El 20 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México notificó la imputación formal por el delito de homicidio contra dos empresas clave en la organización de espectáculos. La medida afecta directamente a Operadora de Centros de Espectáculos, S.A de C.V. (OCESA) y a Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V.
La imputación surge a raíz del fallecimiento de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrido durante el festival AXE Ceremonia 2025.
El proceso de imputación: Fechas y actores clave
La inclusión de OCESA y Servicios Lobo en la carpeta de investigación no fue inmediata, sino resultado de una serie de determinaciones judiciales.
El cuerpo de abogados de la familia de Berenice Giles fue el que recibió la notificación oficial de la FGJ. La Ministerio Público Mercedes Karina Granados determinó incluir a ambas corporaciones desde el pasado 14 de enero de 2026 en las investigaciones y la imputación formal. La decisión se oficializó seis días después, el 20 de enero.
La lucha por la justicia ha sido pública y persistente, como lo demuestra la protesta frente al Parque Bicentenario realizada el 06 de abril del 2025, de la cual se tiene registro fotográfico por Roberto García Ortiz / Archivo Kevin Ruiz.
Inclusión forzada por mandato judicial
La determinación de la Ministerio Público Mercedes Karina Granados llegó después de que tres jueces diferentes señalaran y resolvieran que la FGJ estaba obligada a incluir a OCESA y Servicios Lobo en la carpeta de investigación. Estos señalamientos judiciales forzaron a la FGJ a expandir su enfoque.
Con esta decisión, la investigación ahora involucra a un total de cinco empresas señaladas, además de ocho personas físicas vinculadas al caso.
Contexto social y advertencias de la familia
El caso ha generado atención no solo por la gravedad de las acusaciones contra las operadoras de eventos, sino por el contexto social que rodea la búsqueda de justicia.
El padre de Berenice Giles, en un video difundido, advirtió sobre la existencia de grupos ajenos a su causa. Según su declaración, estos grupos buscan desvirtuar la lucha que emprendieron, persiguiendo en realidad otros fines. Esto pone el foco sobre la necesidad de mantener el objetivo original del litigio: la verdad sobre la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.
Otros sucesos capitalinos reportados
En la misma jornada de noticias relacionadas con la capital, se reportaron otros movimientos dentro de la administración y el sistema judicial:
- Reubicación de animales: La jefa de Gobierno, Brugada, y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, anunciaron que los perros del Refugio Franciscano serán trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA). Tras un recorrido por las instalaciones de la BVA, Brugada explicó que los traslados comenzarían ese mismo día de manera gradual, asegurando que existen las condiciones necesarias para llevarlos a cabo, aunque no precisó el número exacto de animales involucrados.
- Decisión judicial en el PJCDMX: El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del PJCDMX revocó por unanimidad un acuerdo previo. Dicho acuerdo había sido emitido por la Comisión de Disciplina Judicial del extinto Consejo de la Judicatura local y frenaba una investigación contra un juez de proceso civil escrito denunciado por excederse en sus atribuciones. La revocación significa que la investigación contra el juez deberá continuar.
La imputación formal de OCESA y Servicios Lobo establece un precedente significativo sobre la responsabilidad corporativa en la seguridad de los eventos masivos. Este caso demuestra cómo la presión legal y la persistencia de las víctimas pueden obligar a las autoridades a modificar el rumbo de las investigaciones. La ampliación de la carpeta a cinco empresas y ocho personas físicas subraya la complejidad de la cadena de mando y la vigilancia en un festival de esta magnitud. ¿A qué nivel de la jerarquía empresarial y operativa se detendrá la rendición de cuentas?
