El gobierno de México ha reabierto cinco auditorías e iniciado investigaciones contundentes sobre contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) entrelazados con sobornos. Este escrutinio profundo surge en paralelo a una causa penal abierta en Estados Unidos, señalando un compromiso firme con la erradicación de la corrupción.
Indagatoria a gran escala: Exfuncionarios y empresarios bajo la lupa
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, confirmó la reapertura de cinco auditorías y el inicio de investigaciones. Estas acciones se centran en contratos de Pemex obtenidos mediante sobornos por parte de dos figuras clave: Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, inhabilitado previamente por el caso Oceanografía y actualmente prófugo.
Las indagatorias avanzan en simultáneo con un proceso penal iniciado el 11 de agosto por un tribunal del Distrito de Texas, que aborda al menos cuatro contratos. Buenrostro subrayó que los implicados «actuaron solos, fuera de la ley y por ello deben ser sancionados». Hasta ahora, las investigaciones involucran a 16 funcionarios activos de Pemex y a tres ex funcionarios, cuyos nombres han circulado en la prensa, destacando la magnitud de la red.
Contratos bajo escrutinio: Un desglose por administración
El análisis de los contratos revela una problemática que abarca distintas gestiones gubernamentales, evidenciando patrones de irregularidad y corrupción.
La era Peña Nieto
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, dos contratos han sido identificados bajo sospecha de sobornos. Uno, valorado en 217 millones de pesos, se extendió de noviembre de 2013 a diciembre de 2020. El segundo, por 89.1 millones de pesos, estuvo vigente de agosto de 2018 a diciembre de 2020.
La administración de López Obrador
En la gestión de Andrés Manuel López Obrador, también se detectaron irregularidades. Un contrato por 30.9 millones de pesos, que abarcaba de marzo de 2020 a diciembre de 2021, fue concluido anticipadamente debido a inconsistencias. Además, otro contrato por 52.9 millones de pesos, previsto para 2020, nunca se formalizó tras la detección de diversas anomalías.
La secretaria Buenrostro detalló que Pemex tuvo conocimiento de la denuncia en Estados Unidos el 3 de abril de 2024. No obstante, las acciones internas de Pemex en la materia se remontan a 2020. En ese año, se suspendió una licitación por irregularidades, resultando en su no asignación; otro contrato se terminó de manera anticipada, y se abrieron las cinco auditorías que ahora se retoman y profundizan.
La red de sobornos y los implicados clave
Entre los ex funcionarios investigados, Buenrostro ha mencionado a tres individuos con roles específicos en la trama de corrupción:
- Roberto «P»: Acusado de recibir sobornos para autorizar pagos anticipados o por servicios inexistentes desde el área de Abasto en Exploración y Producción.
- Juan «V»: Involucrado en Mantenimiento y Construcción, se le imputa la recepción de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos.
- Erick «N»: Quien operó en Exploración y Producción, se le señala por alterar auditorías y exonerar empresas a cambio de sobornos.
Compromiso gubernamental y cooperación internacional
Buenrostro reafirmó que Pemex, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y otras instituciones colaborarán para abrir nuevas investigaciones y fincar responsabilidades y sanciones. La estrategia incluye retomar todos los elementos de las investigaciones de Estados Unidos y reabrir las cinco auditorías ante la presunción de que fueron indebidamente alteradas. La promesa es clara: las empresas y ex funcionarios responsables deberán devolver lo robado, y se aplicará una política de «cero impunidad». La administración mexicana continúa proporcionando información a Estados Unidos en relación con la causa penal abierta en Texas, mostrando una voluntad de colaboración transfronteriza para combatir la corrupción.
