La crisis agrícola de 2025, bautizada como la «Guerra del Maíz», ha expuesto una profunda contradicción en el corazón de la Cuarta Transformación (4T). Este informe desvela cómo la principal asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, Altagracia Gómez Sierra, es simultáneamente presidenta de Minsa, el gigante harinero. El conflicto de interés se agrava al revelar el origen de su fortuna, ligada a las privatizaciones del salinismo y a los multimillonarios rescates del FOBAPROA, que la 4T ha catalogado históricamente como «saqueo».
La anatomía de la «Guerra del Maíz» de 2025
El conflicto de 2025, descrito como un «juego de espejos» y una «crisis gestante», estalló debido a la confluencia de varios factores. El núcleo fue el colapso de los precios internacionales del maíz.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la tonelada de maíz cayó drásticamente, pasando de más de $7,000 pesos durante la guerra en Ucrania a cerca de $3,200 pesos en 2025. Este colapso externo se combinó con una severa crisis interna.Los factores que agravaron la crisis:
- Clima adverso: Sequías devastadoras en Sinaloa y Sonora provocaron una de las peores cosechas de los últimos doce años.
- Aumento de costos: Los productores enfrentaron un incremento en los costos de producción que ya no podían absorber.
El resultado fue una emergencia nacional. Por primera vez en tres décadas, México enfrenta la pérdida de autosuficiencia en maíz blanco, con proyecciones de importación de hasta 700,000 toneladas. La respuesta de los agricultores fue masiva, con protestas y bloqueos de carreteras en al menos 22 de los 32 estados del país, denunciando una «crisis agrícola sin precedentes».
La respuesta del gobierno y el conflicto expuesto
Ante la presión, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), negoció una tregua temporal. La solución fue un apoyo directo (subsidio) de $950 pesos adicionales por tonelada de maíz. Este acuerdo fue limitado, enfocándose principalmente en los 90,000 productores de la región del Bajío (Jalisco, Guanajuato y Michoacán).
Sheinbaum calificó el subsidio como un «esfuerzo muy importante» y sugirió que «hay intereses políticos» detrás de las protestas que continuaron. Como admisión implícita de un mercado disfuncional, SADER también prometió crear un futuro «Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado».
Las protestas no solo apuntaron al gobierno. Los productores señalaron directamente a las grandes corporaciones harineras, como Minsa y Maseca, que se benefician de insumos artificialmente baratos. El analista Perfecto Barrales Domínguez articuló el nexo que define la crisis: la dueña de Minsa, Altagracia Gómez, es la principal asesora empresarial de la presidenta. «Hay un conflicto de intereses tremendo», declaró.
El subsidio de $950 pesos no resuelve la queja central sobre el poder monopólico. De hecho, Minsa se beneficia indirectamente del acuerdo, pues el dinero público calma a sus proveedores sin que la corporación tenga que aumentar su precio de compra.
El doble rol de Altagracia Gómez en la Cuarta Transformación
Altagracia Gómez Sierra, de 33 años, es el rostro moderno del poder empresarial dentro de la 4T. Heredera del conglomerado familiar Promotora Empresarial de Occidente (PEO), que preside, controla empresas clave como la harinera Minsa y la fabricante de autobuses DINA.
Su perfil es el de la élite global: es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y ha cursado programas en Oxford Royale Academy y Harvard Business School. Su cercanía con Sheinbaum la llevó a ser nombrada coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la presidencia, convirtiéndose en la «voz» de la 4T ante la iniciativa privada y la figura central para el «Plan México» y la estrategia de relocalización (nearshoring). Se le ha descrito como la «socia estratégica del nuevo poder económico».
La defensa oficial: «No hay conflicto de interés»
A medida que la crisis del maíz intensificaba las críticas, la presidenta Sheinbaum ha defendido enérgicamente a su asesora. La línea de defensa oficial se basa en tres argumentos:
- Es un cargo honorífico: Sheinbaum reitera que Gómez actúa de manera «solidaria» y «fraterna», y que no recibe un sueldo del gobierno.
- Negación explícita: La presidenta ha declarado públicamente que «no hay ningún conflicto de interés que tenga que ver con sus empresas».
- Descalificación de la crítica: Las críticas a Gómez, incluyendo las que señalan el uso de ropa de lujo como un abrigo Miu Miu de $60,000 pesos, son desestimadas por la presidencia como «odio», «insidia» y «misoginia».
La «contradicción más seria» de la 4T
Analistas como Hugo Sánchez han definido a Gómez Sierra como «la contradicción más seria de la 4T». La crítica fundamental es que ella «representa todo lo contrario» al ideario del movimiento: «formada en escuelas neoliberales, al lado del sector más derechista y heredera de una fortuna empresarial totalmente divorciada de los más necesitados».
El argumento de que su puesto es «honorífico» no es una defensa, sino la descripción del problema. Al no ser «servidora pública», Gómez evade las leyes de conflicto de interés y transparencia que aplicarían a un secretario de estado, mientras ejerce una influencia equivalente o mayor. Es una tercerización de la influencia política diseñada para eludir el escrutinio legal.
Privatización y poder: la base salinista de la fortuna Gómez
La fortuna de la familia fue consolidada por el padre de Altagracia, Raymundo Gómez Flores, un prominente empresario y político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que llegó a ser Senador de la República. Su perfil es el del «hombre de sexenio», un empresario «crecido a la sombra del salinismo».
Su influencia política fue la base de su imperio. En 1993, fue uno de los empresarios asistentes a la infame «cena del paso de charola» de Carlos Salinas de Gortari, donde la élite empresarial ofreció sumas millonarias para apoyar al PRI.
Las «joyas» de la privatización
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la familia Gómez Flores fue una de las principales beneficiarias del proceso de privatización. Altagracia ha reconocido: «Fuimos uno de los grupos que participó más activamente en las privatizaciones».
Los dos pilares de su fortuna se adquirieron en este período:
- DINA (1989): La familia adquirió la megaempresa fabricante de camiones DINA por aproximadamente $84 millones de dólares.
- Minsa (1993): Cuatro años después, adquirieron Minsa, el «gigante del maíz» y antigua paraestatal (Maíz Industrializado Conasupo), por $140 millones de dólares.
Además, en esos años también adquirieron la Almacenadora Almer y Banca Cremi. Este historial presenta una paradoja insuperable para la 4T, que define su identidad ideológica en oposición al «Salinismo» y sus privatizaciones.
Los cientos de millones rescatados por el FOBAPROA
Si las privatizaciones del PRI crearon la fortuna, el rescate bancario del FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) la salvó. Implementado en 1998 bajo la administración de Ernesto Zedillo (PRI) y operado durante el gobierno de Vicente Fox (PAN), el FOBAPROA ha sido denunciado por la 4T como «el gran robo al pueblo mexicano» y un «saqueo nacional». La presidenta Sheinbaum, incluso, anunció en 2025 que ofrecería «clases» sobre el FOBAPROA en sus conferencias matutinas para exponer a los beneficiarios.
La ironía es que, según registros periodísticos y denuncias de la época, la familia de su principal asesora económica fue una de las mayores beneficiarias de ese «saqueo». Columnas de investigación detallan que las empresas de Raymundo Gómez Flores fueron beneficiadas en al menos tres ocasiones por el FOBAPROA. El monto total de los rescates se estima en más de $300 millones de dólares.
Desglose del rescate (FOBAPROA) a empresas vinculadas
La 4T está, en efecto, legitimando y blanqueando la misma fortuna que condena en el discurso. La siguiente tabla desglosa los rescates reportados, basados en las denuncias de la época:
| Entidad Beneficiada / Vínculo | Monto (Pesos de la época) | Monto (USD de la época) | Contexto del Rescate | | :— | :— | :— | :— | | Mexicana de Autobuses (MASA) (Propiedad de R. Gómez Flores) | 136 millones | $17 millones | Saldo de deuda con Bancomer. Se pagó con un terreno valuado 40% menos. | | Grupo Estrella Blanca (Propiedad de R. Gómez Flores) | 1,489 millones | $190 millones | Rescate de deuda. El Comité del FOBAPROA ordenó a Banca Cremi (también de Gómez) adquirirla. | | Rescate Personal (Raymundo Gómez Flores) | 780 millones | $100 millones | Rescate personal directo, según la lista divulgada por Pablo Gómez. | | Total aproximado | ~2,405 millones | ~$307 millones | |
El silencio de la UIF: Pablo Gómez vs. la heredera del FOBAPROA
El nudo más irónico de esta historia involucra al actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 4T, Pablo Gómez Álvarez. Antes de ser el zar anticorrupción del obradorismo, Gómez fue un combativo diputado del PRD y uno de los críticos más feroces y documentados del FOBAPROA.
Fue precisamente Pablo Gómez quien, en la década de 1990, divulgó la lista de empresarios beneficiados por el rescate bancario, buscando exponer la corrupción del «PRIAN». En esa lista, él denunció específicamente a Raymundo Gómez Flores por recibir un rescate personal de 780 millones de pesos.
La neutralización del arma moral de la 4T
Hoy, el denunciante (Pablo Gómez) y la heredera del denunciado (Altagracia Gómez) son dos pilares de la misma administración. El titular de la UIF, cuya función es perseguir la corrupción financiera y los privilegios del pasado, comparte estrategia con la encarnación de dichos privilegios.
El dato más elocuente es el silencio de Pablo Gómez. El titular de la UIF, que sigue hablando de la deuda histórica del FOBAPROA, se ha abstenido notablemente de mencionar el caso Gómez Flores desde que Altagracia ascendió al poder en la 4T. Él conoce los detalles mejor que nadie, por lo que su silencio actual no es ignorancia, sino conveniencia política.
Esta «paradoja» neutraliza el arma moral de la 4T. La alianza «Pablo Gómez – Altagracia Gómez» demuestra que no hay ruptura con el «PRIAN», sino una fusión donde la lealtad política silencia el celo ideológico.
Minsa: el patrón histórico de captura del mercado del maíz
El pasado histórico choca con la crisis inmediata de 2025. Altagracia Gómez es presidenta de Minsa, una de las dos mayores compradoras y procesadoras de maíz en México. El objetivo fiduciario y comercial de Minsa es comprar maíz al precio más bajo posible para maximizar sus utilidades.
Al mismo tiempo, como asesora presidencial en la «Guerra del Maíz», Gómez está en la mesa donde se determina la política de precios y subsidios del gobierno. Influye en las reglas del mercado del que es uno de los principales actores. Es un conflicto de interés directo e indefendible.
El precedente histórico de la «Guerra de la Tortilla» de 2007
Esta no es la primera vez que Minsa está en el centro de una crisis nacional. Durante la «guerra de la tortilla» de 2007, bajo el gobierno panista de Felipe Calderón, Minsa y Maseca fueron señaladas como los monopolios privados que, tras la eliminación de la Conasupo, controlaban el mercado.
En 2007, ambas empresas fueron acusadas de acaparamiento y especulación para inflar artificialmente el precio de la tortilla. Incluso en ese entonces, la familia Gómez supo beneficiarse: Minsa le vendió harina al gobierno de Calderón para ayudar a mitigar la crisis que ellos mismos fueron acusados de provocar.
El patrón es claro y abarca tres décadas y tres partidos políticos:
- Bajo el PRI (Salinas): La familia obtuvo el activo (Minsa).
- Bajo el PRI/PAN (Zedillo/Fox): Rescataron el activo (FOBAPROA).
- Bajo el PAN (Calderón): Ejercieron su poder de mercado con el activo (Guerra de la Tortilla 2007).
- Bajo la 4T (Sheinbaum): Han alcanzado el máximo privilegio, asesorando al regulador sobre cómo gestionar la crisis que su poder monopólico agrava.
La continuidad de la oligarquía en el nuevo régimen
El ascenso de Altagracia Gómez Sierra a la cúpula del poder de la Cuarta Transformación no es una contradicción; es una confirmación. Confirma que la retórica anti-neoliberal y anti-corrupción del régimen es una fachada pragmática.
La 4T ha demostrado estar dispuesta a aliarse con la misma élite oligárquica («hijos del FOBAPROA») que denuncia en el discurso, siempre y cuando esa élite se alinee con su proyecto político y de desarrollo. Su familia prosperó con los privilegios del PRI y fue rescatada por los mecanismos del PRI y el PAN. Hoy, esa misma fortuna y poder han sido invitados a palacio nacional. La «Guerra del Maíz» de 2025 simplemente ha revelado que, para los productores del campo, el rostro del poder monopólico es el mismo, sin importar el partido en el poder. El poder económico de la familia Gómez ha demostrado ser más duradero que cualquier proyecto político.
¿Es posible desmantelar los privilegios del pasado cuando sus herederos son quienes definen el futuro de la política económica nacional?
