Impunidad, crimen y silencio: la verdad que emerge en Teuchitlán
Por años, el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue un punto ciego para la justicia mexicana. La reciente declaración del fiscal Alejandro Gertz Manero sacude el mapa del crimen organizado y obliga a replantear el papel del Estado. El caso CJNG, los restos, las prendas, las omisiones: la impunidad tiene raíces profundas.
Un territorio marcado por el silencio institucional
Teuchitlán: enclave ignorado por la justicia
Durante años, esta zona del occidente de Jalisco fue ignorada por las autoridades pese a la violencia latente. La Fiscalía General de la República (FGR) ha reconocido oficialmente lo que muchas familias y colectivos de búsqueda ya sabían: que el municipio fue un terreno fértil para la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) gracias a un “nivel de impunidad inaceptable”.
Gertz Manero fue contundente: “No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años”. La declaración, aunque tardía, tiene implicaciones profundas. No solo apunta a un descuido de años, sino a una posible colusión o negligencia sistemática de autoridades locales y estatales.
El rancho Izaguirre: epicentro del horror
Centro de reclutamiento y entrenamiento del CJNG
Uno de los puntos clave de la investigación es el rancho Izaguirre, señalado como un centro de adiestramiento del CJNG. En palabras del fiscal, este lugar fue fundamental para la operación del cártel y sirvió como centro logístico para reclutar, entrenar y desplegar a sus integrantes.
La detención de José Gregorio Lastra Armida, identificado como el principal reclutador en esa zona, ha permitido a las autoridades reconstruir una parte crítica de la red criminal.
“El detener al jefe operativo de ese lugar nos ha permitido tener una buena cantidad de información para ampliar nuestras investigaciones”, afirmó el fiscal.
Avances forenses y colaboración con la UNAM
Coincidencias clave en los peritajes
Otro punto central es la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en los análisis forenses. Los peritajes realizados por sus especialistas coinciden con los de la FGR, en lo que Gertz Manero describió como un avance crucial para establecer la veracidad de los hechos.
El próximo martes, la Fiscalía presentará estos hallazgos en un informe detallado, incluyendo evidencias sobre posibles actos de fuego, presuntamente utilizados para destruir restos humanos.
Aunque Gertz evitó confirmar si se hallaron pruebas de cremaciones, el subtexto fue claro: el caso apunta hacia prácticas sistemáticas de desaparición forzada y encubrimiento.
Judicialización parcial y presión ciudadana
14 personas procesadas… pero la red es más amplia
Hasta ahora, 14 personas han sido judicializadas por su presunta participación en estos hechos. Sin embargo, Gertz advirtió que la investigación no está concluida y que los procedimientos contra funcionarios o actores locales continuarán.
Aquí radica una de las principales exigencias de colectivos y organizaciones civiles: romper el cerco de protección institucional y procesar a quienes permitieron, facilitaron o encubrieron estos crímenes.
Evidencias y transparencia: un nuevo paso
Prendas, protocolos y trabajo conjunto
La FGR también anunció la próxima entrega de prendas encontradas en las instalaciones intervenidas. Estas piezas, que podrían pertenecer a víctimas, serán puestas a disposición de familiares para su posible identificación.
“Vamos a llevar un protocolo muy cuidadoso, lo tenemos que llevar a fondo a todos sus consecuencias y a todos sus niveles”, dijo Gertz.
La demanda de transparencia es una constante. La sociedad exige documentación clara, acceso a los dictámenes técnicos y una colaboración efectiva con las familias.
Contexto político: mañanera con Claudia Sheinbaum
Un nuevo gobierno con viejas deudas
Este anuncio se dio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, marcando una señal política importante: el gobierno busca mostrar acciones frente a los cuestionamientos de impunidad y violencia.
Sin embargo, el desafío es mayor: romper décadas de omisión institucional no será posible con declaraciones. Se requieren acciones contundentes, garantías de justicia y, sobre todo, voluntad política para no proteger a nadie.
Teuchitlán como espejo nacional
¿Cuántos otros Teuchitlán existen?
El caso destapa una pregunta inevitable: ¿cuántos municipios más operan en esta misma lógica de crimen tolerado y ausencia de Estado? La estructura criminal del CJNG no podría haberse consolidado sin cómplices silenciosos, sin instituciones que miraron hacia otro lado.
La historia de Teuchitlán no es un hecho aislado, sino el síntoma de un país fragmentado, donde la justicia llega tarde y a cuentagotas.
El desafío de romper el pacto de impunidad
Teuchitlán representa algo más que un caso criminal. Es un símbolo de lo que ocurre cuando el Estado se retira, cuando el crimen ocupa el territorio y cuando las víctimas deben organizarse para buscar justicia por su cuenta.
Las declaraciones de la FGR y la participación de la UNAM abren una oportunidad histórica: convertir el horror en evidencia, y la evidencia en verdad. Pero eso solo será posible si se rompe, de una vez por todas, el pacto de impunidad.
El país mira. Las familias esperan. Y la justicia no puede seguir siendo una promesa.
