En Palacio Nacional, la defensa de los migrantes mexicanos adquirió un nuevo tono. Claudia Sheinbaum, ya como Presidenta, lanzó un mensaje claro: el impuesto del 5% a las remesas es injusto, discriminatorio y violatorio de tratados internacionales.
Un nuevo frente: las remesas en la mira del Congreso de EU
Una propuesta de senadores republicanos en Estados Unidos ha desatado una reacción inmediata desde México. Se trata del proyecto “The One, Big, Beautiful Bill”, que pretende aplicar un gravamen del 5% a todas las remesas enviadas desde territorio estadounidense. La medida, aún en discusión legislativa, ya fue avalada por una comisión y podría llegar pronto al pleno del Congreso.
Pero el impacto no es solo financiero. En palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se trata de una acción profundamente discriminatoria que afecta directamente a millones de migrantes, independientemente de su estatus migratorio, y que además viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación vigente entre ambos países desde 1994.
¿Qué dice el Tratado de Doble Tributación?
El Artículo 24 del Tratado firmado entre México y Estados Unidos establece que ningún nacional de un Estado contratante será sometido a impuestos más gravosos que los nacionales del otro Estado en condiciones equivalentes. En otras palabras, los mexicanos no pueden ser sujetos a cargas fiscales diferenciadas solo por su nacionalidad o estatus migratorio.
La propuesta republicana, que busca usar este impuesto para financiar temas de seguridad fronteriza y migración, cae directamente en este supuesto de discriminación.
Las remesas: motor económico para México
Lejos de ser una cifra anecdótica, las remesas representan una de las principales fuentes de ingreso para el país. En 2024, México recibió 64,700 millones de dólares en remesas, el equivalente al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
En algunos estados, su peso es aún mayor:
- Chiapas: 16% del PIB estatal
- Guerrero: 14% del PIB
- En muchas comunidades, hasta el 20% del ingreso familiar depende de las remesas
Estos envíos ya fueron gravados en origen —como explicó el secretario de Hacienda, Edgar Amador—, por lo que aplicarles un nuevo impuesto sería, en efecto, una doble tributación.
Sheinbaum llama a la acción y pide movilización de migrantes
Durante su conferencia del 16 de mayo, la Presidenta hizo un llamado a la comunidad migrante para que exprese su rechazo al proyecto legislativo:
“Pidan a sus congresistas que no apoyen este impuesto; es injusto y regresivo.”
Además, cuestionó la lógica detrás de gravar a quienes menos tienen, proponiendo en su lugar que se enfoque la carga fiscal en quienes concentran mayor riqueza.
Defensa diplomática: México intensifica su presión
La Cancillería mexicana ha tomado cartas en el asunto. El embajador Esteban Moctezuma se encuentra ya en Washington reuniéndose con legisladores estadounidenses, en coordinación con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
Ambos funcionarios subrayan el carácter violatorio del gravamen propuesto y han enviado comunicaciones oficiales destacando la incompatibilidad de la iniciativa con el marco jurídico bilateral.
“México no tiene un impuesto similar para estadounidenses. Este proyecto introduce un trato desigual que no puede ser aceptado”, apuntó Roberto Velasco, jefe de unidad para América del Norte.
¿Por qué este impuesto es más que una cifra?
El impuesto propuesto no solo pone en riesgo la estabilidad económica de millones de familias mexicanas, sino que envía un mensaje político claro: que las contribuciones de los migrantes no son valoradas, y que se les puede convertir en fuente de financiamiento para políticas que, paradójicamente, buscan frenar la migración.
En términos fiscales, representa un retroceso en la cooperación bilateral. Y en términos sociales, una estigmatización económica de los mexicanos en el extranjero.
Lo que sigue: presión diplomática y movilización social
La propuesta aún debe pasar por otra comisión y ser discutida en el pleno del Congreso de EU. Mientras tanto, México ha iniciado una estrategia diplomática activa y la Presidencia apuesta por la movilización de los migrantes como bloque de presión.
La historia está en desarrollo, pero la postura de Claudia Sheinbaum es contundente: no se permitirá que los paisanos sean tratados como ciudadanos de segunda categoría.
El debate sobre el impuesto a las remesas trasciende lo fiscal. Pone sobre la mesa las tensiones estructurales en la relación México-Estados Unidos y el valor político, económico y simbólico de los migrantes. El gobierno mexicano ha encendido las alarmas, y todo indica que este será uno de los primeros grandes choques diplomáticos de la administración Sheinbaum. En juego está no solo un ingreso vital para millones de familias, sino la dignidad de quienes sostienen la economía desde el exilio.
