Tras el trágico incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo que cobró la vida de 24 personas y un bebé en gestación, la Fiscalía de Sonora ha formalizado la imputación penal contra ocho personas físicas y una empresa. La clave del proceso, que se centra en el delito de homicidio culposo, radica en la presunta falsificación de documentos oficiales que habrían permitido a la tienda operar en condiciones de alto riesgo.
La maratónica audiencia y los cargos específicos
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró concretar la imputación luego de casi 18 horas de audiencia ininterrumpida, que se extendió desde las 9:30 horas del martes hasta las 03:20 de la madrugada del día siguiente. El siniestro, ocurrido en Hermosillo, dejó además 12 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.
El Ministerio Público expuso una imputación diferenciada ante el juzgado, dirigida tanto a los particulares como a la persona moral (la empresa titular del establecimiento), la cual fue representada legalmente durante la diligencia.
Los delitos imputados formalmente son:
- Homicidio culposo.
- Aborto.
- Lesiones y daños.
- Uso de documento falso.
- Incumplimiento de un deber legal.
Medidas cautelares controversiales y el amparo del representante legal
Al término de la audiencia, el juez de control resolvió imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para la mayoría de los ocho imputados. Esta determinación se basó en considerar acreditado su arraigo, la presentación voluntaria ante la autoridad judicial, la inexistencia de riesgo para las víctimas y la ausencia de peligro de obstaculización del proceso.
Las medidas dictadas por el juzgador consisten en tres obligaciones principales:
- Presentarse periódicamente ante la autoridad.
- Exhibir una garantía económica.
- Prohibición de salir del ámbito territorial fijado.
La prisión preventiva justificada no ejecutada
El juez sí determinó un trato procesal distinto para José Luis “N”, identificado como el representante legal de la persona moral. A él se le atribuye haber realizado trámites ante autoridades municipales utilizando presuntamente documentos falsos para la obtención de permisos, además de omisiones relevantes en su deber de supervisión.
Por estos hechos, el juzgador ordenó prisión preventiva justificada. Sin embargo, esta medida no pudo ejecutarse debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo vigente.
La Fiscalía de Sonora, a través de un comunicado, informó que combatirá dicha resolución para lograr que el acusado enfrente su proceso en prisión. La FGJES señaló que realiza las acciones correspondientes para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos, a fin de que respondan ante las víctimas.
Líneas de investigación y la red de exfuncionarios
Tras la imputación formal del 14 de enero de 2026, las defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional a 144 horas. El juez deberá resolver la vinculación formal a proceso en la próxima audiencia, programada para el 19 de enero.
El caso mantiene abiertas varias líneas procesales, indicando que el alcance de las responsabilidades trasciende el ámbito corporativo:
- Tres personas más con órdenes de aprehensión ejecutadas deberán comparecer el próximo 29 de enero.
- Otras 12 personas judicializadas permanecen amparadas, esperando ser citadas a audiencia de formulación de imputación.
- Dos personas más continúan evadidas de la acción de la justicia.
Esta investigación ministerial involucra a funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales, así como a personal relacionado con la empresa, por presuntas fallas en inspecciones, autorizaciones y verificaciones en materia de seguridad y protección civil. De hecho, el pasado 24 de diciembre, un total de 25 personas (incluyendo funcionarios, exfuncionarios y personal de la empresa) fueron imputadas por homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal.
Los peritajes técnicos integrados al expediente analizan, entre otros puntos, la posible explosión de un transformador eléctrico al interior del inmueble y la presunta falsificación de documentos oficiales que habrían permitido la operación de la tienda en condiciones de riesgo, poniendo en evidencia la cadena de omisiones y corrupción que culminó en la tragedia.
La complejidad de este caso, marcada por amparos, imputaciones masivas y la sombra de la corrupción documental, subraya la urgente necesidad de revisar los procesos de inspección en Sonora. ¿Podrá la justicia finalmente desentrañar la cadena de fallas administrativas que culminó en la tragedia de Waldo’s Hermosillo?
