La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 26 de enero de 2026 que representantes de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, se acercaron formalmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su disposición a liquidar 51 mil millones de pesos correspondientes a adeudos fiscales. Este movimiento inicia un espacio de tiempo para determinar los términos exactos de la liquidación, un proceso que la mandataria estimó podría quedar definido durante la misma semana.
Este acercamiento se da tras una larga disputa legal. Sheinbaum precisó que la intención de pago abre la puerta a diversos beneficios conforme a la ley, aunque enfatizó que las mesas de trabajo actuales no son de «negociación», sino para determinar «el alcance de las disminuciones relacionadas con la ley».
Adeudo y el proceso legal que culminó en el requerimiento de pago
El origen del adeudo de 51 mil millones de pesos se remonta a resoluciones administrativas del SAT emitidas entre 2013 y 2016, relativas al Impuesto sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
La confirmación de la obligación de pago ha seguido una trayectoria judicial clara y escalonada:
- 2013-2023: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA) ratificó las resoluciones del SAT, confirmando la existencia de los adeudos.
- 2024-2025: Los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación confirmaron las sentencias emitidas por el TFJFA.
- 2025: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la procedencia de los amparos promovidos por las empresas de Grupo Salinas, ratificando las resoluciones de los Tribunales Colegiados.
Tras la decisión de la SCJN, el SAT quedó facultado para requerir el pago de los 51 mil millones de pesos, tal como se estableció a partir de enero de 2026 conforme al Código Fiscal de la Federación.
Beneficios fiscales: El posible ajuste del 39 por ciento
Sheinbaum indicó que, al expresar su deseo de pago, Grupo Salinas automáticamente se hace acreedor a beneficios legales que el SAT detallará oportunamente.
De acuerdo con información previa difundida por el propio SAT, el ajuste aplicable al adeudo podría alcanzar hasta el 39 por ciento del monto total. Los representantes de las empresas tienen la opción de revisar estos alcances durante las mesas de trabajo en curso.
La distinción que hace el gobierno entre «negociación» y la determinación de las «disminuciones relacionadas con la ley» es un matiz operativo clave. Sugiere que el monto a pagar ya está establecido por vía judicial y lo que se está discutiendo es la aplicación rigurosa de los beneficios fiscales que corresponden por ley a quienes pagan sus obligaciones.
Contexto político: Otros movimientos clave de enero de 2026
La noticia sobre Grupo Salinas no fue el único movimiento político del 26 de enero de 2026. En el ámbito judicial y legislativo se registraron otras decisiones notables:
Ratificación de Gertz como embajador en Reino Unido
La Comisión Permanente del Congreso ratificó a Gertz como embajador en Reino Unido. El proceso se llevó a cabo sin debate ni mayor discusión por parte de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido Acción Nacional (PAN). El emecista Luis Donaldo Colosio cuestionó la designación del ex fiscal general, argumentando que «una invitación para ocupar un cargo en una Embajada no constituye una causa grave como lo exige la ley para dimitir del cargo”.
La corte elimina la adquisición de camionetas de lujo
El ministro presidente Hugo Aguilar, junto con otros cinco ministros de la Corte, confirmó la decisión de no adquirir camionetas de lujo, afirmando que «la austeridad ‘no es un acto simbólico'». La justificación para la renovación inicial de la flotilla había sido la «seguridad vial» y un ahorro proyectado de más de mil millones de pesos. Aguilar puntualizó: «No hacemos oídos sordos, podemos viajar en Metro». La presidenta Sheinbaum calificó como «positivo» que la SCJN se desistiera de la adquisición, estimando que una nueva conformación de la Corte debería reflejar una posición diferente frente a la ciudadanía.
El movimiento de Grupo Salinas marca el final de una década de litigio fiscal. El hecho de que el monto de 51 mil millones de pesos se haya mantenido firme a través de las más altas instancias judiciales (Tribunales Colegiados y SCJN) establece un precedente de peso sobre la exigibilidad de los adeudos empresariales en México, redefiniendo la relación entre grandes corporativos y el Estado en materia de recaudación.
