
El gobierno griego ha reaccionado con firmeza ante la reciente protesta propalestina que impidió el atraque de un crucero israelí en la isla de Syros. Las autoridades han sugerido que el incidente podría haber infringido las leyes antirracismo, generando un debate sobre los límites de la manifestación y la posible criminalización de acciones que, en apariencia, buscan solidarizarse con la causa palestina.
El incidente en Syros
El martes 22 de julio de 2025, un grupo de manifestantes propalestinos ondeó banderas palestinas frente a un crucero con turistas israelíes, que intentaba acercarse a la isla de Syros, en el mar Egeo, Grecia. La protesta logró su objetivo: el barco fue desviado de su ruta original y tuvo que atracar en Chipre.
La imagen de la manifestación capturó el momento en que la gente se agrupaba frente al crucero, evidenciando la tensión del suceso. Este evento, ocurrido el 22 de julio, fue reportado el 23 de julio de 2025 a las 10:10 desde Madrid, marcando un precedente en la forma en que las autoridades griegas planean abordar futuras movilizaciones.
Gobierno griego: advertencia contra el racismo
El gobierno heleno ha expresado su profunda indignación ante los hechos. El portavoz del gobierno, Pavlos Marinakis, en una rueda de prensa, ha sido categórico al afirmar que no tolerarán “comportamientos racistas”. “El antisemitismo y cualquier forma de fascismo no serán tolerados”, ha sentenciado Marinakis, enfatizando la postura oficial.
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Declaraciones del portavoz
Marinakis calificó lo ocurrido en Syros como “indignante” y ha instado a las autoridades a “hacer todo lo posible para evitar que se repita en el futuro”. El portavoz ha señalado directamente a los manifestantes, acusando que “hay minorías resentidas que confunden las cosas” y que convirtieron una protesta pacífica en contra de lo que está ocurriendo en la FRANJA DE GAZA “en un evento con tintes fascistas”.
Según el diario ‘Ethnos’, Marinakis también acusó a los manifestantes de actuar de forma racista, pues “atacaron” a personas por su origen, su nacionalidad o su religión. Esta declaración subraya la gravedad con la que el gobierno percibe la protesta, no solo como un acto de desobediencia civil, sino como una posible violación de principios fundamentales.
Límites de la protesta y la ley
El portavoz del gobierno ha aclarado que, si bien protestar no está prohibido, existen circunstancias bajo las cuales es “necesario” trasladar a los manifestantes “a un lugar donde puedan expresarse de forma segura”. De ser necesario, se procedería a “arrestar a quienes cuyo comportamiento” sea susceptible de violar la ley antirracismo.
Marinakis puntualizó la delicada línea entre el derecho a la protesta y la potencial infracción legal. “No digo que se haya cometido un acto ilegal”, precisó, señalando que “esto debería ser constatado en cada caso por la Policía y el Ministerio de Justicia”. No obstante, subrayó que desde el momento en que se creó la situación, las autoridades tenían el deber de imponer el orden y garantizar que el desembarque de los pasajeros fuera seguro.
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Implicaciones legales y futuro
Este incidente pone de manifiesto el creciente desafío para las autoridades griegas de equilibrar la libertad de expresión con la prevención de actos que puedan ser interpretados como discriminatorios o que pongan en riesgo la seguridad pública. La firme postura del gobierno griego sienta un precedente para la forma en que se manejarán futuras manifestaciones de esta índole, con un claro énfasis en la aplicación de las leyes antirracismo y la protección de los ciudadanos. La situación en Syros plantea interrogantes sobre cómo se definirá y aplicará el “comportamiento racista” en el contexto de las Protestas políticas en Grecia.