La violencia no da tregua en el sureste de México. El hallazgo sin vida de Sandra Estefana Domínguez Martínez, defensora de derechos humanos, y su esposo, Alexander Hernández, en Veracruz, destapa una vez más los riesgos de alzar la voz en territorios dominados por el crimen organizado.
Un hallazgo que sacude al sureste mexicano
La desaparición que encendió las alarmas
El 24 de abril, la Fiscalía General de Oaxaca confirmó que los cuerpos de Sandra Estefana y Alexander Hernández fueron localizados en Veracruz. La noticia conmocionó tanto a organizaciones civiles como a autoridades locales.
La desaparición se produjo en un contexto de creciente violencia en la región, marcada por disputas entre grupos delictivos. La defensora de derechos humanos habría sido víctima de un “daño colateral”, según explicó el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.
Conflicto territorial y crimen organizado
Según las primeras investigaciones, Alexander Hernández tenía presuntos vínculos con grupos criminales en disputa por territorios estratégicos. La tragedia habría sido consecuencia de una disputa interna, aunque las autoridades no han presentado pruebas contundentes que sustenten esta versión.
Un escenario de violencia estructural
Veracruz, tierra de riesgo para defensores
Veracruz ocupa uno de los primeros lugares nacionales en agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas. Según datos de la organización Artículo 19, entre 2010 y 2023 se registraron más de 30 asesinatos de activistas en la entidad.
Sandra Estefana trabajaba de cerca con comunidades vulnerables, denunciando abusos de autoridades y crimen organizado. Su trabajo en defensa de los derechos colectivos la colocaba constantemente en situaciones de riesgo.
La historia del rancho La Ceiba
Los cuerpos fueron localizados en el rancho La Ceiba, una propiedad usurpada por Artemio García Torres, vinculado también a actividades criminales. García Torres murió el pasado 29 de enero durante un operativo para su captura, lo que desató un reacomodo de fuerzas en la región.
El rancho habría sido utilizado como centro de operaciones por bandas criminales. La violencia derivada de estos movimientos de poder impactó directamente en la vida de Sandra Estefana y Alexander Hernández.
La vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos
Un patrón repetido de impunidad
Este caso no es aislado. En México, la defensa de los derechos humanos se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Según Front Line Defenders, en 2023 México fue el segundo país con más asesinatos de activistas en el mundo.
La falta de mecanismos efectivos de protección y la escasa voluntad política para investigar estos crímenes alimentan un círculo de impunidad.
Daño colateral o ataque dirigido
La narrativa de “daño colateral” usada por la Fiscalía de Oaxaca genera escepticismo entre organizaciones civiles, que exigen investigaciones profundas que consideren la actividad de Sandra Estefana como posible móvil del ataque.
La rapidez con la que se atribuyó el hecho a cuestiones de crimen organizado, sin presentar pruebas, deja preguntas abiertas sobre si se intenta minimizar la gravedad de la agresión contra una defensora de derechos humanos.
¿Qué sigue para el caso Sandra Estefana?
Exigencias de justicia y protección
Diversas organizaciones han llamado a esclarecer el crimen y a garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos en la región. Además, piden que se reconozca la labor de las víctimas como una variable clave en la investigación.
Implicaciones para Oaxaca y Veracruz
Este caso evidencia la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección para activistas, especialmente en zonas de alto riesgo. Asimismo, plantea un reto para las autoridades estatales: demostrar que pueden combatir la violencia sin recurrir a narrativas que diluyan la responsabilidad institucional.
El asesinato de Sandra Estefana Domínguez Martínez y Alexander Hernández no solo es un golpe doloroso para sus comunidades, sino un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de quienes defienden los derechos humanos en México. A medida que avancen las investigaciones, el país deberá enfrentar una disyuntiva: proteger de manera real y efectiva a sus defensores o seguir normalizando su muerte como parte del “daño colateral”.
