Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La Gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional y legal para la implementación del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), modelo que busca reorganizar el transporte público masivo bajo criterios de coordinación institucional, planeación estratégica y sostenibilidad financiera.
La propuesta plantea como beneficios para la ciudadanía la mejora del servicio de transporte público mediante rutas planificadas y mayor cobertura, incremento en la seguridad vial, supervisión permanente, incorporación de pago electrónico e información en tiempo real, así como mayor transparencia en concesiones y operación del sistema.
En representación del Gobierno del Estado, acudieron a la Oficialía de Partes del Congreso la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek, y el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Carlos Felipe Fuentes del Río, quienes formalizaron la entrega de la iniciativa.
El proyecto contempla la actualización del marco constitucional estatal y de la Ley de Movilidad para alinearlos con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, incorporando conceptos como el derecho a la ciudad y el principio de no regresividad presupuestal en materia de movilidad y seguridad vial.
De acuerdo con la propuesta, la reforma no centraliza el transporte público, sino que fortalece la participación municipal mediante convenios de coordinación voluntaria que permitirán planear, regular u operar el servicio urbano sin eliminar atribuciones locales ni afectar su continuidad.
Asimismo, se establece una reestructuración del capítulo normativo de MOBI para crear bases jurídicas que permitan la integración de rutas, centros de control, terminales, sistemas digitales, esquemas de pago electrónico, fideicomisos y mecanismos de supervisión.
El IMOVEQROO señaló que la iniciativa busca transitar de un modelo fragmentado hacia un sistema de movilidad planeado, supervisado y financieramente sostenible, con reglas orientadas a la rendición de cuentas y la planeación de largo plazo.
