En solo tres meses, el estado mexicano perdió más de 29 mil millones de pesos. No fue un error contable, sino el resultado de una tormenta perfecta: una política gubernamental bien intencionada pero desastrosa en su ejecución, y una red de crimen organizado que operaba con la complicidad de las mismas autoridades encargadas de combatirla. Documentos filtrados por «Guacamaya Leaks» revelaron cómo las aduanas de Tamaulipas se convirtieron en el epicentro de un desfalco masivo, un fenómeno bautizado como «huachicol fiscal» que exhibió la profunda corrupción enquistada en el sistema, incluso tras su militarización.
La Tormenta Perfecta: Subsidios Gubernamentales y Contrabando a Escala Industrial
A principios de 2022, las finanzas públicas en Tamaulipas colapsaron. La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles se desplomó un alarmante 73.5% en términos reales, equivalente a una pérdida de 29,330 millones de pesos.
Informes de inteligencia de la SEDENA señalaron dos causas:
- El Estímulo Fiscal del 100%: Una política federal que eliminó el cobro del IEPS para subsidiar los combustibles y contener la inflación.
- El Contrabando «Técnico» y «Bronco»: La operación a gran escala de redes criminales para introducir combustible ilegalmente.
Mientras el gobierno sacrificaba ingresos fiscales en aras de la estabilidad de precios, inadvertidamente creó el negocio ilícito más rentable del sexenio. El subsidio no solo eliminó el costo de importar legalmente, sino que magnificó las ganancias del contrabando, transformando la evasión fiscal en una oportunidad de arbitraje de subsidios a costa del erario.
Anatomía de un Fraude: «Contrabando Técnico» y la Complicidad Aduanera
El «huachicol fiscal» no es el robo rudimentario de ductos; es una operación criminal sofisticada que corrompe el sistema desde adentro. La modalidad predominante fue el «contrabando técnico»: la mercancía pasaba por las aduanas, pero utilizando documentos falsos para evadir impuestos.
El modus operandi era descarado: buques tanque cargados con diésel o gasolina llegaban a los puertos de Tampico y Altamira, pero sus manifiestos de carga declaraban fraudulentamente que transportaban «aditivos para aceites lubricantes» u otros químicos con un régimen fiscal menor. El colapso recaudatorio fue casi total en estos puertos marítimos, cayendo más de un 95% y llegando a reportar cero ingresos en algunos meses, una prueba irrefutable de que la hemorragia fiscal ocurría a la vista de todos.
Esta operación, que involucró a más de 555 empresas, solo fue posible gracias a una red de corrupción que incluía a funcionarios de aduanas, personal de PEMEX y, como se demostraría más tarde, altos mandos militares que recibían sobornos millonarios.
Militarización Fallida: ¿Guardianes o Cómplices?
La narrativa oficial, plasmada en los propios informes de la SEDENA, intentó torpemente desviar la culpa. Los documentos argumentaban que la caída recaudatoria no podía atribuirse a los mandos militares que habían asumido el control de las aduanas desde marzo de 2021, sino exclusivamente a la política de subsidios de Hacienda.
La realidad, sin embargo, fue mucho más cruda. La evidencia demostró que la militarización fue un fracaso en su objetivo de erradicar la corrupción. Investigaciones posteriores que desmantelaron la red criminal condujeron al arresto de numerosos funcionarios, incluyendo al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
La presencia militar no solo no detuvo el flujo ilícito, sino que elementos de las fuerzas armadas se convirtieron en piezas clave del engranaje criminal. La estrategia de seguridad insignia del gobierno no hizo más que cambiar los rostros de la corrupción, demostrando la alarmante capacidad del crimen organizado para cooptar incluso a las instituciones de más alto rango.
El Costo Real del Huachicol: Financiando la Violencia con Dinero Público
El impacto del «huachicol fiscal» trasciende la pérdida contable. Se estima que esta actividad le cuesta al gobierno cientos de millones de pesos diarios, recursos que podrían financiar infraestructura, salud o educación.
Más grave aún, las consecuencias para la seguridad nacional son catastróficas. La Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha identificado el contrabando de combustible como la fuente de ingresos no relacionada con drogas más importante para los cárteles mexicanos. Este dinero financia directamente la compra de armas, el pago a sicarios y la expansión de la violencia que azota al país. Cada litro de combustible de contrabando es una inversión directa en el poder de las organizaciones criminales que desafían al Estado.
Una Tímida Recuperación y Dudas que Persisten
La recaudación se recuperó drásticamente en 2023, una vez que el gobierno eliminó los estímulos fiscales. Este hecho confirma que la política de subsidios fue el principal catalizador de la crisis. Sin embargo, celebrar esta recuperación sería ingenuo.
El problema de fondo no ha sido resuelto. Las sofisticadas redes criminales y las profundas vulnerabilidades institucionales que permitieron el desfalco de 2022 siguen latentes. La crisis del «huachicol fiscal» en Tamaulipas no fue un evento aislado, sino un síntoma crítico de un Estado cuya integridad es constantemente erosionada por una corrupción que parece no tener límites.
