A seis años de la masacre de Nuevo Laredo de 2019, perpetrada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), el gobierno de Tamaulipas ha confirmado la reparación del daño a las víctimas. Esta decisión histórica surge tras una recomendación clave de la CNDH y expone las sombras de impunidad del sexenio anterior.
El compromiso de Tamaulipas con la justicia
El 7 de octubre de 2025, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, se confirmó que el Gobierno del Estado reparará los daños a las víctimas de la masacre del 5 de septiembre de 2019. Los hechos fueron cometidos por policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), una fuerza creada por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La información fue dada a conocer por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, en atención a la recomendación 173VG/2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La recomendación de la CNDH y el proceso de reparación
La recomendación 173VG/2024 de la CNDH fue girada el 31 de octubre de 2024. Villegas González precisó que el Gobierno del Estado espera ahora que la Comisión Estatal de Víctimas emita el dictamen correspondiente. Este dictamen permitirá concretar la reparación del daño a las víctimas indirectas de los hechos, conforme a la ley, por las acciones de los policías estatales al servicio del sexenio anterior.
Asimismo, bajo las instrucciones directas del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario general de Gobierno detalló que se están atendiendo cada uno de los puntos señalados por la CNDH. Esto incluye proporcionar atención médica y psicológica a las personas afectadas, brindar capacitación en derechos humanos a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y, en su momento, llevar a cabo la reparación integral del daño. La instrucción del gobernador es clara: atender a las familias de las víctimas de la masacre, quienes se manifestaron recientemente en Nuevo Laredo.
El oscuro legado del GOPE bajo Cabeza de Vaca
De acuerdo con el expediente CNDH/2/2022/12263/VG, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) actuaron con absoluta impunidad bajo las órdenes de Francisco García Cabeza de Vaca. Además de asesinar a ocho personas, los agentes cometieron violaciones graves a los derechos humanos, lo cual contraviene los estándares internacionales, evidenciando un uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego.
Una vez consumada la masacre, los GOPES, adscritos al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), operaron con total impunidad durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Fabricaron pruebas para simular que el asesinato de las ocho personas ocurrió en un enfrentamiento. Este engaño se suma a una serie de falsedades promovidas por el exgobernador, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.
Acciones del gobierno actual en respuesta a la CNDH
La administración actual de Américo Villarreal Anaya ha enfatizado su compromiso con la rectificación de los abusos cometidos. La atención a las familias de las víctimas, la provisión de apoyo médico y psicológico, y la capacitación en derechos humanos para la fuerza policial son pasos tangibles. Estas medidas buscan no solo cumplir con la recomendación de la CNDH sino también sentar las bases para una institución policial más respetuosa de los derechos fundamentales.
La promesa de reparación de daños en Nuevo Laredo representa un paso crucial hacia la justicia. Sin embargo, ¿logrará este acto saldar la deuda histórica con las víctimas y erradicar la impunidad que marcó un sexenio completo, cuyo exgobernador permanece prófugo? El «círculo rojo» observa atentamente cada movimiento en este complejo tablero político.
