Un ciudadano guatemalteco que, según su equipo legal, fue deportado erróneamente a México el mes pasado, ha vuelto a Estados Unidos. Este evento marca la primera vez que el Gobierno de Trump trae de regreso a un inmigrante tras la orden de un juez federal.
El caso inédito de O.C.G. y su regreso a EE.UU.
O.C.G., seudónimo utilizado en el caso, aterrizó en Estados Unidos el miércoles. Su llegada fue confirmada por su equipo legal, que desafía activamente las políticas de la administración Trump de enviar inmigrantes a naciones con las que no tienen vínculos. Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, indicó que O.C.G. se puso en contacto con un miembro de su equipo tras su llegada.
El equipo legal espera que O.C.G. quede bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque su lugar de detención futuro aún no está claro, según declaró Realmuto a CNN. CNN ha intentado contactar al DHS para obtener comentarios sobre esta situación.
El fallo judicial que forzó el retorno
El juez federal Brian Murphy, quien supervisa casos de migrantes deportados a países que no son su origen, ordenó el regreso de O.C.G. el mes pasado. Su dictamen consideró que la expulsión de O.C.G. a México y posteriormente a Guatemala probablemente
“careció de debido proceso”.
Los documentos judiciales detallan el historial migratorio de O.C.G.:
- Tras ingresar a EE.UU. y ser deportado inicialmente, volvió a entrar en 2024.
- En esa segunda entrada, solicitó asilo.
- Su solicitud se basó en haber sufrido “múltiples ataques violentos” en Guatemala.
- Durante el segundo viaje a EE.UU., O.C.G. afirmó haber sido violado y retenido para pedir rescate en México.
- Comunicó estos hechos a un juez de inmigración durante el proceso.
En 2025, un juez determinó que O.C.G. no debía ser enviado de regreso a su país natal, según los mismos documentos. Sin embargo, solo dos días después, el Gobierno procedió a deportarlo a México, contraviniendo aparentemente la determinación judicial previa, de acuerdo con la orden del juez Murphy.
El debate sobre el debido proceso y la información al migrante
O.C.G. ha sostenido que no se le dio la oportunidad de comunicar su temor de ser enviado a México antes de ser deportado. Añade que sus solicitudes previas a la expulsión para hablar con un abogado fueron rechazadas.
Inicialmente, el Gobierno argumentó que O.C.G. sí había comunicado a los funcionarios antes de su expulsión que no temía ser deportado a México. Sin embargo, esta afirmación fue retirada recientemente al no poder identificar a ningún funcionario de inmigración que pudiera respaldarla.
El fallo del juez Murphy revela que O.C.G. sí expresó durante su proceso migratorio su temor a ser enviado a México. No obstante, el juez le habría indicado que, al no ser México su país de origen, no podría ser enviado allí sin cumplir pasos adicionales en el proceso. Este punto subraya la complejidad de los procedimientos y la confusión sobre la correcta aplicación de las normativas de deportación.
Patrón de confrontación judicial en casos de deportación
El fallo de Murphy no es un incidente aislado. Se produjo días después de que un tribunal de apelaciones negara una solicitud de la administración Trump para suspender una orden similar. Esa orden exigía facilitar el regreso de un migrante venezolano de 20 años que fue deportado por error a El Salvador a principios de este año.
En una audiencia el mes pasado sobre este caso venezolano, la jueza federal Stephanie Gallagher criticó que los funcionarios habían hecho
“prácticamente nada”
para cumplir su directiva de “facilitar” el regreso del inmigrante desde la megacárcel en El Salvador a la que fue enviado, impidiendo así que resolviera su solicitud de asilo.
En otro caso similar, la administración Trump mantiene un desacuerdo con otra jueza federal en Maryland, Paula Xinis. La jueza Xinis supervisa el caso de Kilmar Ábrego García, un hombre deportado por error en marzo. La jueza Xinis ha enfrentado “repetidas evasiones” por parte del Departamento de Justicia y miembros del Gobierno de Trump, quienes, según el texto, han seguido obstaculizando una “accelerada búsqueda de hechos” para esclarecer las acciones de los funcionarios para facilitar el regreso de Ábrego García desde El Salvador.
Estos casos, si bien distintos, muestran un patrón de desafíos legales y conflictos judiciales en torno a la forma en que se ejecutan las deportaciones bajo esta administración. (Esto podría vincularse con análisis más amplios sobre el sistema judicial y migratorio en EE.UU. [ver más aquí si el texto lo sugiere]).
El regreso de O.C.G. a Estados Unidos, impulsado por una orden judicial, expone las complejidades y los desafíos legales inherentes a las políticas de deportación. Los casos de O.C.G., el migrante venezolano y Kilmar Ábrego García, todos sujetos a órdenes judiciales de retorno y enfrentando obstáculos, sugieren una tensión notable entre el poder ejecutivo y el judicial en temas migratorios cruciales como el debido proceso y el derecho a solicitar asilo.
