El Instituto Nacional Electoral (INE) justificó la instalación de videocámaras, torniquetes y otros controles de acceso para homologar su nivel operativo de seguridad al de dependencias clave como la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) argumentó que este fortalecimiento es necesario debido a un patrón documentado de amenazas y agresiones recientes, señalando que las condiciones de seguridad antiguas eran insuficientes y facilitaban la interrupción de actividades internas por personas no autorizadas.
Este plan de modernización, revelado el 27 de enero de 2026, busca transformar la seguridad del órgano electoral de un sistema reactivo a uno preventivo, aplicando un esquema de protección integral similar al de distintas Secretarías de Estado, así como a las sedes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
La homologación de seguridad como necesidad operativa
La DEA del INE sostiene que la historia reciente del Instituto muestra un patrón de amenazas y agresiones con motivaciones y modus operandi heterogéneos, lo que confirma la necesidad inmediata de fortalecer las capacidades de seguridad de la institución. En la documentación presentada para su análisis en la mesa semanal de consejerías, se indicó que el objetivo central es salvaguardar la integridad y seguridad de las personas servidoras públicas y visitantes.
Anteriormente, la institución enfrentaba fallas significativas en el control de acceso. Los funcionarios administrativos reportaron que una vez que visitantes y proveedores ingresaban a las sedes, el seguimiento resultaba «muy complejo». Esto generaba quejas constantes de empleados cuyas actividades eran interrumpidas por personas no autorizadas que tenían la facilidad de transitar por todas las instalaciones.
Además de los riesgos de intrusión, se señaló la dificultad que enfrentaba el personal interno para controlar a miles de personas durante concentraciones masivas, como aquellas destinadas al registro de candidatos.
Diagnóstico del sistema de monitoreo obsoleto
La justificación de la DEA se apoyó en un diagnóstico crítico de la infraestructura de vigilancia existente, que era tecnológicamente limitada y, en muchos casos, deficiente.
El antiguo centro de monitoreo, ubicado en el inmueble donde se encuentran los consejeros nacionales, funcionaba principalmente como un «testigo posterior de eventos». Esto significaba que no operaba como un instrumento preventivo, disuasivo o de apoyo activo a la toma de decisiones. Técnicamente, este centro contaba con solo siete pantallas y siete servidores independientes entre sí, utilizando equipos no aptos para una operación permanente.
Limitaciones clave de la infraestructura anterior:
- Tecnología Limitada: Las cámaras antiguas no permitían habilitar algún tipo de registro biométrico ni ofrecían un nivel de detalle adecuado.
- Cobertura Incompleta: Si bien en las oficinas centrales operaban 97 cámaras, las sedes estatales y algunas ubicadas en la Ciudad de México carecían completamente de sistema de videovigilancia.
- Falta de Trazabilidad: Los controles peatonales y vehiculares no eran efectivos, permitiendo el ingreso de personas no autorizadas con libre acceso a todas las áreas.
Alcance y componentes de la solución integral
El nuevo plan de seguridad no se limita únicamente a la instalación de cámaras de seguridad (que ya existían 209, cuyo incremento en número y costo sigue sin revelarse), sino que implica la aplicación de una «solución integral de seguridad y gestión operativa».
El proyecto abarcará 40 inmuebles del INE. Se incluye el fortalecimiento del centro de monitoreo, con el objetivo de ampliar sustancialmente su capacidad de almacenamiento de imágenes tomadas con las nuevas videocámaras.
Geografía del proyecto de modernización:
El despliegue de la nueva tecnología se concentrará en las siguientes oficinas:
- Tlalpan
- Tláhuac
- Corporativo Corum
- Corporativo Zafiro
- Insurgentes
- Corporativo Quantum
- Moneda
- Centro de Cómputo y Resguardo Documental
- Las 32 juntas locales ejecutivas
Elementos de la solución integral de seguridad:
La nueva estrategia incluye dispositivos de ingreso y otros elementos de control, como:
- Videovigilancia de nueva tecnología.
- Control de accesos peatonales y vehiculares (torniquetes).
- Sensorización ambiental (detección de humo o sobrecalentamiento de espacios).
- Gestión de incidentes.
El dilema de la transparencia y las reservas
A pesar de la extensa justificación administrativa sobre la necesidad de las medidas, el proyecto generó polémica debido a la falta de transparencia en su ejecución y el manejo de la información. El Comité de Transparencia del INE decidió reservar todos los detalles del contrato. El argumento utilizado para clasificar esta información fue que el órgano electoral tiene responsabilidades consideradas de seguridad nacional.
Este secretismo administrativo se sumó a la controversia generada el viernes previo a la publicación del informe, cuando se reveló que el INE consideraría la sala de prensa como un área común. El documento de la DEA, sin embargo, no ofreció una respuesta sobre la potencial instalación de cámaras justo arriba de las computadoras utilizadas cotidianamente por los reporteros de diversos medios de comunicación.
La DEA, no obstante, sí emitió una garantía específica: no se contempla la instalación de videocámaras «al interior de ninguna oficina» de consejeros o representaciones de partidos. Asimismo, se aseguró que el sistema no grabará audios y se garantizará la privacidad de las personas.
Las justificaciones del INE para elevar su nivel de protección son claras en su intención de subsanar vulnerabilidades operativas y tecnológicas documentadas. Sin embargo, la decisión de la DEA de catalogar los detalles del contrato como asunto de seguridad nacional y la ambigüedad sobre la vigilancia en áreas sensibles para la prensa plantean un debate inevitable entre la necesidad de fortalecer la infraestructura electoral y el deber de mantener la máxima transparencia en el uso de recursos públicos. ¿El aumento de la seguridad institucional puede justificar la opacidad administrativa en un órgano cuya función es la garantía democrática?
