Viviendas abandonadas, juicios y fraudes: la bomba de tiempo que enfrenta el Infonavit
En una mañana cargada de cifras inquietantes y denuncias de corrupción, el gobierno federal reveló que cerca de 933 mil viviendas del Infonavit están en condiciones irregulares. El diagnóstico abarca desde juicios masivos fraudulentos hasta miles de casas sin pagar desde hace años. La magnitud del problema obliga a una intervención nacional encabezada por la Secretaría de Bienestar, pero detrás de los números se esconde una crisis estructural con rostro humano.
El colapso invisible del sistema de vivienda social
Un universo de casas “emproblemadas”
Durante la conferencia matutina del 6 de mayo, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, desglosó una realidad alarmante:
- 131 mil viviendas siguen involucradas en juicios masivos.
- 216 mil fueron recuperadas, pero no pueden ser escrituradas por irregularidades judiciales.
- 497 mil propiedades tienen adeudos históricos sin resolver.
- 89 mil viviendas, correspondientes al FOVISSSTE, también presentan conflictos diversos.
En total, se trata de más de 993 mil propiedades con algún tipo de problema, y más de 373 mil derechohabientes afectados directamente, según datos presentados por el gobierno.
El rol del Bienestar y el censo nacional
Ante el caos administrativo y jurídico, el Gobierno Federal delegó a la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, la tarea de realizar un censo nacional en zonas críticas. La estrategia se despliega en 255 Zonas del Bienestar con la participación de 1,632 Servidores de la Nación, quienes recorren casa por casa para identificar a los ocupantes y recopilar testimonios.
“Hay que tener cuidado con los gestores. Hemos recibido reportes de estafas. Por eso visitamos a la gente directamente”, advirtió Montiel Reyes, alertando sobre los fraudes inmobiliarios que han proliferado en esta crisis.
Corrupción, juicios fraudulentos y redes de coyotaje
La red de corrupción detrás de los juicios masivos
Uno de los hallazgos más graves presentados por el Infonavit fue la existencia de una red de despachos jurídicos que operaban juicios masivos de forma fraudulenta. Al menos 40 demandas penales ya fueron ingresadas por el Instituto, y se prepara una oleada de más de 3,400 procesos legales.
Este esquema permitió que miles de casas fueran adjudicadas indebidamente, vendidas varias veces, o bloqueadas judicialmente, generando un daño patrimonial estimado en 29 mil millones de pesos.
Los rostros del abandono y el adeudo
Además del caos legal, persiste otro fenómeno silencioso: la morosidad estructural. Más de medio millón de viviendas han sido dejadas de pagar por sus propietarios desde hace años. En muchos casos, se trata de viviendas en zonas marginadas, mal construidas o alejadas de centros urbanos.
De las primeras 47,845 viviendas censadas, el 87% están ocupadas. El resto, deshabitadas, representan focos de inseguridad y deterioro urbano.
¿Qué hay detrás del colapso? Claves del problema estructural
1. Planeación urbana fallida
Viviendas construidas en lugares sin servicios, mal conectadas, o en zonas vulnerables a fenómenos naturales.
2. Esquemas crediticios rígidos
Los créditos del Infonavit y Fovissste han sido difíciles de reestructurar, especialmente cuando hay pérdida de empleo o crisis económicas.
3. Desvinculación entre autoridades
Durante años, no hubo coordinación entre el Infonavit, gobiernos locales y otras instancias, lo que permitió fraudes y despojos.
¿Y ahora qué? El reto de reconstruir la confianza
El censo y las demandas son apenas el primer paso de un proceso que podría tomar años. El gobierno busca no solo regularizar las propiedades, sino también restituir derechos a los trabajadores afectados y evitar nuevas crisis.
En el mediano plazo, el Infonavit deberá repensar su modelo de vivienda social, integrando elementos de sostenibilidad urbana, acceso a servicios y protección legal a los derechohabientes.
Una herida abierta en el derecho a la vivienda
La cifra de 933 mil viviendas problemáticas no solo revela una falla institucional, sino también una fractura en el acceso al derecho constitucional a una vivienda digna. La combinación de fraudes, abandono y descoordinación estatal ha dejado un daño que trasciende lo económico: ha vulnerado la confianza social.
Mientras los censos avanzan y las demandas se acumulan, miles de familias viven en la incertidumbre legal. Resolver esta crisis no será solo cuestión de litigios, sino de reconstrucción del tejido social y urbano en el país.
