La captura de Israel Molina Núñez, “El Mil Millones”, desveló una red de huachicol México que operaba a gran escala. Pero el caso trasciende el delito, exponiendo cómo la política instrumentaliza la lucha contra el crimen organizado en un país polarizado.
Anatomía de una red criminal y la política del crimen
Este informe presenta un análisis exhaustivo de Israel Molina Núñez, conocido por el alias de “El Mil Millones”, y su papel dentro de la organización de Robo de combustible (huachicol) liderada por Cirio Sergio Rebollo Mendoza, “Don Checo”. La investigación establece que Molina Núñez era un operador de alto rango, con funciones críticas.
Sus responsabilidades incluían la corrupción de funcionarios y la falsificación de documentos para legitimar el hidrocarburo robado. Esta función subraya la sofisticación de la red criminal.
Su detención a finales de junio de 2025, como parte de un megaoperativo federal, culminó con su reclusión en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Allí enfrenta un proceso judicial por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Una parte central de la investigación aborda las acusaciones que vinculan a Molina Núñez y a la organización con el partido gobernante de México, Morena. El análisis concluye que, si bien estas alegaciones han sido prominentes en el discurso político y en columnas de opinión, carecen de sustento en la evidencia fáctica disponible.
De hecho, la única afirmación específica que lo vincula con un cargo público apunta a la Dirección de Seguridad del municipio de Jilotepec, Estado de México. Esta demarcación estaba gobernada por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el periodo en cuestión. Esta contradicción sugiere que el caso ha sido instrumentalizado dentro de la polarizada arena política mexicana.
El informe sitúa el caso de “El Mil Millones” en el contexto más amplio del huachicol como una amenaza a la seguridad nacional. Se detalla el devastador impacto económico para el Estado, la corrosión del tejido social en las comunidades donde opera, y la violencia que genera.
Finalmente, se analiza la evolución de la estrategia estatal para combatir este delito. Ha transitado de un enfoque de seguridad física a uno basado en la inteligencia financiera y la integridad de la cadena de suministro. Incluye una creciente y decisiva cooperación binacional con Estados Unidos. Este caso, por tanto, no es solo la crónica de un grupo criminal, sino un estudio de las complejas interacciones entre el crimen organizado, la corrupción institucional y la contienda política en el México contemporáneo.
El desmantelamiento de una empresa criminal
Esta primera parte del informe establece la base fáctica del caso criminal. Se centra en los individuos clave, la estructura de la organización desarticulada y la cronología del proceso judicial que se sigue en su contra. El objetivo es proporcionar un entendimiento claro y documentado de la naturaleza y escala de la red delictiva antes de analizar sus presuntas ramificaciones políticas.
Perfil de un operador clave: Israel Molina Núñez, “El Mil Millones”
La figura de Israel Molina Núñez es central para comprender la capacidad operativa y la sofisticación de la red de robo de combustible desmantelada a mediados de 2025. Identificado por las autoridades federales con el alias de “El Mil Millones”, su rol trascendía el de un mero integrante. Se posicionaba como una pieza fundamental en la estructura logística y financiera de la organización.
Si bien el origen preciso de su apodo no ha sido especificado en los informes oficiales, lo que representa una laguna de información, su función dentro del esquema criminal ofrece pistas sobre su posible significado. Dentro de la jerarquía delictiva, Molina Núñez era considerado uno de los principales operadores financieros y logísticos.
Su posición era de alto rango. Sus responsabilidades, según lo documentado por las investigaciones federales, eran duales y de carácter estratégico para el éxito de la empresa criminal.
En primer lugar, se le atribuye la función de ser el enlace con las autoridades. Era el responsable de “mantener contacto con autoridades”, una descripción que en el contexto de la delincuencia organizada en México implica la gestión de redes de corrupción, el pago de sobornos y la obtención de protección institucional. Esto era clave para garantizar la continuidad de las operaciones ilícitas.
En segundo lugar, y de manera complementaria, Molina Núñez estaba encargado de la “fabricación” de documentación apócrifa. Su tarea era generar los papeles necesarios para acreditar la procedencia y la supuesta legalidad de los hidrocarburos sustraídos. Esta función es crítica, ya que permitía “lavar” el producto robado, insertándolo en el mercado formal.
La combinación de estas dos funciones revela un nivel de especialización que va más allá del crimen común. Molina Núñez no era simplemente un ladrón de combustible; actuaba como un especialista en corrupción y fraude. Era un operador de “cuello blanco” integrado en una estructura de crimen organizado.
Su capacidad para navegar la burocracia estatal y, al mismo tiempo, falsificarla, sugiere que la organización de “Don Checo” no se limitaba a la extracción física del hidrocarburo. Había desarrollado una sofisticada división de trabajo que incluía un componente de fraude documental para maximizar y blanquear sus ganancias. Este entendimiento de los procesos estatales y las lagunas legales es lo que permitía a la red transformar un producto robado en un activo líquido y rentable.
Por lo tanto, el alias “El Mil Millones” probablemente no alude únicamente al valor del Combustible robado. Puede referirse a su función indispensable para monetizarlo a una escala masiva, convirtiendo el producto ilícito en miles de millones de pesos en ganancias efectivas.
En cuanto a su historial legal, los registros públicos muestran que Israel Molina Núñez ya tenía presencia en una de las zonas clave de operación de la banda antes de su detención. En febrero de 2023, promovió un procedimiento de jurisdicción voluntaria (Información Ad Perpetuam) en el Juzgado Segundo Civil de Jilotepec, en el Estado de México. Este dato lo sitúa geográficamente en el corazón del territorio de la organización más de un año antes del operativo que condujo a su captura.
La organización “Don Checo”: Estructura, escala y modus operandi
La célula delictiva desarticulada en junio de 2025 era una empresa criminal estructurada y con un alto grado de especialización. Su liderazgo y operaciones estaban claramente definidos. Al frente de la organización se encontraba Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, identificado por las autoridades como el líder principal.
Bajo su mando operaba un círculo cercano de lugartenientes con roles específicos que garantizaban la eficiencia de la red. Entre sus principales operadores se encontraban, además de Israel Molina Núñez (“El Mil Millones”), figuras como:
- Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”, señalado como socio y operador principal.
- Aurelio Hernández Lozano, conocido como “Gepeto” o “El Inge”, un ingeniero encargado de la construcción de tanques de almacenamiento y de actuar como intermediario en la venta del hidrocarburo.
- Eréndira Jacala García Hernández, alias “La Yeyé”, a quien se le atribuye la responsabilidad de establecer acuerdos con autoridades policiales y ministeriales para asegurar la protección de la red.
- Diego Rebollo González, identificado como operador financiero y logístico principal.
La escala de sus operaciones era masiva. Funcionarios del gabinete de seguridad estimaron que la banda de “Don Checo” causaba un daño financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) de aproximadamente 1,200 millones de pesos anuales. Esta cifra monumental no es producto de un robo oportunista, sino de una operación industrial y sostenida en el tiempo, que se presume inició sus actividades a gran escala desde el año 2015.
Geográficamente, la red controlaba un corredor estratégico en el centro del país, con una fuerte presencia en el Estado de México, Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México. Sus centros de operación, que incluían Tomas clandestinas, bodegas y patios de maniobra, se ubicaban en municipios del Estado de México como Nopaltepec, Polotitlán, Jilotepec y Soyaniquilpan.
La ubicación de estos inmuebles no era casual. Las indagatorias revelaron que al menos 11 de los 12 predios asegurados se encontraban en las proximidades de los ductos de Pemex. Estos distribuyen gas y otros combustibles a los principales centros de consumo del país.
El modus operandi de la organización de “Don Checo” replicaba, en la ilegalidad, la cadena de suministro de una empresa energética formal:
- Extracción: Establecieron y operaron al menos dos grandes tomas clandestinas conectadas directamente a poliductos de Pemex.
- Ocultamiento y almacenamiento: Para evitar ser detectados, ocultaban sus operaciones en predios que simulaban ser negocios legítimos, como gaseras o pensiones para tráileres. Allí, el ingeniero “Gepeto” supervisaba la construcción de tanques y la infraestructura para almacenar el combustible robado.
- Distribución y venta: Una vez almacenado, el hidrocarburo era distribuido, presuntamente a través de gasolineras y clientes industriales cómplices, para su venta final al público.
- Legitimación y protección: Paralelamente, “El Mil Millones” creaba la documentación falsa para amparar traslados y ventas, mientras “La Yeyé” y él mismo gestionaban la red de corrupción con autoridades.
Esta estructura jerárquica y la división del trabajo en roles tan especializados demuestran que la organización de “Don Checo” funcionaba como una empresa paralela a Pemex. La capacidad para perforar ductos con precisión, construir infraestructura de almacenamiento y generar documentación fraudulenta apunta a conocimientos técnicos y burocráticos que difícilmente se adquieren fuera del sector.
Este hecho sugiere de manera contundente la existencia de una profunda colusión con personal o ex-personal de Pemex y de otras instancias gubernamentales. Ellos habrían proporcionado la información y la pericia necesarias para mantener una operación de tal magnitud durante casi una década.
| Nombre | Alias(es) | Rol documentado | Estatus legal y ubicación actual |
| Cirio Sergio Rebollo Mendoza | “Don Checo” | Líder de la organización criminal | Vinculado a proceso. Prisión preventiva en el CEFERESO N.º 1 “Altiplano” |
| Israel Molina Núñez | “El Mil Millones” | Operador financiero y logístico de alto rango; encargado del contacto con autoridades y la falsificación de documentos | Vinculado a proceso. Prisión preventiva en el CEFERESO N.º 1 “Altiplano” |
| Luis Miguel Ortega Maldonado | “El Flaco de Oro” | Principal operador y socio de la organización | Vinculado a proceso. Prisión preventiva en el CEFERESO N.º 1 “Altiplano” |
| Aurelio Hernández Lozano | “Gepeto”, “El Inge” | Miembro de alto rango; ingeniero encargado de construir tanques y ser intermediario en la venta de hidrocarburos | Vinculado a proceso. Prisión preventiva en el CEFERESO N.º 1 “Altiplano” |
| Diego Rebollo González | No especificado | Principal operador financiero y logístico | Vinculado a proceso. Prisión preventiva en el CEFERESO N.º 1 “Altiplano” |
| Eréndira Jacala García Hernández | “La Yeyé” | Responsable de establecer convenios con autoridades policiales y ministeriales; encargada del transporte | Vinculada a proceso. Prisión preventiva en el CEFERESO Femenil N.º 16 en Morelos |
La trayectoria judicial: De la captura al proceso
El desmantelamiento de la red de “Don Checo” fue el resultado de una operación de inteligencia de gran envergadura. Fue coordinada por diversas agencias de seguridad del Estado mexicano. La fase de investigación se extendió por más de seis meses.
Culminó en un operativo simultáneo ejecutado los días 28 y 29 de junio de 2025. Las acciones, lideradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), se desplegaron en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro. Se logró la captura de 32 presuntos miembros de la organización.
El golpe fue calificado como “histórico” por las autoridades. No solo por el número de detenciones, sino por la magnitud de los bienes asegurados. En los cateos se incautaron 12 inmuebles que funcionaban como centros de operaciones, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, múltiples contenedores tipo tanque y pipas, 48 vehículos de diversa gama (incluyendo modelos de lujo y blindados), 36 armas de fuego, y casi 16 millones de pesos en efectivo, entre otros activos.
El proceso judicial contra los líderes de la red avanzó con celeridad. La FGR imputó a Israel Molina Núñez, “Don Checo” y a los demás operadores principales por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, además de los delitos específicos de posesión, almacenamiento y sustracción ilícita de combustibles. Esta calificación legal es de suma importancia, ya que el cargo de delincuencia organizada implica un tratamiento judicial más severo.
Durante la audiencia inicial, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional. Esta es una táctica legal común que otorga a la defensa más tiempo.
Finalmente, alrededor del 9 de julio de 2025, el juez de control determinó vincular a proceso a “Don Checo”, Molina Núñez y a otros cuatro operadores clave. Consideró que existían elementos suficientes para iniciar un juicio en su contra.
Como parte de esta resolución, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esto significa que los acusados permanecerán en la cárcel durante todo el proceso sin derecho a fianza. Asimismo, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Como reflejo de la alta peligrosidad atribuida a los detenidos, Molina Núñez y los demás líderes masculinos fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”. La elección de esta prisión de máxima seguridad, conocida por albergar a los criminales más notorios de México, junto con la imputación por delincuencia organizada, envía una señal inequívoca por parte del Estado.
El caso no está siendo tratado como un robo común, sino como un asunto de seguridad nacional. Esta estrategia legal busca asegurar que los acusados no se fuguen y desmantelar por completo la estructura criminal, sus redes de protección y sus finanzas. Sienta un precedente en la lucha contra el huachicol. El extenso plazo de investigación complementaria sugiere, además, la intención de la FGR de construir un caso sólido que podría extenderse a otros cómplices, incluyendo posibles funcionarios corruptos.
| Fecha (aproximada) | Evento | Actores clave involucrados | Resultado / decisión legal | Fuente(s) |
| c. Enero 2025 | Inicio de la operación de inteligencia | SSPC, FGR, agencias federales | Recopilación de información durante seis meses para identificar y ubicar a la red. | |
| 28-29 de junio de 2025 | Ejecución de cateos y detenciones | SSPC, FGR | Captura de 32 presuntos miembros, incluyendo a la cúpula de la organización. | |
| c. 2 de julio de 2025 | Audiencia inicial | Juez de control, FGR, defensa de los imputados | La defensa solicita y obtiene la duplicidad del término constitucional. | |
| c. 9 de julio de 2025 | Audiencia de vinculación | Juez de control, FGR, defensa de los imputados | Se dicta auto de vinculación a proceso contra “Don Checo”, Molina Núñez y otros 4 operadores. | |
| Julio 2025 | Imposición de medidas cautelares | Juez de control | Se impone prisión preventiva oficiosa y se fija un plazo de 6 meses para la investigación complementaria. |
La investigación del nexo político
Esta sección aborda de manera crítica la interrogante central del usuario sobre los presuntos vínculos de Israel Molina Núñez con el partido Morena. Se realiza un análisis forense de las afirmaciones, contrastando la retórica política y mediática con los datos verificables. Esto ofrece una evaluación objetiva de la evidencia disponible y contextualiza las acusaciones.
La conexión Jilotepec: Deconstruyendo una afirmación crítica
La alegación más específica y potencialmente comprometedora que vincula a Israel Molina Núñez con una estructura de gobierno proviene de una única fuente: una columna de opinión publicada en el Periódico Zócalo. Dicho texto afirma textualmente que Molina Núñez era un “mando medio de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Jilotepec, en el Estado de México”.
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Esta aseveración es de suma importancia. De ser cierta, establecería un nexo directo entre un operador clave del huachicol y el aparato de seguridad de un gobierno local. Esto abriría la puerta a investigaciones sobre corrupción institucional.
Sin embargo, un análisis riguroso de los datos oficiales sobre la administración política del municipio de Jilotepec revela una contradicción fundamental. Durante el periodo de gobierno 2021-2024, que abarca el tiempo en que Molina Núñez supuestamente ocupaba dicho cargo, el presidente municipal de Jilotepec fue Rodolfo Nogués Barajas, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Este hecho no es un dato aislado. Se enmarca en el resultado de las elecciones municipales de 2021 en el Estado de México, en las cuales el PRI experimentó un resurgimiento significativo, duplicando el número de alcaldías bajo su control. Mientras tanto, Morena, el partido en el poder a nivel federal, perdió la mitad de los municipios que gobernaba. Por lo tanto, Jilotepec estaba firmemente bajo el control de un partido de oposición durante el lapso relevante.
Esta flagrante contradicción entre la afiliación política del gobierno de Jilotepec (PRI) y la implicación de que Molina Núñez trabajaba para una administración de Morena desmantela la línea de argumentación más directa. Si la única afirmación verificable sobre un puesto público lo sitúa, hipotéticamente, bajo una administración del PRI, la narrativa de un “operador de Morena” se debilita de manera crítica.
Este escenario obliga a considerar varias hipótesis alternativas:
- Desinformación o error: La afirmación en la columna de opinión es simplemente incorrecta, ya sea por un error periodístico o como parte de una campaña de desinformación política.
- Corrupción transpartidista: La red de “Don Checo” podría haber corrompido a funcionarios del municipio de Jilotepec independientemente del partido en el poder. Esto indicaría un nivel de captura del Estado que trasciende las lealtades partidistas.
- Vínculos a otros niveles: Si existiera un vínculo con Morena, este no se encontraría en el nivel municipal de Jilotepec. Tendría que buscarse en estructuras estatales, federales o a través de redes informales y personales.
La falsedad aparente de la conexión con Jilotepec como un bastión de Morena es el punto más débil en la construcción del caso público contra el partido. Sugiere que la narrativa predominante en ciertos círculos mediáticos puede estar impulsada por una agenda de oposición política más que por evidencia presentada por los fiscales.
En lugar de una conexión directa y comprobable, el caso parece ilustrar cómo las redes criminales pueden penetrar las instituciones locales sin importar el color del partido. Y cómo estas realidades complejas son a menudo simplificadas o distorsionadas en el debate público para atacar a adversarios políticos. El enfoque analítico, por lo tanto, debe desplazarse de la pregunta “¿Existe un vínculo con Morena?” a una más amplia: “¿Cuál es el espectro completo de la colusión estatal, independientemente del partido político involucrado?”.
Retórica vs. realidad: Deconstruyendo las narrativas mediáticas
El caso de Israel Molina Núñez y la banda de “Don Checo” se ha convertido en un claro ejemplo de cómo un evento delictivo puede ser interpretado y presentado a través de dos lentes completamente distintos. Esto refleja la profunda polarización del entorno mediático y político en México.
Por un lado, existe una narrativa acusatoria que utiliza el caso como un ariete contra el partido gobernante. Esta narrativa se encuentra principalmente en columnas de opinión y editoriales con una clara línea de oposición. Un ejemplo notorio es un texto que aprovecha las detenciones para calificar a Morena, de manera generalizada y sin presentar pruebas específicas del caso, como un “narcopartido”.
Este tipo de comentario no busca analizar el éxito del operativo de seguridad, sino enmarcarlo como una prueba de la supuesta criminalidad inherente al partido en el poder. La detención de Molina Núñez no es vista como un logro del Estado, sino como la caída de una pieza del engranaje corrupto del gobierno.
En el extremo opuesto se encuentra la narrativa oficial y fáctica, promovida por el gobierno federal y reflejada en los reportes de noticias más directos. En las conferencias de prensa y comunicados oficiales, figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han presentado el desmantelamiento de la red como un golpe contundente y no partidista contra la delincuencia organizada.
Notablemente, un análisis de la cobertura del periódico La Jornada indica que, en sus reportes sobre el caso, las autoridades federales no mencionaron ninguna afiliación política de Molina Núñez o de la banda de “Don Checo”. Esta narrativa se enfoca en la efectividad de las instituciones de seguridad y en el combate frontal a un delito que lacera las finanzas públicas y la seguridad nacional.
La reacción del propio partido Morena se sitúa en un plano defensivo. Responde al daño político generado por las acusaciones. Tras la difusión de los presuntos vínculos, la dirigencia del partido anunció su intención de implementar un filtro más estricto para las futuras afiliaciones y de investigar los antecedentes de sus miembros.
Esta medida, más que una admisión de culpabilidad, es una estrategia de control de daños. Demuestra que el partido percibe las acusaciones como una amenaza seria a su reputación que requiere una respuesta pública. Reconoce la toxicidad política de ser asociado con el crimen organizado.
La coexistencia de estas narrativas tan dispares revela que el caso “Don Checo” es un campo de batalla en la guerra de información que se libra en México. La figura de Israel Molina Núñez ha sido instrumentalizada, y la “verdad” sobre sus conexiones políticas es activamente disputada por actores con intereses contrapuestos.
La ausencia de evidencia sobre el nexo con Morena en las fuentes oficiales y judiciales, en contraste con su prominencia en el discurso de opinión, ilustra la *weaponization* de los casos de justicia penal. Se usan como herramientas de lucha política. Un análisis completo del caso debe incluir necesariamente una dimensión de análisis mediático.
Un patrón de acusaciones: El contexto general de la narcopolítica
Las acusaciones que intentan vincular a Israel Molina Núñez con Morena no surgen en un vacío. Se insertan en una narrativa política preexistente y potente. Su antecedente más importante es el caso de Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”.
Una denuncia formal presentada en cortes federales de Estados Unidos alega que Sergio Carmona, un empresario asesinado en 2021, financió ilegalmente la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018. También habría financiado campañas de varios candidatos de Morena a gubernaturas en 2021.
Las acusaciones son de extrema gravedad. Implican a figuras de alto nivel del partido, como el dirigente Mario Delgado. Describen un vasto esquema de corrupción que involucraba el contrabando de combustibles a través de las aduanas y que, según la denuncia, tenía ramificaciones que llegaban hasta el Palacio Nacional.
El caso Carmona, ampliamente difundido, estableció una plantilla narrativa sumamente dañina para el partido gobernante. La idea de que “Morena se financia con dinero del huachicol”. Esta narrativa crea un marco de referencia en la opinión pública que facilita que cualquier detención posterior de un líder huachicolero sea automáticamente asociada con Morena. Funciona como un ancla conceptual que predispone a una parte de la sociedad a aceptar nuevas acusaciones sin un escrutinio riguroso.
No obstante, es crucial contextualizar que la complicidad oficial con el crimen organizado en México es un problema endémico. No se limita a un solo partido político. Múltiples informes y análisis señalan que las redes de huachicol dependen de una extensa red de corrupción. Abarca todos los niveles de gobierno: desde policías municipales y estatales hasta altos funcionarios federales y empleados de Pemex.
Las investigaciones sobre otras redes de robo de combustible han destapado vínculos con funcionarios y exfuncionarios de diversos partidos. Un ejemplo claro es la red de “huachicol fiscal” vinculada al hermano de un exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, quien estaba afiliado al PRI.
La acusación contra Molina Núñez y su supuesta conexión con Morena es el capítulo más reciente de una saga recurrente en la política mexicana. El caso Carmona proporcionó la “leña” política, y la detención de la banda de “Don Checo” fue la “chispa”. La tarea analítica fundamental consiste en discernir los hechos específicos y probados del caso Molina, separándolos de la poderosa narrativa preexistente.
El huachicol como amenaza sistémica
Para comprender la verdadera dimensión del caso de Israel Molina Núñez, es imperativo analizar el fenómeno del huachicol no como un conjunto de delitos aislados. Es una crisis sistémica con profundas ramificaciones económicas, sociales y de seguridad para el Estado mexicano. Esta sección amplía la perspectiva, situando a la red de “Don Checo” dentro de una industria criminal que opera a escala nacional y transnacional.
La economía de una industria sombra
El robo de combustible representa una sangría constante y masiva para las finanzas del Estado mexicano. Las cifras oficiales ilustran la magnitud del problema. Solo en 2024, se estima que Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió pérdidas por 20,400 millones de pesos a causa del huachicol.
Esta cifra, desglosada, equivale a una pérdida diaria de más de 56 millones de pesos. Un dato preocupante es que, si bien el gobierno actual ha reportado una disminución en el número de tomas clandestinas detectadas, las pérdidas financieras se mantienen en niveles alarmantemente altos. Esto sugiere una evolución en las tácticas de los criminales, quienes se han vuelto más eficientes.
El mercado ilícito ha alcanzado una penetración extraordinaria en la economía formal. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) ha estimado que uno de cada tres litros de combustible que se venden en México es de procedencia ilegal. Este volumen masivo de producto robado no se vende únicamente en la clandestinidad.
Se distribuye a través de una vasta red que incluye más de 14,000 estaciones de servicio y miles de puntos de autoabasto. Esto indica una profunda infiltración en la cadena de distribución legal.
Además, el huachicol no es un problema exclusivamente doméstico. Ha adquirido una dimensión transnacional que complica aún más su combate. Las redes criminales no solo roban combustible para el mercado interno, sino que también operan esquemas para contrabandear crudo robado hacia Estados Unidos y Centroamérica. De manera inversa, también se benefician del contrabando de gasolinas y diésel refinados desde Estados Unidos.
La corrosión social: Violencia, cultura y comunidad
Más allá de las pérdidas económicas, el impacto más pernicioso del huachicol se manifiesta en la descomposición del tejido social y el aumento exponencial de la violencia. La lucha por el control de los territorios por donde pasan los ductos de Pemex se ha convertido en uno de los principales motores de la violencia letal en México.
Estados con alta concentración de esta infraestructura, como Guanajuato y Puebla, han experimentado un incremento dramático en sus tasas de homicidio. Una tendencia que los analistas correlacionan directamente con la expansión del negocio del huachicol. La competencia entre grupos criminales por estas “plazas” se traduce en un aumento de delitos de alto impacto.
La región conocida como el “Triángulo Rojo” en Puebla es un caso de estudio paradigmático. Abarca municipios como Tepeaca, Quecholac y Palmar de Bravo. Esta zona, atravesada por ductos clave, se transformó en un polvorín de violencia a medida que el robo de combustible se consolidaba como la principal actividad ilícita.
Un aspecto fundamental para entender la persistencia del fenómeno es la base social que el huachicol ha logrado construir en ciertas comunidades. En regiones empobrecidas, el robo de combustible se percibe como una alternativa económica viable. Esta dependencia económica genera una compleja red de complicidad y aceptación social.
Esta normalización de la ilegalidad ha dado lugar al surgimiento de una “cultura del huachicol”. Se manifiesta de diversas formas: desde figuras religiosas populares como el “Santo Niño Huachicolero” hasta la composición de música popular que narra y en ocasiones glorifica las actividades de los huachicoleros.
Para consolidar esta base social, los grupos criminales a menudo adoptan una estrategia de “Robin Hood”. Distribuyen gasolina barata, regalan electrodomésticos y ofrecen apoyos a las comunidades locales. Buscan generar simpatía, lealtad y una red de protección social.
Una historia de dos robos: Diferenciando el huachicol tradicional del fiscal
Aunque el término “huachicol” se utiliza a menudo de forma genérica, es crucial distinguir entre dos modalidades delictivas que, si bien están interconectadas, operan de maneras distintas.
El huachicol tradicional, o robo por ordeña de ductos, es la modalidad empleada por la organización de “Don Checo”. Consiste en la sustracción física del combustible mediante la perforación de los ductos de Pemex. Es un crimen contra la propiedad que requiere habilidad técnica y logística.
Por otro lado, el huachicol fiscal es una forma de delincuencia de cuello blanco, más sofisticada. No implica el robo físico de los ductos. Consiste en importar legalmente hidrocarburos, principalmente desde Estados Unidos, pero evadiendo el pago de impuestos, en particular el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El mecanismo fraudulento más común es declarar el combustible importado como otro producto con menor carga fiscal. Este esquema no requiere perforadores, sino una red de corrupción con agentes aduanales, empresas fachada y falsificación de pedimentos.
Ambas formas de huachicol son dañinas y están a menudo interrelacionadas. Inundan el mercado con combustible ilegal a precios reducidos, generando competencia desleal. Las investigaciones han demostrado que las mismas organizaciones criminales a menudo participan y se benefician de ambas modalidades.
La contraofensiva binacional y la perspectiva estratégica
La magnitud de la crisis del huachicol ha obligado al Estado mexicano y a sus socios internacionales a evolucionar en sus estrategias de combate. Esta sección final analiza las respuestas gubernamentales, la crucial cooperación con Estados Unidos y las recomendaciones de política pública.
La respuesta del estado: Tecnología y aplicación de la ley
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Los gobiernos mexicanos, tanto el de Andrés Manuel López Obrador como el de su sucesora Claudia Sheinbaum, han declarado la lucha contra el huachicol como prioridad. La estrategia inicial se centró en la fuerza física, con despliegue del Ejército y la Guardia Nacional para custodiar ductos. Logró reducciones temporales, pero su sostenibilidad es cuestionable.
Paralelamente, se han intensificado operaciones de inteligencia e investigación. La que condujo al desmantelamiento de la red de “Don Checo” demuestra mayor capacidad para atacar estructuras de mando.
Reconociendo las limitaciones, la estrategia estatal ha pivotado hacia soluciones tecnológicas:
- Plataforma de trazabilidad: El gobierno ha puesto en marcha una plataforma para seguir el combustible de importación desde el ingreso hasta la estación de servicio. Objetivo: un registro digital inviolable.
- Sistema de códigos QR: La Secretaría de Energía y Pemex desarrollan un mecanismo de identificación para autotanques y carrotanques. Cada pipa portará un código con información del cargamento.
Esta transición de “guardias en los ductos” a “inteligencia en la cadena de suministro” representa una evolución significativa. Busca atacar no solo la extracción, sino también la distribución y comercialización ilícita.
Una amenaza compartida: La cooperación entre México y Estados Unidos
El combate al huachicol ha trascendido las fronteras. Es un asunto de seguridad binacional. La modalidad del “huachicol fiscal” es intrínsecamente transfronteriza, originándose en Estados Unidos.
El combustible es adquirido legalmente en Texas, a menudo exento de impuestos, y contrabandeado a México sin pagar aranceles. Investigaciones revelan que depósitos no regulados y operaciones de trasvase en condados fronterizos de Texas se han convertido en infraestructura clave.
En respuesta, agencias estadounidenses han asumido un rol activo:
- Acciones del Departamento de Justicia (DOJ) y FinCEN: El DOJ investiga y procesa empresas e individuos en EE. UU. implicados en lavado de dinero de contrabando de petróleo robado en México. FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) ha emitido alertas a instituciones financieras para identificar transacciones sospechosas.
- Sanciones de la OFAC: La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) ha sancionado individuos y empresas mexicanas vinculadas a operaciones de robo de combustible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esta implicación activa de agencias del Tesoro y de Justicia de EE. UU. ha cambiado el panorama. La lucha contra el huachicol ya no es solo seguridad física; es una batalla de inteligencia financiera en ambos lados de la frontera.
Recomendaciones de política pública para una estrategia resiliente
Centros de pensamiento han delineado recomendaciones para una estrategia más robusta contra el robo de combustible. Van más allá de la aplicación de la ley y buscan abordar causas estructurales:
- Atacar la colusión y la corrupción: Consenso en que el núcleo del problema es la corrupción y colusión entre funcionarios y redes criminales. International Crisis Group recomienda supervisión externa independiente para Pemex y fuerzas de seguridad. Instan a enfocar investigación en criminales de “cuello blanco” dentro del aparato estatal.
- Abordar impulsores socioeconómicos: Una estrategia basada solo en fuerza fracasará si no atiende pobreza y falta de oportunidades. Recomendaciones apuntan a planes de desarrollo económico específicos para regiones afectadas. Deben ofrecer alternativas de empleo lícito y programas de desarrollo social.
- Fortalecer seguridad y tecnología: Continuar inversión en tecnologías avanzadas: vigilancia de ductos con inteligencia artificial, drones y sensores. Modernización de infraestructura (ductos más seguros) y cooperación internacional son pilares.
- Visión a largo plazo: la transición energética: Analistas proponen acelerar la transición hacia electromovilidad y energías renovables. Reducir la dependencia de fósiles eliminaría gradualmente el mercado ilícito.
El análisis del caso de Israel Molina Núñez, “El Mil Millones”, y la red de “Don Checo” trasciende la crónica de un operativo policial exitoso. Se convierte en un estudio profundo de los desafíos más apremiantes de México. La evidencia confirma que Molina Núñez era un engranaje vital en una sofisticada empresa criminal, responsable de pérdidas milmillonarias para el Estado.
Su captura y el proceso judicial en curso en el penal del Altiplano representan una prueba significativa para la capacidad del sistema de justicia mexicano.
En cuanto al nexo político, este informe concluye que las acusaciones que vinculan a Molina Núñez con Morena carecen de sustento fáctico en la información disponible. La narrativa parece ser, en gran medida, una construcción mediática y política, instrumentalizada. La evidencia más concreta sobre un posible vínculo con un cargo público apunta a una administración municipal del PRI, lo que subraya la complejidad de la corrupción y la facilidad con que los hechos pueden ser distorsionados.
El caso de “El Mil Millones” sirve como un microcosmos que refleja la amenaza sistémica del huachicol. Demuestra la capacidad del crimen organizado, los efectos corrosivos de la corrupción, el grave daño al tejido social, y la dificultad de combatir un delito transnacional en un ambiente político enconado. La respuesta del Estado, que evoluciona hacia la tecnología y la cooperación internacional, es prometedora, pero enfrenta un desafío monumental.
El camino hacia una solución duradera exige no solo una aplicación de la ley implacable y tecnológicamente asistida, sino también un compromiso inquebrantable para erradicar las causas profundas de la corrupción y la desesperanza socioeconómica. ¿Podrá el Estado mexicano desmantelar esta red criminal transpartidista o el huachicol seguirá siendo un arma política?
