A pesar de las órdenes judiciales explícitas, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) ha optado por archivar investigaciones cruciales. Este patrón de impunidad FGR acoso sexual es visible en el caso de un exjefe policial acusado de hostigamiento, quien no solo evitó la acción penal, sino que fue ascendido a un cargo directivo en Chiapas.
FEVIMTRA congela investigación contra exjefe de la Policía Federal Ministerial
Edgar Gerardo Aguilar Quintana, quien se desempeñó como exjefe de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México, ha sido denunciado desde hace dos años por hostigamiento sexual y discriminación. Sin embargo, la FEVIMTRA decidió limitar inicialmente su investigación solo al segundo delito.
Según la denuncia presentada por la víctima, identificada con las iniciales EMB, Aguilar Quintana le envió mensajes vía WhatsApp con insinuaciones sexuales. Al no obtener la respuesta esperada de su subalterna, una oficial investigadora, la víctima afirma que fue «congelada» en su puesto, impidiendo su crecimiento laboral dentro de la institución.
Cuando EMB acudió inicialmente al Ministerio Público a presentar su denuncia, se le sugirió que el entonces funcionario federal probablemente se encontraba en estado de ebriedad y que, por eso, después le ofreció disculpas, intentando justificar su conducta.
La víctima ha aportado elementos de prueba y testigos, ha solicitado diversos actos de investigación y denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC) las omisiones detectadas en la FEVIMTRA.
Desacato judicial y ascenso del denunciado
En septiembre de 2024, EMB solicitó una audiencia ante un juez de control para debatir sobre las omisiones del Ministerio Público en la carpeta de investigación y obtuvo un fallo favorable.
El juez emitió las siguientes determinaciones:
- Ordenó ampliar las líneas de investigación a hostigamiento sexual, considerando que la discriminación fue una consecuencia directa del hostigamiento.
- Ordenó implementar medidas de protección inmediatas para la víctima.
Pese a esta resolución, para marzo último la FEVIMTRA decidió no ejercer acción penal. Esta determinación fue impugnada y una juez que resolvió la impugnación la calificó de ilegal. La juzgadora ordenó reabrir la investigación y realizarla con perspectiva de género por ambos delitos.
A pesar de las múltiples órdenes judiciales de investigar a fondo y proteger a la víctima, el funcionario fue designado como “suplente para el despacho y resoluciones de los asuntos asignados a la Jefatura de la Policía Federal en el estado de Chiapas”.
Reproche directo al fiscal general
Al sentirse vulnerable por el nombramiento del investigado, el 23 de julio de este año EMB presentó un escrito ante el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, con copia al fiscal general, Alejandro Gertz Manero. A la fecha, la víctima no ha recibido respuesta alguna.
En la tarjeta informativa a la que *Proceso* tuvo acceso, EMB reprochó el nombramiento, señalando que el agresor ha intentado intimidar a sus testigos, que en su mayoría son mujeres.
El escrito de la víctima detalla que:
> “Promover a un puesto de mando a un servidor público que en el ejercicio de sus funciones ha vulnerado los derechos humanos y laborales de terceros, ha intimidado en aras del desistimiento de la denuncia en su contra y actuado en total desapego a los principios que nos rigen como personal adscrito a la Fiscalía General de la República, da muestra de la asimetría laboral que existe entre hombres y mujeres y que predomina al interior de la Policía Federal Ministerial, a su vez, implica la normalización de la violencia de género en el ámbito policial y transgrede mis derechos como víctima –señaló EMB en su escrito–”.
Irregularidades en la protección de la víctima
EMB también buscó ayuda en la Secretaría de las Mujeres, donde fue canalizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y presentó una queja. En el Consejo se le recomendó acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las irregularidades de la FEVIMTRA.
Adicionalmente, la víctima solicitó un tamizaje de riesgo para ajustar las medidas de protección; sin embargo, la agente del Ministerio Público (MP) encargada del caso consideró que no existe un riesgo “real y latente” para ella, aun cuando el investigado tiene acceso a armas, además de poder económico y político.
La tendencia de la impunidad en la FGR: El caso Rivera Cisneros
El caso de Aguilar Quintana no es un incidente aislado. Esta es la segunda ocasión en que un funcionario de alto nivel de la Fiscalía General de la República (FGR) es denunciado por acoso sexual y la FEVIMTRA decide no proceder penalmente en su contra, lo cual marca una peligrosa tendencia de impunidad institucional.
El 9 de mayo último, *Proceso* documentó el caso de Ana “N”, quien desde noviembre de 2017 intentó denunciar al delegado de la FGR en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, por presuntamente realizarle tocamientos, insinuaciones, y enviarle mensajes y cartas de índole sexual entre 2016 y 2017, cuando él era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero.
Los detalles del proceso contra Rivera Cisneros muestran una dilación constante:
- 2019: La FEVIMTRA aceptó iniciar la carpeta de investigación, pero en septiembre de ese año el Ministerio Público federal decretó el no ejercicio de la acción penal.
- Noviembre de 2019: Una juez de control revocó la decisión, destacando la falta de análisis sobre la asimetría de poder entre Ana y su agresor y la actuación con parcialidad de la FGR, ocasionando revictimización.
- 2022 (Noviembre 7): Cuatro años después de la primera revocación, y tras un nuevo decreto de no ejercicio de la acción penal, un juez de control revocó la decisión por segunda vez, considerando que el Ministerio Público fue omiso al no designar a Ana un asesor jurídico a pesar de las reiteradas solicitudes.
- Judicialización: Tras la última revocación, la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) judicializó el caso por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación.
- Agosto 25 último: El juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, rechazó vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros.
El 28 de agosto siguiente, la FEAI, Ana, e incluso su esposo, en calidad de víctima indirecta, presentaron un recurso de apelación contra esta última decisión, misma que se prevé sea resuelta en los próximos meses.
El patrón de rechazo sistemático a investigar a altos mandos en la FGR, a pesar de las evidencias, el daño a las víctimas y las órdenes explícitas de los jueces, desnuda una profunda crisis institucional. La asimetría de poder señalada por las víctimas y los jueces parece ser el principio rector que rige la procuración de justicia interna, perpetuando la normalización de la violencia de género y protegiendo a los agresores en puestos de mando. Esto no solo vulnera los derechos de las trabajadoras, sino que socava la credibilidad de una institución esencial para el Estado de derecho en México.
