Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El diputado Hugo Alday presentó una iniciativa para impulsar la inclusión laboral, equidad remunerativa y la no discriminación.
El objetivo es que las personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores tengan un empleo justo y bien remunerado y con ello evitar la discriminación en el trabajo.
A continuación el comunicado íntegro:
La oportunidad de ser partícipe en el mercado laboral constituye uno de los más importantes factores para la inclusión social y el desarrollo de las personas, lo cual se traduce en el fortalecimiento del tejido social. Una nación próspera se crea con empleos dignos para todos sus habitantes, por ello es necesario que las personas cuenten con empleos que les posibiliten llevar el sustento diario a su hogar, así como brindar un mejor futuro para sus hijas e hijos.
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Por ello, la iniciativa presentada por el Diputado Hugo Alday, consiste en reformar y adicionar fracciones del Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y reformar fracciones del Artículo 21 de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, a fin de impulsar, velar, ayudar y gestionar todas aquellas actividades que se encuentren encaminadas a lograr inclusión laboral, equidad remunerativa y la no discriminación para todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad (pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad), con el fin de nivelar el marco de oportunidades y el desarrollo del bienestar de las y los quintanarroenses.
Las cifras del INEGI a nivel nacional revelan que en 2020, de 126 millones de habitantes, 96 millones se encuentran en edad de trabajar: las mujeres representan por encima del 52% del total, aunque solo el 42 % se encuentran activas en el mercado laboral.
También se establece que, en nuestro país, 6,179, 890 de personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9% de la población total del país (INEGI, 2020). Es decir, casi 5% de la población, también enfrenta grandes obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, relacionados primordialmente con actos de discriminación, así como la falta de accesibilidad universal en los centros de trabajo.
Para el caso de los adultos mayores, INEGI reportó que en 2020 residían en México 15.1 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 12% de la población total. Pero solo 4.3 millones cuentan con un empleo (INEGI, Comunicado de Prensa, 2021).
Acorde a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, los grupos a los cuales se les negó el derecho al trabajo con mayor frecuencia son las personas con discapacidad, las personas no heterosexuales, las personas indígenas, las personas con adscripción afrodescendiente, mujeres y personas mayores de 60 años.
Para mitigar la pobreza y disminuir la brecha de desigualdad es fundamental que el mercado laboral funcione adecuadamente. Si bien en la actualidad se distingue un marco regulatorio en relación con la inclusión laboral, aún existen diversas maneras de discriminación en el mercado laboral, que se convierten en serias limitantes para el acceso, permanencia y desarrollo en el empleo de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
Estas conductas de discriminación niegan el ejercicio equitativo de libertades, derechos y oportunidades de la persona, ya que la excluye y la coloca en desventaja para desarrollar de forma plena de su vida.
El fomento de la inclusión social se genera proveyendo a los sectores vulnerables, desprotegidos y discriminados, de los medios necesarios para el desarrollo de una vida digna y estable. La inclusión laboral por su parte significa asegurar el derecho a la salud, a la educación, y a una estabilidad financiera, entre otros factores que contribuyen a que la sociedad se desarrolle de forma plena y equitativa.
Resulta prioritario crear las condiciones vitales paga la incorporación de todas y todos los ciudadanos de nuestra nación a un trabajo digno y socialmente útil, con especial énfasis en el favorecimiento a que, los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cuenten con oportunidades laborales e incentivar el ejercicio pleno de los derechos de las y los trabajadores.
