
La deuda democrática del INE con las personas con discapacidad
A menos de un mes de la elección judicial, la confianza de miles de votantes con discapacidad se tambalea. Lo que debía ser un avance en accesibilidad se convirtió en un doloroso retroceso.
En una de las simulaciones previas al proceso electoral, más de 30 personas con discapacidad participaron para detectar fallas. Los resultados fueron contundentes: desde la falta de boletas en Braille hasta plataformas web inaccesibles. Frente al reclamo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ofreció disculpas, pero el daño está hecho.
Un simulacro que expuso la exclusión
Una promesa rota en la antesala de la elección judicial
Durante un simulacro organizado por el INE, decenas de personas con discapacidad evidenciaron que no podrán ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad. La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación, admitió el retroceso: “Ya había un progreso y ahora hay un retroceso”. La palabra clave es esa: retroceso.
Tiempo, recursos y voluntad política: lo que faltó
Zavala explicó que la falta de tiempo y recursos impidió garantizar herramientas como micas Braille o plataformas accesibles. Sin embargo, defensores de derechos humanos lo ven de otro modo: no se trata de presupuesto, sino de voluntad política. La falta de acciones efectivas a tiempo demuestra una desconexión preocupante entre el aparato electoral y las realidades de los grupos vulnerables.
Las voces desde el territorio: ¿cómo se vota sin ver?
Testimonios que revelan exclusión estructural
Hilda Laura, una ciudadana con discapacidad visual, fue contundente: “Ni la urna tiene señalización o relieve”. Sus palabras reflejan un sentir colectivo. No hay textos alternativos accesibles, no hay traductores en lengua de señas, no hay herramientas para indagar perfiles de candidatos. “Esa página no es accesible, ninguna de sus plataformas lo es”, dijo ante funcionarios del INE.
El falso dilema de la asistencia en casilla
El protocolo establece que una persona con discapacidad puede ir acompañada por alguien de su confianza o pedir ayuda a funcionarios. Pero esto rompe con el principio de voto secreto. ¿Cómo garantizar que alguien vote libremente si necesita asistencia para leer una boleta o elegir una opción?
Lo que está en juego: no solo es un voto, es ciudadanía
El caso de la prisión preventiva: otra forma de exclusión
Zavala fue clara: las personas en prisión preventiva tampoco podrán votar. “Eso es un grave retroceso”, afirmó. Y es cierto: quienes no han sido condenados formalmente pierden su derecho a participar en la elección de jueces y juezas. En un sistema judicial marcado por la desigualdad, esta omisión profundiza la exclusión.
Grupos vulnerables: los más afectados
El retroceso no impacta de forma homogénea. Las personas sordas, ciegas, con parálisis cerebral, dislexia severa o analfabetismo funcional enfrentan barreras múltiples. No se trata solo de llegar a una casilla, sino de acceder a la información electoral, de comprender el sistema, de elegir con libertad y seguridad.
¿Una disculpa basta?
El mea culpa institucional
Claudia Zavala pidió disculpas públicamente. Aceptó que el proceso electoral judicial no garantizará plenamente los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, reconocer el error no es suficiente si no se acompañan medidas correctivas claras. Hasta ahora, el INE ha informado que no podrá incorporar nuevas sugerencias en lo que resta del proceso.
La urgencia de un enfoque de derechos
Las elecciones no son solo trámites institucionales. Son espacios de ejercicio de ciudadanía. El sistema electoral mexicano tiene el deber de evolucionar hacia un modelo más inclusivo. Las disculpas deben traducirse en compromisos concretos: presupuestos etiquetados, diseño universal, consultas previas, tecnología accesible y protocolos que no vulneren la autonomía de las personas con discapacidad.
Rumbo al 2 de junio: una deuda pendiente
¿Y después de la elección?
Lo que ocurra en la jornada electoral marcará un precedente. Si el INE no implementa mecanismos de inclusión efectiva, no solo fallará en esta elección, sino que sentará las bases de una democracia excluyente. La participación política de las personas con discapacidad no puede depender del “tiempo suficiente” o de si “hubo recursos”.
La inclusión no es optativa
La accesibilidad electoral no es un favor. Es un derecho humano. Cada vez que una persona no puede votar por falta de condiciones, el sistema falla. Y cuando falla sistemáticamente para ciertos grupos, deja de ser democrático.
Más allá de las urnas, un reto estructural
El caso de la elección judicial revela que México sigue lejos de una democracia plenamente inclusiva. Las personas con discapacidad han sido relegadas nuevamente. Las palabras de Zavala, aunque valientes, son también un llamado de atención. Lo importante ahora no es solo reconocer el error, sino asegurar que nunca vuelva a ocurrir. Porque sin inclusión, no hay justicia electoral.