La promesa de una economía circular se desdibuja en el congreso mexicano. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que iniciativas legislativas, disfrazadas de soluciones verdes, buscan aplazar la prohibición de los plásticos de un solo uso, favoreciendo a grandes corporaciones y desoyendo un mandato judicial crucial.
El engaño de la ‘economía circular’ legislativa
Organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz contra lo que denominan «falsas soluciones» del Poder Legislativo para abordar la problemática de los plásticos de un solo uso. Bajo un supuesto modelo de “economía circular”, legisladores federales impulsan iniciativas que, según los denunciantes, favorecen a las grandes corporaciones y buscan aplazar la prohibición de estos materiales, incumpliendo así con lo ordenado por el Poder Judicial.
Viridiana Lázaro, de Greenpeace México, ha señalado que diversas propuestas han sido presentadas tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, algunas ya en comisiones. Estas iniciativas provienen de partidos como Morena, el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano. Entre ellas destaca el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de los Residuos, que abroga la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
Lázaro apuntó que esta iniciativa es particularmente preocupante, ya que pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta el año 2040. Además, incentiva su producción al clasificar a los plásticos como “residuos estratégicos” para la economía circular y al enfocarse en su incineración, una práctica que ocasiona diversos riesgos para la salud y el medio ambiente. Greenpeace enfatiza que la propuesta “no impone una responsabilidad real” a las grandes empresas contaminadoras, ni establece sanciones claras u obligaciones específicas, y tampoco contempla mecanismos de participación pública.
“A nuestro parecer esta es una de las peores iniciativas hasta el momento y se presenta como una solución verde, pero no es así”, recalcó Lázaro en conferencia de prensa. Para Greenpeace, se trata de un claro “greenwashing legislativo”, pues al abrogar y dejar sin efecto la LGPGIR, no mejora ni reemplaza ninguno de sus principios clave, sino que «diluye obligaciones de la industria y promueve falsas soluciones”.
Semarnat y el conflicto de interés al descubierto
En el mismo encuentro con medios, Lázaro indicó que, aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha asegurado que esta iniciativa ha sido consensuada con la sociedad civil, la realidad es que solo se ha dialogado con el sector privado. De hecho, la Asociación Nacional de Industrias de Plástico ya ha realizado comentarios y modificaciones directas al proyecto de ley desde agosto pasado.
Por su parte, Ana Larrañaga, de la organización El Poder del Consumidor, advirtió sobre un presunto “conflicto de interés” de la Semarnat. La dependencia ha anunciado alianzas con grandes empresas para impulsar parques de economía circular en regiones donde se busca “perpetuar la injusticia ambiental”. En este contexto, las organizaciones denunciantes afirmaron que ni la sociedad civil ni las comunidades afectadas por estos megaproyectos contaminantes han sido consultadas. La Ley General de Economía Circular, a pesar de las afirmaciones de la Semarnat sobre su consenso, aún no se conoce públicamente.
Iniciativas específicas bajo escrutinio
Claudia Romero, de Fronteras Comunes, destacó otra iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la LGPGIR, impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) y la diputada Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano). Esta propuesta excluye el PET transparente, uno de los principales plásticos contaminantes.
Asimismo, se mencionó la iniciativa del senador Waldo Fernández González (Partido Verde Ecologista de México) para crear una Ley General de Economía Circular. Esta ley, según los especialistas, pone como criterios centrales el reciclaje y la valorización energética, ignorando la jerarquía de la gestión de residuos y los principios precautorios. Los especialistas denunciaron de forma general que la industria impulsa estrategias de greenwashing disfrazadas de economía circular.
El silencio institucional y las demandas urgentes
Viridiana Lázaro señaló que desde agosto pasado se han enviado diversos oficios a la Semarnat para advertir sobre el “conflicto de interés” y los retrocesos que implicarían estas iniciativas. Sin embargo, no han obtenido respuesta a su solicitud de audiencia para sentarse a dialogar.
Ante este panorama, las organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado urgente al Poder Legislativo. Han pedido detener el avance de las iniciativas que únicamente perpetúan la dependencia al plástico, poner fin a las alianzas con corporativos de la industria, y cumplir con el amparo de agosto del 2024, que ordena prohibir la producción de plásticos de un solo uso.
En este complejo entramado de intereses legislativos y corporativos, surge una pregunta ineludible: ¿está el Estado mexicano, a través de sus legisladores y dependencias ambientales, priorizando el bienestar público y la protección del medio ambiente, o se ha convertido en un facilitador de un greenwashing que perpetúa la dependencia del plástico, desoyendo incluso mandatos judiciales?
