Más de 450 solicitudes fueron rechazadas; la mayoría estaba vinculada a Morena o incumplió requisitos básicos como la capacitación
CHETUMAL.— En la antesala de la elección judicial del próximo domingo, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el 59.4% de las solicitudes para registrarse como observadores en el Distrito Electoral Federal 2, que abarca los municipios del centro y sur de Quintana Roo. Fueron 451 rechazos de un total de 759 aspirantes, en una cifra inédita para esta demarcación.
En sesión extraordinaria celebrada este martes, el Consejo Distrital 2 con sede en Chetumal aprobó apenas 308 registros, a pesar del aumento sin precedentes en las solicitudes. De acuerdo con fuentes internas del INE, al menos 135 fueron rechazados por tener afiliación a Morena y uno más por ser “Siervo de la Nación”, es decir, funcionario de los programas sociales del gobierno federal. Los 315 restantes no tomaron el curso de capacitación, lo que apunta a que muchos habrían sido inscritos sin saberlo, o se habrían retirado del proceso tras desacuerdos con promotores políticos.
Pese al alto número de rechazos, entre los 308 observadores acreditados también hay una mayoría de perfiles afines a Morena, aunque sin militancia formal. En los círculos políticos locales se les conoce como los “observadores del Bienestar”, promovidos por estructuras del oficialismo para operar, más que observar, el proceso electoral del 2 de junio. Actores políticos advierten que su presencia forma parte de una estrategia para movilizar votantes, inducir el sufragio y asegurar al menos el 30% de participación, meta política impuesta a nivel federal.
Este fenómeno no es exclusivo de Quintana Roo. Según datos del Consejo General del INE, a nivel nacional fueron rechazadas 62 mil solicitudes para observar la elección judicial, de las cuales más de 48 mil correspondían a servidores públicos o militantes partidistas, principalmente de Morena y sus aliados. El contraste con el bajo interés ciudadano en participar en las urnas, particularmente en los comicios para renovar el Poder Judicial, ha encendido alertas sobre la cooptación partidista de figuras que deberían ser garantes ciudadanos del proceso electoral.
