La crisis hídrica se agrava por el crimen organizado. El diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, ha revelado la existencia de al menos diez grupos de piperos armados que se dedican a la venta ilegal agua Puebla. Estos «huachicoleros del agua» extraen el líquido de pozos posiblemente contaminados cerca de la presa Manuel Ávila Camacho, poniendo en jaque la salud de la población.
La denuncia del diputado Carvajal: Más de 10 grupos de «huachicoleros» operan armados
El 31 de diciembre de 2025, el diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, hizo pública una grave denuncia: existen al menos diez grupos de piperos que, operando armados, extraen agua de manera ilegal y la comercializan en diferentes puntos de la ciudad de Puebla.
El legislador señaló que la extracción se realiza en pozos ubicados cerca del lago de Valsequillo (Presa Manuel Ávila Camacho).
- Estos grupos están armados.
- Explotan de manera ilegal los pozos, los cuales están contaminados por su cercanía al vaso de Valsequillo.
- Venden clandestinamente el agua a los consumidores de la ciudad, llegando a cobrar hasta mil pesos por pipa.
- El diputado comparó a estos operadores con «huachicoleros del agua», señalando que comercializan pipas en varias regiones del estado y del país, operando con el uso de la violencia.
La dimensión del conflicto: Ubicación y presunta impunidad
Carvajal Hidalgo especificó las zonas de operación de estos grupos criminales, mencionando que se concentran en:
- Arenillas.
- San Francisco Totimehuacan.
El legislador hizo hincapié en la impunidad que parece rodear estas operaciones ilegales: «Si no son detenidos es porque alguien les permite seguir laborando. Es público y notorio. Se ha dado en muchas zonas del país. En Puebla, en el Estado de México sucede».
Respecto a las acciones de las autoridades, el diputado afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dado seguimiento a estos grupos y ha identificado que están armados. La delegada de Conagua, Beatriz Torres Turcios, también ha identificado varios grupos en el municipio de Puebla. Sin embargo, para poder realizar las clausuras correspondientes, Conagua requiere:
- El apoyo de la Guardia Nacional.
- Un mayor número de personal para la capacidad de clausura.
El diputado también apuntó que, dado que se trata de grupos armados, la Fiscalía General del Estado debería investigar de oficio, pues estos actos podrían constituir delitos.
La amenaza silenciosa: Agua posiblemente contaminada
El riesgo de estas operaciones no es solo financiero o de seguridad, sino directamente de salud pública.
En enero de 2023, La Jornada de Oriente ya había publicado que cientos de pipas cargaban agua de pozos localizados a escasos metros de la Presa Manuel Ávila Camacho. Estos pozos se encuentran en los barrios de San Antonio Arenillas y Santa Clara La Venta, pertenecientes a la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, así como en la inspectoría de San José Atotonilco.
Blanca Justo Cortés, presidente del Comité de Vigilancia del Agua Potable en la demarcación, afirmó que el líquido que es consumido en domicilios y negocios de colonias sin suministro adecuado —y donde la empresa Concesiones Integrales da un servicio deficiente— podría estar contaminado debido a la cercanía de los pozos con el vaso de la presa.
Especialistas de renombre coincidieron en la alta probabilidad de contaminación:
- Gabriela Pérez Castresana, especialista de la Universidad Iberoamericana de Puebla, y
- Alejandro Torres Jaramillo, investigador del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla (ICUAP),
…coincidieron en que la cercanía entre los pozos clandestinos y la presa podría generar una filtración de metales pesados y coliformes. De ser consumidos, estos elementos podrían provocar problemas graves en la salud de las personas.
Contexto legal
El diputado Carvajal Hidalgo mencionó que la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales permiten regular el mercado ilegal de agua para poner en cintura a los piperos. No obstante, señaló que la ley «se quedó corta» ante la magnitud del problema, especialmente porque involucra la operación de grupos armados.
El tráfico de agua, facilitado por la impunidad y operado por grupos armados, representa no solo un robo de recursos públicos, sino una amenaza directa a la salud de miles de consumidores en la ciudad de Puebla. La denuncia del diputado federal expone la cruda realidad donde el Estado parece incapaz de garantizar tanto la seguridad hídrica como la integridad física de sus funcionarios. ¿Hasta qué punto la inacción de las autoridades frente a este delito armado está protegiendo a quienes permiten que el agua contaminada se venda a la población?
