta 16 mil pesos por un trámite que ahora es completamente gratuito. Se estima que más de dos millones de hipotecas serán liberadas bajo este nuevo esquema.
Vivienda digna: Un derecho social para todos
El compromiso del Infonavit es claro: «que ninguna familia quede excluida del derecho a la vivienda, que ningún trabajador pierda su hogar por injusticias y políticas crediticias impagables». En México, se estima que nueve millones de trabajadores carecen de vivienda propia, y un porcentaje considerable de ellos percibe entre uno y dos salarios mínimos. Con las nuevas políticas, estos empleados son ahora elegibles para obtener un crédito de vivienda digna.
Expansión y atención regional: El nuevo CESI en La Paz
La inauguración del Centro de Servicio Infonavit (CESI) en La Paz, Estado de México, es el sexto en la entidad y un pilar fundamental en la estrategia de acercamiento del instituto a sus derechohabientes.
Ubicación y cobertura: Un vínculo directo con las familias trabajadoras
Ubicado en la plaza comercial Plaza Tepozan, el nuevo CESI atenderá a más de 197 mil trabajadores de 22 municipios del oriente mexiquense. En cinco de estos municipios se concentra el 85 por ciento de los derechohabientes: Nezahualcóyotl, Texcoco, Chalco, Ixtapaluca y la propia localidad de La Paz. El director general calificó al CESI Tepozanes como «un vehículo, un vínculo directo del Infonavit con las familias trabajadoras de esta región», donde se contabilizan más de 23 mil créditos vencidos.
La transformación del Infonavit y la ambiciosa estrategia de congelamiento y reestructuración de créditos impagables marcan un punto de inflexión en la política de vivienda nacional. ¿Logrará esta ofensiva gubernamental erradicar por completo la herencia de un sistema que, por décadas, castigó a quienes buscaron asegurar un patrimonio? El seguimiento a la implementación de estas medidas será crucial para evaluar el verdadero alcance de la justicia social prometida.
