Vimos recientemente la elección de la primera mujer presidenta en México. Ahora, presenciamos otro hito histórico: la llegada de Hugo Aguilar, el primer indígena en liderar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras las recientes elecciones judiciales.
Un líder surgido de elecciones inéditas
Hugo Aguilar Ortiz resultó ser el candidato con mayor respaldo en las elecciones judiciales que se celebraron el pasado 1 de junio. A partir del 1 de septiembre, asumirá la presidencia del máximo órgano judicial del país, un cargo de gran relevancia nacional.
Visión y objetivos del nuevo presidente
Observamos en su primer discurso tras conocerse los resultados, que Aguilar enfatizó el origen popular de la corte, declarando que “Esta corte surge del pueblo, se debe al pueblo y al pueblo habrá de rendir cuentas”. Manifestó su intención de fomentar “acuerdos entre diferentes” y planteó que los jueces no deben ser un obstáculo para los cambios, promoviendo un “diálogo con la realidad nacional”. Estos puntos, según análisis especializados, podrían interpretarse como una crítica o un contrapunto a la actuación de la corte saliente, vista por algunos como un escollo para las iniciativas del partido oficialista. Tras obtener cerca de 6 millones de votos, hizo un llamado a la unión en el Poder Judicial, buscando erradicar la “corrupción, el nepotismo y el clasismo”. Aguilar afirmó que “Las causas sociales serán la base del nuevo rostro de la justicia en México”.
Trayectoria al servicio de los pueblos originarios
Nacido en Oaxaca en 1973, Aguilar cuenta con una vinculación de más de tres décadas con la defensa de los derechos de los pueblos originarios en México. Es abogado y posee una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
- Fue consultor en temas de tierras indígenas para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
- Trabajó en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
- Ocupó el cargo de subsecretario de Derechos Indígenas en el Gobierno de Oaxaca.
- Dirigió el área de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desde 2018.
La presidenta Sheinbaum expresó su respaldo a Aguilar en su aspiración al cargo, indicando su deseo de que un indígena llegara a la Suprema Corte.
Participación en proyectos de infraestructura y controversias
Desde el INPI, Aguilar coordinó consultas con las comunidades indígenas sobre proyectos de infraestructura prioritarios para el gobierno, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estos proyectos generaron rechazo local debido a su impacto ambiental y cultural. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas cuestionó en su momento estas consultas, señalando baja participación y falta de información. Comunidades en la península de Yucatán, por ejemplo, denunciaron que el Tren Maya se construyó sin consulta previa. Aguilar representó al gobierno en la atención a estas quejas, muchas de las cuales, según informes, aún persisten.
El contexto de la reforma judicial
La elección de Aguilar se inscribe en el marco de una reforma constitucional impulsada por el gobierno anterior. Esta reforma redujo el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, creó un Tribunal de Disciplina Judicial y estableció el sistema de elección de jueces mediante voto popular. Diversos análisis especializados sugieren que, tras estos comicios, los organismos clave del sistema de justicia quedaron integrados mayoritariamente por juristas cuyas trayectorias los alinean con el partido en el poder.
Perspectivas críticas sobre el nuevo sistema
Aunque existe un reconocimiento general sobre la necesidad de reformar el sistema judicial, expertos de diversas corrientes han manifestado preocupación. Alertan que el nuevo sistema, bajo control del partido de gobierno, podría representar un riesgo para el estado de derecho democrático en México. Críticos del sector indígena también señalan que, a pesar de que el gobierno ha declarado prioritario el tema de los pueblos originarios, algunas reformas estructurales clave, como la que garantiza representación política y propiedad de tierras ancestrales, siguen pendientes.
Desafíos y cuestionamientos al proceso electoral
El proceso electoral que llevó a Aguilar a la presidencia de la Corte no ha estado exento de polémica. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido un número considerable de impugnaciones, superando el centenar. Estas denuncias apuntan a presuntas irregularidades en la organización de los comicios y la supuesta injerencia del partido de gobierno en el voto ciudadano, mencionando el uso de “acordeones” o listas de candidatos recomendados por Morena.
Impugnaciones y advertencias internacionales
Ante las quejas, un consejero electoral del INE propuso no declarar la validez de las elecciones, sugiriendo dejar esta decisión en manos de la Suprema Corte, que será presidida por los magistrados actuales hasta finales de agosto. A nivel internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una recomendación en la que aconsejó a otros países no replicar el modelo de elección judicial implementado en México, argumentando que podría debilitar la imparcialidad de la Justicia.
Más allá del simbolismo: Implicaciones políticas
La elección de jueces en México tiene una larga historia cargada de simbolismo político. Durante el gobierno de 2018 a 2024, el Poder Judicial, a través de amparos constitucionales, bloqueó un número significativo de reformas propuestas por el mandatario. Esta dinámica llevó a que los jueces fueran percibidos por el gobierno como una rama opositora al servicio de élites. Por ello, la reforma judicial y la elección que la acompaña son interpretadas por muchos como una respuesta política, más que como una medida puramente técnica para mejorar un sistema judicial que enfrenta desafíos como ineficiencia y corrupción. Desde la perspectiva del partido de gobierno, la elección de Aguilar representa una reivindicación histórica para los pueblos originarios, que constituyen aproximadamente el 20% de la población y han enfrentado siglos de discriminación. La presidenta Sheinbaum ha destacado este simbolismo, comparando la llegada de Aguilar, un indígena mixteco, con la época de Benito Juárez, quien era zapoteco.
La pregunta sobre la efectividad ante grandes retos
La gran interrogante que surge es si este gesto simbólico se traducirá en mejoras concretas en la realidad. Los desafíos del sistema de justicia en México son de gran envergadura, especialmente en un contexto de emergencia de seguridad donde el crimen organizado ejerce control territorial, político y económico en amplias zonas del país. La efectividad del nuevo sistema y su capacidad para enfrentar estos retos serán cruciales para evaluar su impacto real más allá del fuerte simbolismo político.
