La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una vasta red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, en la que estarían participando altos mandos militares. Esta revelación contradice la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los elementos del Ejército Mexicano acabarían con la corrupción en las aduanas, exponiendo ahora a soldados y marinos en la trama de tráfico de combustible.
El esquema verde olivo del huachicol fiscal militares
Una amplia investigación accedida por este medio documenta la operación del huachicol fiscal en el norte del país desde el año 2021, con un esquema sofisticado que toca aduanas clave. La indagatoria de la FGR se centra en las aduanas de Piedras Negras, Coahuila, así como en Palomas y Ciudad Juárez, Chihuahua, territorios que fueron ocupados por personal castrense.
La documentación consultada, proveniente de una fuente especializada, revela un entramado que incluye:
- Seguimiento con GPS a pipas.
- Identificación de patios clandestinos.
- Análisis de miles de facturas y testimonios.
Estos hallazgos apuntan a la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno: federales (militares que operan aduanas y autoridades fiscales), estatales y municipales.
Empresas fachada y la evasión del IEPS
En este esquema, dos compañías comercializadoras destacaron por ofrecer grandes cantidades de diésel y gasolina proveniente del contrabando a grupos gasolineros y líneas de transportistas en el norte y noroeste de México.
Se trata de Petro Soluciones, representada legalmente por Mario Alberto Valdez Luna, e Ingemar, la cual está vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel. Ambos vendían volúmenes masivos de combustible introducido a México mediante pipas y ferrotanques que evadían el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Petro Soluciones e Ingemar ya contaban con investigaciones previas por tráfico de combustible, incluyendo:
- El caso de los buquetanques que descargaron hidrocarburos en el puerto de Ensenada, Baja California.
- Los vagones de ferrocarril o ferrotanques incautados en Coahuila.
En su defensa, el exgobernador Ruffo Appel ha señalado en medios nacionales que no ha sido citado y que la mención de su nombre ha sido politizada, argumentando que no es el único socio de la empresa Ingemar.
#### Mecánica de la defraudación
Las importadoras compran el combustible de forma legal en Estados Unidos a refinerías o plantas de almacenamiento. Al ingresar a México, presentan la Carta Porte y el pedimento de importación. Sin embargo, el mecanismo de contrabando funciona de la siguiente manera:
- Se alteran o falsifican los documentos para reportar que la carga es aceite quemado, aditivo para aceite, alcohol o cualquier otra sustancia que no implique el pago del IEPS.
- Al evadir el pago del impuesto, el precio de la gasolina y el diésel se reduce de manera significativa: 6.45 pesos y 7.00 pesos, respectivamente, respecto al mercado nacional.
Por ejemplo, el 11 de marzo de 2025, un empleado de Petro Soluciones ofreció diésel a 21.80 el litro en un patio clandestino de Ensenada, Baja California. En esa misma fecha, el precio más bajo de Pemex a mayoristas era de 22.40 pesos, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Uno de los documentos internos, un «kit fiscal» entregado a este medio, señalaba: «Tenemos 9 millones de litros de diésel en Ensenada, en patio, se bajaron el día de ayer».
En el caso de Ingemar, la empresa se relaciona con el aseguramiento de 129 carrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de huachicol fiscal en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, ocurrido el 7 de julio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que las unidades no contaban con la documentación para acreditar la procedencia lícita de los combustibles.
La distribución final y las marcas implicadas
Para la venta directa al público y a transportistas, los huachicoleros contratan empresas de transporte aparentemente legales.
Las empresas de pipas identificadas y sujetas a investigación por la FGR incluyen:
- Windstar
- Mefra Fletes
- Transportadora Aton
- Autolíneas Roca
- Carvel
- Transportes Rápidos Regionales
- CZ Fuels
El combustible de contrabando era destinado a gasolineras que lo vendían a automovilistas, entre las que se encuentran marcas como Windstar y Carvel, así como franquicias de marcas internacionales como Gasolinera 76 y Phillips 66.
Un seguimiento con GPS a una pipa de hidrocarburos evidenció su ruta desde El Paso, Texas (Estados Unidos), a Ciudad Juárez, Chihuahua (México), donde visitó una gasolinera con la marca Phillips 66. Posteriormente, el recorrido se extendió a Camargo, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Fresnillo, Zacatecas, y la capital de Aguascalientes, descargando en cada punto antes de regresar a Estados Unidos.
El coronel en el ojo del huracán
Uno de los militares investigados es el coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, quien fue separado de su cargo como Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez el pasado 1 de noviembre, de acuerdo con reportes oficiales obtenidos por este medio.
Fuentes ministeriales detallaron que la salida del coronel se precipitó tras el decomiso de, al menos, nueve pipas de la marca Windstar, cargadas con huachicol. Las unidades fueron interceptadas en un retén dual de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la salida de la zona aduanera, un operativo que se dispuso ante las sospechas de corrupción que pesaban sobre el mando militar.
Las aduanas y la lucha de poder
López Pérez había llegado a la Aduana de Ciudad Juárez en mayo de 2025, sustituyendo a su compañero militar en retiro, Benito Cegueda Hernández. Ambos fueron designados bajo la titularidad del general André Georges Foullon Van Lissum, quien fue el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tanto Cegueda como López fueron señalados en medios locales de Chihuahua por investigaciones relacionadas con actos de corrupción. Es relevante señalar que, a pesar de sus cargos, nunca aparecieron en Declaranet, el sitio web para la publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, como encargados de la administración en Ciudad Juárez.
Además, el coronel López Pérez ya había sido vinculado con operaciones de huachicol fiscal y tráfico de armas cuando fue responsable de la aduana en Palomas, Chihuahua, un puesto que dejó en mayo de 2025 para dirigir la aduana de Ciudad Juárez.
Tras ser separado del cargo, el coronel Octavio Othón López Pérez se habría quejado ante el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, por su «desvinculación de la Aduana de Ciudad Juárez». El mando militar habría argumentado que su salida fue consecuencia de una denuncia por presunto contrabando que él mismo presentó, apuntando a responsabilidades de las autoridades civiles.
Sin embargo, existía evidencia de que su gestión estaba siendo cuestionada internamente. El 30 de julio, Rafael Fernando Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, giró un oficio para acotar el mando del militar retirado, delegando a Rafael Buenrostro Martín, subdirector de Operación Aduanera, la responsabilidad de asignar roles y turnos en la aduana de Ciudad Juárez. Dicho oficio, publicado por Calibre 800, fue confirmado por este medio.
Fuentes ministeriales también revelaron que el coronel retirado está vinculado al empresario René Díaz Ramos, alias “La Rana”, señalado como contrabandista y “fayuquero” en una nota del semanario Zeta de Tijuana.
Patios clandestinos: puntos intermedios del contrabando
Tras la importación desde Estados Unidos, el combustible de contrabando es resguardado en patios clandestinos, que fungen como puntos intermedios antes de su comercialización final en estados como: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Veracruz.
Estos terrenos están equipados con tanques y sistemas de bombeo improvisados para el trasvase de combustible. Un ejemplo se localiza en los límites de Nava y Piedras Negras, operando en un terreno de tierra junto a una nave industrial, lo que violenta visiblemente la NOM-006-ASEA-2017, la cual establece criterios de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos.
Las investigaciones indican que no existen registros oficiales en materia Energética o de Medio Ambiente que avalen el funcionamiento de estos espacios. El Registro Público de la Comisión Nacional de Energía (CNE) señala que los únicos permisos concedidos en Piedras Negras y Nava corresponden a plantas de almacenamiento y estaciones de carburación para la venta de gas LP. Entre las empresas que han utilizado estos patios se encuentran Atom, Mefra Fletes, Windstar y Carvel.
El análisis de miles de facturas comprobó vínculos y operaciones financieras entre las empresas investigadas por presunto huachicol fiscal y compañías fantasma, estaciones de servicio y brokers del huachicol, conformando un complejo entramado que mezcla operaciones legales con irregulares.
La investigación sobre el huachicol fiscal revela que no solo altos mandos de la Secretaría de Marina están presuntamente vinculados con el tráfico de combustible, sino también elementos del Ejército Mexicano. La FGR tiene ahora el desafío de desmantelar esta compleja red criminal que, al operar en aduanas bajo control militar, expone la debilidad institucional frente a la corrupción.
