El congreso de Guanajuato ha dado un paso trascendental al aprobar la reforma constitucional para que la extorsión se persiga por oficio. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca un combate más efectivo a este flagelo que asfixia a familias y economías en todo el país.
La reforma que busca un combate efectivo
El 25 de septiembre de 2025, en Guanajuato, el congreso del estado dio un paso crucial al aprobar el proyecto de decreto para reformar la constitución y permitir que la extorsión se persiga por oficio. Esta relevante iniciativa fue promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El proceso legislativo se gestó tras el envío de una minuta Proyecto de Decreto por parte del Senado al Congreso, con el objetivo de reformar el primer párrafo del inciso a de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión obtendrá la facultad de legislar una Ley General contra la Extorsión. Esta ley permitirá la creación de tipos penales específicos y homogeneizará las estrategias para combatir la extorsión en todo el territorio mexicano. Se espera que, con esta modificación, se logre un combate más efectivo a un delito que afecta profundamente a comerciantes, empresarios y familias.
Cifras alarmantes: El flagelo de la extorsión en México y Guanajuato
La urgencia de esta reforma se fundamenta en un panorama desalentador. En el primer semestre del 2025, se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México, evidenciando un alza del 83 por ciento en los últimos 10 años, según señaló la diputada del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.
El diputado panista, Juan Carlos Romero Hicks, recriminó que la extorsión afecta la tranquilidad, la libertad y la dignidad de las víctimas. «Este delito paraliza economías y siembra miedo, mientras los grupos criminales buscan tener un control social y económico», lamentó el legislador.
Por su parte, el legislador priista Alejandro Arias sostuvo que México ha perdido terreno ante los grupos criminales. Atribuyó el crecimiento de la extorsión y la impunidad a la corrupción, el tráfico de influencias y la decadencia del Estado de Derecho. Arias lamentó la existencia de una cifra negra del 97 por ciento en extorsión, lo que implica que casi la totalidad de los casos quedan impunes.
En el ámbito estatal, Guanajuato ha experimentado un incremento significativo en las extorsiones. En 2015, se reportaron 10 víctimas, mientras que para 2024 la cifra ascendió a mil 222 casos, detalló el diputado morenista, Carlos Abraham Ramos Sotomayor.
Voces legislativas: Entre la urgencia y la necesidad de herramientas
Desde diversas bancadas, los legisladores expresaron sus perspectivas ante la inminente reforma. El diputado morenista, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, consideró que con la aprobación de esta medida, el Estado «tendrá una mejor capacidad de respuesta» ante el flagelo de la extorsión.
En este sentido, el diputado de MC, Rodrigo González Zaragoza, refirió la necesidad imperante de que los legisladores doten de herramientas adecuadas a los cuerpos de seguridad para combatir a los extorsionadores que «lacran a la sociedad».
La aprobación de esta reforma en Guanajuato marca un punto de inflexión en la lucha contra la extorsión, un delito que ha carcomido el tejido social y económico del país. El camino hacia una ley general y homogénea a nivel nacional se vislumbra como una esperanza, pero ¿será suficiente para revertir el alarmante avance de este crimen y recuperar la confianza en la justicia?
