Un final anunciado para el IFT: entre la incertidumbre jurídica y el estrangulamiento presupuestal
En el centro del país, en oficinas cada vez más vacías y con el ánimo bajo, los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) viven días de incertidumbre. Saben que su institución, crucial para el ecosistema digital de México, está al borde de la extinción.
Lo que pocos comprenden es que este no es sólo el ocaso de un organismo autónomo, sino un punto de quiebre para la regulación de las telecomunicaciones y la competencia económica en el país.
El IFT está siendo desmantelado sin haber muerto del todo. Y esa ambigüedad legal no sólo vulnera sus operaciones, sino que puede impactar gravemente en sectores como internet, radio, televisión, telefonía y más.
¿Qué es el IFT y por qué es clave para México?
Un árbitro necesario en un juego desigual
El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue creado en 2013 como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
Su función ha sido, desde entonces, garantizar el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones y regular a gigantes como Telmex, América Móvil o Televisa.
El IFT no sólo regula tarifas, licencias y espectro radioeléctrico: también ha sido un contrapeso técnico y legal frente a los monopolios.
Su autonomía le permitía actuar sin estar subordinado al Ejecutivo federal, lo que ha sido clave para decisiones impopulares entre grandes corporaciones y gobiernos.
La resolución de la Corte: ¿sentencia de muerte anticipada?
Una omisión convertida en argumento de desaparición
El 15 de enero de 2025, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que sobreseyó la controversia constitucional del IFT, interpuesta en 2022. Esta buscaba que el Presidente cumpliera con su obligación legal de nombrar a las comisionadas faltantes.
Pero la Corte, en una decisión considerada jurídicamente frágil, declaró que ya no tenía sentido resolver la omisión… porque el IFT “ya no existía”.
Esto, aunque la reforma que ordena su desaparición establece que la extinción no ocurre hasta que se expidan nuevas leyes. A la fecha, esas leyes no existen, lo que legalmente mantiene vivo al instituto.
¿Qué implica esto?
- Cualquier resolución tomada por el IFT desde diciembre de 2024 podría ser impugnada.
- Los regulados podrían desconocer su autoridad, abriendo la puerta al caos normativo.
- Se genera incertidumbre jurídica que puede frenar inversiones en telecomunicaciones.
“No se puede declarar inexistente un órgano que sigue funcionando jurídicamente. Esta resolución vulnera el estado de derecho”, comentó un excomisionado del IFT bajo anonimato.
Un presupuesto diseñado para desaparecer
De más de 5 mil millones a menos de 500
El golpe presupuestal ha sido igual de letal. En 2025, el IFT recibió sólo 500 millones de pesos: apenas el 10% de lo que tenía en 2014.
Pero más grave aún es que el calendario aprobado indica que para agosto ya no podrá gastar un solo peso.
“Sin dinero no hay regulación posible. No habrá forma de pagar nómina, mantener sistemas ni cumplir con los mínimos legales”, afirma una fuente dentro del IFT.
Este estrangulamiento financiero convierte al IFT en un muerto en vida: legalmente existe, pero operativamente está colapsando.
¿Qué pasa si desaparece el IFT?
Un ecosistema digital sin árbitro
La desaparición del IFT no sólo significaría la pérdida de un órgano técnico autónomo. Su ausencia provocaría:
- Vacío regulatorio: las decisiones técnicas quedarían en manos de dependencias del Ejecutivo.
- Mayor concentración: sin contrapesos, grandes empresas de telecomunicaciones podrían aumentar precios o reducir calidad sin sanción.
- Riesgo a derechos digitales: sin una autoridad autónoma, la vigilancia, privacidad y acceso equitativo a internet estarían en peligro.
- Retroceso internacional: México perdería credibilidad como país que promueve competencia y transparencia.
Además, el nuevo modelo institucional propuesto —una agencia bajo el Ejecutivo— aún no existe. Ni estructura, ni personal, ni presupuesto. Es decir: el país quedaría sin árbitro durante meses o años.
La transición incierta: ¿y los trabajadores?
De la autonomía al limbo laboral
El nuevo marco jurídico establece que el personal del IFT se integrará a las nuevas autoridades. Pero:
- La “Agencia de Regulación de Telecomunicaciones” aún no ha sido creada.
- El organismo antimonopolios, que debería sustituir parte de las funciones del IFT, tampoco tiene estructura.
- No hay claridad sobre qué pasará con las prestaciones, plazas o antigüedad del personal actual.
“Es un atropello laboral. Muchos llevan más de una década sirviendo al país con profesionalismo técnico”, denuncia una trabajadora del área de espectro.
¿Quién es responsable de este vacío?
La cadena de omisiones institucionales
- Ejecutivo: al negarse a nombrar comisionadas desde 2022, violó la Constitución y empujó al IFT al colapso operativo.
- Congreso: al no emitir las nuevas leyes para los entes sustitutos, mantiene al IFT en el limbo.
- Corte: con su resolución del 15 de enero, validó un argumento sin sustento legal y generó incertidumbre jurídica.
Esta situación no es producto de un accidente, sino de una decisión política de desmantelar los órganos autónomos sin un plan de transición sólido ni ordenado.
Contexto político: Sheinbaum hereda una bomba
La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asumirá funciones en septiembre de 2025. Para entonces, el IFT ya podría estar colapsado y sin operación real.
A ella le tocará definir:
- Si impulsa una nueva estructura de regulación funcional y autónoma.
- Si corrige el rumbo de esta desaparición forzada.
- O si se alinea con la visión presidencialista que busca concentrar el poder regulador en el Ejecutivo.
La decisión tendrá consecuencias económicas, sociales y políticas de largo alcance.
No era necesario un final tan indigno
El IFT ha sido, por años, un modelo de regulación técnica y autónoma, reconocido a nivel internacional. Ha protegido al usuario final, ha equilibrado poderes económicos, y ha promovido el desarrollo del ecosistema digital en México.
Su desmantelamiento improvisado no sólo pone en riesgo al sector, sino que envía un mensaje preocupante: en México, la institucionalidad puede desaparecer con una simple omisión.
Este no era el final que merecía el IFT. Y si no se corrige, no será el único organismo autónomo que caiga.
