El gobierno federal ha puesto en la mira las exorbitantes pensiones de ex trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Con montos que alcanzan el millón de pesos mensuales, muy superiores al salario presidencial, esta situación es calificada como «ofensiva» por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsa una profunda revisión legal para atenuar los costos y acabar con estos abusos.
La ofensiva contra los privilegios pensionales
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, anunció que el gobierno federal estudiará acciones legales específicas. El objetivo es claro: atenuar los elevados costos de las pensiones otorgadas a ex trabajadores de confianza de Pemex y de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Algunas de estas percepciones superan significativamente el actual salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta Sheinbaum fue contundente al destacar que se revisará la ruta legal para poner fin a estos «abusos», calificando de «ofensivo» que un solo individuo perciba una pensión de un millón de pesos. En este contexto, se analizan reformas constitucionales que impedirían la repetición de tales excesos en el futuro.
Millones en juego: El escándalo de Luz y Fuerza del Centro
Durante la conferencia presidencial, la secretaria Buenrostro reveló cifras que ilustran la magnitud del problema en la extinta LyFC. Un ex funcionario de esta compañía recibe una pensión superior a un millón de pesos mensuales. Además, otros 33 ex trabajadores perciben una pensión que excede los 700 mil pesos mensuales.
El impacto financiero es considerable: el gobierno federal paga anualmente por pensiones a ex trabajadores de LyFC la suma de catorce mil millones de pesos. Estas pensiones, detalló Buenrostro, son hasta 40 veces mayores que el promedio de las pensiones de los trabajadores en general.
Pemex: Jubilaciones de élite que superan a ex directores
El caso de Pemex no es menos alarmante. Se han identificado quince personas con pensiones superiores a los 350 mil pesos. La situación se agrava al conocerse que varios de estos pensionados disfrutan de ingresos incluso superiores a los que percibían ex directores de Pemex, una situación avalada en su momento por el Consejo de Administración de la empresa.
Para dimensionar el contraste, los trabajadores pensionados de Pemex perciben 39 veces más que el promedio nacional de pensiones, que asciende a siete mil pesos. Estos datos evidencian una disparidad abismal que ha puesto el foco en la necesidad de una reestructuración profunda.
La ruta legal y el debate sobre la justicia distributiva
La intención del gobierno es clara: acabar con los privilegios que, según la administración, representan un peso injustificado para las finanzas públicas y un agravio a la equidad social. La presidenta Sheinbaum ha refrendado la búsqueda de una «ruta legal» que, mediante reformas constitucionales, asegure que no se cometan más «excesos» en el sistema de pensiones. Este movimiento no solo busca la justicia financiera, sino que también reabre un debate fundamental sobre la justicia distributiva y la responsabilidad corporativa e institucional en el manejo de recursos públicos.
