Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Organizaciones de la sociedad civil en Quintana Roo han solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una revisión urgente del proceder de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente estatal (SEMA), a cargo de Óscar Rébora.
La denuncia la fundamentaron en irregularidades reiteradas dentro de los Procedimientos de Evaluación del Impacto Ambiental, señalando prácticas de opacidad que vulneran el derecho a la información y el acceso a la justicia ambiental en la entidad.
Uno de los motivos centrales de la queja es la inhibición sistemática de la participación ciudadana; de acuerdo con la información proporcionada por las agrupaciones, la autoridad estatal ha ignorado más de 100 solicitudes para abrir consultas públicas que son fundamentales para la transparencia de los proyectos.
«La SEMA también ha realizado prácticas administrativas para inhibir la participación ciudadana, mediante el uso de formalismos excesivos, criterios restrictivos e interpretaciones indebidas o maliciosas de la ley estatal y su reglamento», denunciaron.
Además, se acusa la emisión de autorizaciones ambientales de forma acelerada o exprés, lo que impide que la sociedad civil conozca y analice los impactos de los proyectos antes de su aprobación.
También destacaron una preocupante invasión de facultades federales, argumentando que la autoridad estatal ha analizado y autorizado manifiestos de impacto ambiental de proyectos que, por su magnitud o localización, corresponden legalmente a la Federación.
«Esta actuación de la SEMA resulta jurídicamente cuestionable, pues invade competencias federales, debilita los mecanismos de control ambiental y genera un precedente preocupante de fragmentación y relajamiento de los estándares de protección ambiental», aseguraron.
Entre los denunciantes se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Selvame MX, quienes exigen que se detengan las inspecciones ilegales y restaurar el estado de derecho ambiental para asegurar que la protección del patrimonio natural de Quintana Roo no quede supeditada a trámites administrativos discrecionales o carentes de vigilancia pública efectiva.
