La administración de Claudia Sheinbaum asesta un golpe contundente contra la corrupción. Catorce personas, incluidos seis marinos, fueron detenidas por tráfico de combustible en aduanas marítimas. Esta acción sin precedentes busca desmantelar la red de «huachicol fiscal» y reafirmar la postura de cero tolerancia del nuevo gobierno.
Desmantelamiento de una red de contrabando en aduanas marítimas
El gobierno mexicano ha ejecutado un importante operativo para demostrar la intransigencia de la administración Sheinbaum ante la corrupción. Las autoridades anunciaron el domingo la detención de 14 personas vinculadas al tráfico de combustible en aduanas marítimas. Entre los arrestados se encuentran:
- Tres empresarios
- Seis marinos (uno de ellos en retiro)
- Cinco funcionarios aduanales
Este grupo está directamente relacionado con el hallazgo, en marzo pasado, de un buque que arribó al puerto de Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel de contrabando. Esta operación es considerada una de las incautaciones más significativas de su tipo.
La marina en la mira: Vicealmirante Farías Laguna, pieza clave en la red
El detenido de mayor rango entre los funcionarios arrestados es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, miembro de la Marina y sobrino de Rafael Ojeda Luján, quien fue secretario naval durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Ante las implicaciones, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, defendió el trabajo de la institución naval. “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta institución”, mencionó durante la conferencia de prensa donde se ofrecieron detalles sobre las detenciones.
El modus operandi del «huachicol fiscal»
García Harfuch explicó que la investigación desveló la organización de una red de tráfico ilegal de hidrocarburos. Esta red utilizaba documentos apócrifos para introducir el combustible a territorio mexicano. Esta modalidad criminal, conocida como «huachicol fiscal», se basa en la complicidad de empresarios, funcionarios aduanales y miembros de la Marina para evadir el pago de impuestos de gasolinas, haciéndolos pasar por productos de menor valor o exentos de gravamen.
La investigación se extendió por los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México. La operación también incluyó la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que revisó las actividades financieras de los sospechosos. La UIF detectó movimientos que “resultaban incongruentes con el perfil de las personas investigadas”, como lujosos gastos y compras irregulares.
García Harfuch insistió en la postura de la administración de Sheinbaum. “No hay consideraciones a malas prácticas, ni a actividades ilícitas que mermen el desarrollo nacional o afecten los intereses del Estado mexicano”, puntualizó, reafirmando que no se permitirá que los funcionarios públicos se involucren en actividades ilegales.
Origen y expansión de la investigación: Dos años de trabajo fiscal
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, detalló en la misma conferencia que la investigación sobre la vinculación de algunos miembros de la Marina comenzó hace un par de años. Fue el entonces secretario Ojeda Luján quien solicitó a la Fiscalía que investigara a ciertos miembros de su institución relacionados con las aduanas.
Gertz Manero reconoció que el hallazgo en Tamaulipas está relacionado con otro decomiso. También en marzo, se incautaron 8 millones de litros de combustible en Ensenada, Baja California. El fiscal evitó profundizar sobre el perfil de los marinos involucrados, pero confirmó que la búsqueda de otros sospechosos se mantiene abierta. “Hay personas prófugas y habrá más órdenes de aprehensión”, aseguró.
La marina: Pilar de seguridad y desafío a su integridad
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, intervino en la conferencia para asegurar que la corrupción no será tolerada en la institución naval. Sin mencionar directamente al vicealmirante Farías Laguna, el titular de la Marina reconoció la gravedad de los hallazgos. “Estos golpes de timón son necesarios para defender nuestro compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”, señaló.
Tanto Harfuch como Morales Ángeles insistieron en que la corrupción en la Armada de México es un caso aislado y no una norma en la institución. “Protegemos a la institución sin proteger conductas aisladas que vulneran la confianza ciudadana”, añadió el secretario de Marina.
La revelación de que un alto cargo en la Marina ha sido parte de una red de corrupción pone el foco en una de las instituciones de seguridad más respetadas en México. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de junio de 2025, la Marina cuenta con una aprobación entre la población mexicana de un 89,7%, la más alta entre todos los sectores que componen las Fuerzas Armadas. El gobierno mexicano ha recurrido a esta institución desde hace más de una década en el combate al crimen organizado. Durante la administración de López Obrador, sus encargos crecieron considerablemente al otorgarle, en exclusiva, la vigilancia de las aduanas y aeropuertos del país.
Este reciente golpe al «huachicol fiscal» y las detenciones de alto perfil, ¿lograrán la administración Sheinbaum y la Fiscalía desmantelar definitivamente estas redes de corrupción que socavan la confianza institucional y afectan los intereses del Estado mexicano?
