La icónica hacienda Nápoles, alguna vez epicentro del poder del narcotraficante Pablo Escobar, transforma su destino. El gobierno de Colombia, bajo la dirección de Gustavo Petro, ha formalizado la entrega de una porción significativa de esta propiedad a mujeres víctimas del conflicto. Un acto que resuena como un paso crucial en la reforma agraria y la recuperación simbólica del país.
Un giro histórico para la hacienda Nápoles
El 2 de octubre de 2025, el gobierno de Colombia entregó a mujeres víctimas del conflicto una parte del terreno de la hacienda Nápoles. Este sitio, mítico símbolo de poder del narcotraficante Pablo Escobar, se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, Colombia.
Del imperio de Escobar a las manos del estado
La finca pasó a manos del estado colombiano por extinción de dominio tras la muerte del capo de la cocaína en 1993, durante un operativo de la fuerza pública. Hasta allí había llevado animales exóticos como hipopótamos, que ahora se reproducen sin control y son considerados una especie invasora.
Posteriormente, su administración fue entregada a la alcaldía del municipio de Puerto Triunfo. Esa entidad la arrienda para un parque temático que incluye un zoológico y un complejo hotelero. En este lugar, por años, fue exhibida una avioneta que Escobar supuestamente utilizó para traficar cocaína.
La visión de Gustavo Petro: justicia y reforma agraria
El presidente Gustavo Petro pidió en mayo que la hacienda fuera entregada a víctimas del conflicto. Esta acción se enmarca en una reforma agraria con la que su gobierno ha dado miles de hectáreas de tierra a campesinos.
Este miércoles, su administración oficializó una primera entrega de 120 de las más de 4 mil hectáreas de la propiedad. En la red X, el mandatario celebró: «Se empezó a recuperar la hacienda Nápoles para las víctimas». Petro añadió una contundente declaración sobre el pasado del inmueble: «Después del narco Escobar sus herederos políticos y económicos quisieron quedarse con la hacienda».
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Esta entrega no solo representa un acto de justicia histórica, sino que también plantea una pregunta fundamental: ¿cómo garantizar que el legado de la criminalidad sea transformado definitivamente en una oportunidad tangible para las víctimas y el futuro de Colombia?
