México cuenta con un amplio marco legal para prevenir, investigar y sancionar la tortura, reconocieron organizaciones civiles. Sin embargo, pese a esta base, persisten desafíos significativos que elevan el riesgo de esta práctica y otros tratos crueles. Altos niveles de impunidad son un factor clave.
Organizaciones señalan un “riesgo alto” en el país. Factores como impunidad, detenciones arbitrarias y falta de capacidad investigativa contribuyen a esta situación. También mencionan la ausencia de reparación para las víctimas y sus familias.
El reporte de la Organización Mundial Contra la Tortura
Un informe presentado este jueves por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) analizó la realidad mexicana. Apuntó que, aunque México ha ratificado la Convención contra la Tortura y tiene una «tipificación adecuada» del delito, algunas figuras constitucionales son contrarias al derecho internacional.
El arraigo y la prisión preventiva oficiosa fueron señaladas como figuras que crean condiciones propicias para la tortura.
Desafíos clave identificados
Uno de los ejes del informe es la necesidad de poner fin a la brutalidad policial y la violencia institucional. Olga Guzmán, responsable para las Américas de la OMCT, criticó los pocos controles civiles en seguridad. Advirtió sobre el «despliegue militar» avanzado en el país.
Guzmán indicó que entre 2018 y 2023, la Guardia Nacional aplicó el uso de la fuerza en 421 eventos. En 411 de estos, se utilizaron armas de fuego.
La alarmante cifra de impunidad
Durante una conferencia donde víctimas expusieron sus casos, la representante de la OMCT ofreció datos sobre las investigaciones. Existen 4 mil 592 investigaciones iniciadas por tortura y malos tratos a nivel nacional.
Citando datos del Observatorio contra la Tortura, detalló que sólo 18 de estos casos han sido judicializados o presentados ante un juez. Esto representa el 0.1 por ciento del total. Esta cifra, según la OMCT, evidencia niveles de impunidad «muy altos, muy preocupantes», constituyendo un riesgo significativo.
La ficha técnica sobre México dentro del informe subraya que la tortura es una «práctica generalizada». Ocurre en un contexto de impunidad y, «sustituyendo al debido proceso», se usa para investigar, obtener confesiones y fabricar culpables.
¿Cómo puede un país con un marco legal avanzado enfrentar una práctica generalizada con niveles de impunidad tan elevados?
