Alejandro Peza
CHETUMAL.- El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) deberá extinguirse antes de que finalice el primer semestre de 2025. Esto se debe a una reforma federal que ordena su desaparición.
Este martes, la gobernadora Mara Lezama presentó a los diputados del Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo).
La iniciativa establece que las nuevas funciones del organismo serían asumidas por una nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, además de órganos internos de control de los poderes estatales y municipales.
También se establece que el Idaipqroo será sustituido por un sistema centralizado que busca reducir la burocracia y optimizar recursos. Las responsabilidades de transparencia se dividirán entre:
• Administración estatal: Supervisada por la Secretaría Anticorrupción.
• Órganos autónomos y municipios: Gestionadas por sus órganos internos de control.
• Partidos políticos y sindicatos: Atendidas por el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Centro de Conciliación Laboral, respectivamente.
La extinción del Idaipqroo dependerá de reformas secundarias que deben aprobarse en un plazo de 90 días. Durante este tiempo, el personal y los recursos del instituto serán transferidos a las nuevas entidades responsables.
La iniciativa argumenta que este cambio fortalecerá la transparencia y modernizará la administración pública, pero críticos de la iniciativa advierten que la centralización podría comprometer la independencia de los procesos de acceso a la información.
La propuesta será analizada por las comisiones legislativas en un debate que podría redefinir el acceso a la información en Quintana Roo.
Hay que señalar que en el fondo del asunto existe un movimiento político interno que busca la forma de salvar al Idaipqroo, ya sea evitando la reforma federal o dándole al organismo otro estatus legal.
O sea, desaparecer y volverlo a crear, como se hizo con el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
El problema es que una decisión de esas debería recaer sobre la gobernadora Mara Lezama.
