La batalla legal entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Grupo Elektra escaló a un nivel inédito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, intentó usar un mecanismo legal para paralizar al máximo tribunal, buscando impedir que los nueve ministros resolvieran juicios que superan los 34 mil 373 millones de pesos.
La maniobra para inhabilitar al pleno de la Corte
El 27 de octubre de 2025, se reveló en la Ciudad de México el movimiento estratégico orquestado por Grupo Elektra para evadir la resolución de dos litigios cruciales que enfrenta contra créditos fiscales impuestos por el SAT. Estos créditos fiscales comprenden una cifra monumental que incluye impuestos, multas, actualizaciones y recargos, sumando en conjunto más de 34 mil 373 millones de pesos.
La táctica consistió en la promoción de dos recursos de impedimento. Este tipo de recurso se utiliza legalmente para solicitar que un juzgador sea separado de un asunto cuando existe un riesgo percibido en su imparcialidad o si hay un posible conflicto de interés.
A través de esta vía, Elektra solicitó formalmente al alto tribunal que los nueve integrantes del Pleno fueran declarados impedidos para conocer de dos amparos que promueve, uno de los cuales es el litigio más cuantioso que enfrenta la corporación.
Rechazo categórico y multas por dilación
La respuesta de la Suprema Corte fue contundente y rápida. Las solicitudes de la empresa fueron rechazadas sin mayor trámite por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
La autoridad judicial no solo desechó el intento, sino que impuso multas a Grupo Elektra. El argumento central para sancionar a la compañía de Salinas Pliego fue que había buscado entorpecer o dilatar los juicios.
En las listas electrónicas del tribunal, notificadas este lunes, se expuso claramente la postura de la SCJN ante la acción legal:
- “Dadas las razones que rigen el sentido del presente proveído, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento respecto a las pruebas que se ofrecen”, se notificó.
Esta no es la primera vez que la empresa intenta desvincular a los integrantes de la SCJN de sus casos. No obstante, en la anterior integración, solo se tramitaron recursos individuales contra siete ministros. Es la primera vez que Elektra intenta recusar a la totalidad de integrantes del Pleno.
Los créditos fiscales: más de 34 mil millones de pesos
El esfuerzo por inhabilitar al Pleno completo se centró en dos juicios específicos, los cuales representan una presión financiera enorme para la empresa:
- Amparo directo en revisión 6321/2024: Este es el crédito fiscal más cuantioso que enfrenta Grupo Elektra. Corresponde a obligaciones de 2013 y asciende a más de 33 mil 306 millones de pesos.
- Juicio 5654/2024: Relativo a otro crédito fiscal, este caso data de 2008 y su monto reclamado es por más de mil 431 millones 466 mil pesos.
A pesar de que la empresa intentó exponer argumentos para justificar el impedimento del Pleno, ni las razones presentadas ni el monto exacto de las multas impuestas por el presidente de la Corte han sido hechos públicos.
Sanciones previstas en la Ley de Amparo
La Ley de Amparo contempla sanciones para este tipo de acciones que buscan obstruir la justicia. De acuerdo con el Artículo 250, “cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existan elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá multa de setenta a seiscientos noventa Unidades de Medida y Actualización”.
El trasfondo político y la postura del ejecutivo
El intento de Grupo Elektra por paralizar a la nueva SCJN ocurre en un contexto de tensión creciente con el gobierno federal, el cual ha mantenido una postura firme respecto al pago de adeudos fiscales.
Recientemente, la Presidencia de la República rechazó la posibilidad de alcanzar un acuerdo fiscal con el Grupo Salinas. La presidenta Sheinbaum fue categórica al respecto, señalando que «si quieren pagar, paguen». El rechazo se produce mientras se conoce que Ricardo Salinas Pliego ha pretendido liquidar su deuda con el SAT cubriendo solo el 10% del monto total adeudado.
La decisión de la nueva SCJN de rechazar de plano los recursos de impedimento marca una señal de solidez institucional frente a las estrategias empresariales que buscan eludir las responsabilidades fiscales mediante la dilación procesal. ¿Qué consecuencias tendrá este revés judicial en la relación ya tensa entre el gobierno y uno de los conglomerados empresariales más grandes del país?
