El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo los primeros avances en las investigaciones relacionadas con la incautación de 10 millones de litros de diésel en un buque ocurrida en marzo pasado. Esta operación ha desmantelado una compleja red de tráfico de combustible con la aprehensión de catorce individuos, incluyendo empresarios, marinos y funcionarios de aduanas.
Un golpe millonario contra la corrupción en hidrocarburos
La reciente detención de 14 personas vinculadas a una red de contrabando de combustible representa uno de los golpes más contundentes contra el mercado ilícito de hidrocarburos en México. Las acciones coordinadas entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad permitieron ejecutar órdenes de aprehensión en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.
Entre los capturados se encuentran Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N.
El operativo conjunto, desplegado tras una investigación iniciada en marzo, inspeccionó una embarcación en el puerto de Tampico y realizó cateos simultáneos. Se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones, remolques y 10 millones de litros de diésel, considerado uno de los mayores aseguramientos en la historia reciente del país. La incautación en el puerto de Tampico y el decomiso en Altamira, Tamaulipas, el 31 de marzo, subrayan la magnitud de esta operación.
La intrincada red: Complicidad público-privada
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburo. Esta red implicaba principalmente a empresarios y a diversas autoridades, lo que subraya la gravedad del caso y la participación de actores tanto del sector privado como del ámbito gubernamental.
García Harfuch precisó que las órdenes de aprehensión se ejecutaron contra tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco funcionarios de aduanas, quienes presuntamente formaban parte de esta estructura criminal. La investigación permitió identificar que la logística del tráfico ilegal se sustentaba en documentación apócrifa y la complicidad de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.
Rastro financiero y consecuencias legales
Además de la operación en campo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó operaciones financieras inusuales. Se detectaron depósitos millonarios en efectivo, la compra de inmuebles y vehículos de lujo, así como pólizas de seguro, que no correspondían con el perfil económico de los implicados en la red.
Con estos hallazgos, la Fiscalía General de la República obtuvo los mandamientos judiciales necesarios. Estos derivaron en las aprehensiones y en el bloqueo de 20 objetivos, que incluyen tanto a personas físicas como morales relacionadas con la organización criminal. Omar García Harfuch reiteró que los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades, y subrayó que las indagatorias continúan para desmantelar por completo esta compleja organización.
El funcionario reconoció la labor de la Secretaría de Marina, así como de los almirantes Raimundo Pedro Morales y Rafael Ojeda. Añadió, enfáticamente, que el Gobierno federal no tolerará prácticas ilícitas que perjudiquen al desarrollo nacional ni a los intereses del Estado mexicano. Este golpe al tráfico de combustible marca un precedente en la lucha contra la corrupción sistémica, pero ¿es el inicio de una verdadera depuración o solo un capítulo más en la compleja batalla por la transparencia?
