El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en el ojo del huracán tras aprobar un procedimiento para revisar si hay personas sentenciadas por violencia entre las candidaturas al Poder Judicial.
Aunque no impedirán que participen, sí harán públicos los casos antes del 1 de junio. Esta decisión ha abierto un nuevo frente de debate sobre los límites del INE y la protección de derechos.
¿Qué decidió el INE y por qué importa?
Revisión preventiva sin efectos jurídicos inmediatos
El Consejo General del INE, con ocho votos a favor y tres en contra —incluida la presidenta Guadalupe Taddei—, aprobó abrir un procedimiento de revisión de candidaturas judiciales. La meta es identificar si existen personas con sentencias firmes por violencia.
Esto incluye delitos como:
- Violencia familiar o doméstica
- Abuso sexual o contra la intimidad sexual
- Violencia política en razón de género
- Ser deudor alimentario moroso
Aunque no se descalificará a nadie automáticamente, se hará un “corte informativo” previo a la elección del 1 de junio. La recepción de pruebas continuará abierta hasta antes de entregar constancias de mayoría.
¿Qué implica esto para el proceso electoral?
El 15 de junio, durante la sesión en la que se declarará la validez de la elección y se entregarán constancias, se tomará en cuenta esta revisión. Esto podría cambiar el panorama si se confirman sentencias firmes.
La decisión busca dar cumplimiento a la regla conocida como “8 de 8”, que impide que personas con antecedentes de violencia lleguen al poder por la vía del voto.
La polémica en el seno del INE
Taddei: “esto vulnera la presunción de inocencia”
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, argumentó que el procedimiento aprobado invade competencias que corresponden al Senado y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Según su postura, el INE no debe volver a revisar expedientes ya evaluados por los comités de los tres Poderes de la Unión.
Para Taddei, esto representa una “carga adicional” para las candidaturas y puede sentar un precedente negativo en futuras elecciones.
“No se trata de cancelar la revisión, sino de respetar las reglas de participación”, sentenció la consejera presidenta.
Claudia Zavala: “es una responsabilidad, no un trámite”
Desde otra trinchera, Claudia Zavala —presidenta de la Comisión de Género— defendió que el INE tiene la obligación de verificar que quienes obtendrán una constancia de mayoría cumplan con los requisitos de elegibilidad.
Señaló además fallas en los procesos de los comités evaluadores, especialmente el del Poder Judicial, que ni siquiera concluyó su trabajo. Esto deja en duda la validez de las candidaturas desde el inicio.
“¿A quiénes palomeamos?”, cuestionó Zavala al revelar la ausencia de formatos obligatorios en varios expedientes.
El vacío legal y las consecuencias políticas
¿Quién debe hacer qué?
La discusión revela un vacío entre la normativa constitucional y su implementación práctica. La Constitución es clara sobre los impedimentos para ejercer cargos públicos si hay antecedentes por violencia. Sin embargo, no hay un mecanismo eficiente para verificarlo a tiempo.
El INE ahora asume un rol que muchos consideran necesario, pero otros ven como extralimitado.
El papel del Senado y el TEPJF
El Senado fue quien envió las listas al INE, dando por válidos los perfiles seleccionados. El TEPJF es quien debería resolver sobre la inelegibilidad, pero no actúa de oficio: necesita una impugnación.
Mientras tanto, el INE se ve presionado a actuar para garantizar elecciones íntegras, especialmente cuando fallan los mecanismos previos de revisión.
La ciudadanía, clave en el proceso
La denuncia ciudadana como herramienta de control
El INE abrió una vía para recibir información de la ciudadanía sobre candidaturas potencialmente inhabilitadas. La fecha límite original era el 12 de mayo, pero se amplió para poder recibir reportes incluso después de la jornada electoral, antes de emitir las constancias.
Este canal busca dar voz a víctimas y activistas, en línea con el espíritu de la “8 de 8”, que surgió de demandas feministas por una vida libre de violencia en todos los espacios, incluido el poder judicial.
Un proceso bajo escrutinio que marcará precedente
La decisión del INE de revisar las candidaturas al Poder Judicial antes del 1 de junio, aunque sin consecuencias inmediatas, abre un capítulo inédito en la política electoral mexicana.
Se trata de un paso hacia mayor escrutinio y transparencia, pero también de una acción que ha generado tensiones al interior del organismo.
Lo que está en juego no es solo la legalidad de las candidaturas, sino la credibilidad del sistema electoral y la confianza de la ciudadanía. En un momento donde la violencia y la impunidad son temas centrales en la agenda nacional, esta revisión puede marcar un precedente en cómo se garantiza que los representantes públicos no sean agresores.
